Luego de meses de reclamos y una masiva marcha federal, las universidades nacionales consiguieron el 270% de aumento para los gastos de funcionamiento, la misma actualización que había logrado la Universidad de Buenos Aires (UBA) hace dos semanas, por lo que resolvió suspender la emergencia presupuestaria.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recibieron hoy en el Palacio Sarmiento a Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a las autoridades de las casas de estudios superiores que dependen del Estado nacional, y al vicepresidente, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

“El resultado fue muy positivo y está garantizado el segundo cuatrimestre”, informaron desde la secretaría. Confirmaron que “hubo un entendimiento sobre el cronograma de actualización de los presupuestos 2023 y 2024, como así también para crear una comisión entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el comité ejecutivo del CIN para confeccionar el presupuesto 2025 de todo el sistema universitario.

“Las propuestas trasladadas el día de hoy por el gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del pasado 23 de abril”, comunicaron oficialmente desde el CIN tras la reunión virtual del comité ejecutivo, en la que analizaron la propuesta oficial.

Moriñigo dijo a LA NACION: “La reunión fue la más positiva del año porque ahora a los buenos tratos se le sumó poder de decisión que yo antes no vi que tuvieran. Es la primera reunión con planillas y resoluciones”.

“Seguiremos trabajando para resolver temas pendientes, pero hoy se ha dado un paso importante que aporta previsibilidad y un escenario distinto”, tuiteó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Los reclamos

La actualización de los gastos de funcionamiento no fue el único de los cinco puntos que reclamaban los rectores en el que hubo acuerdo. También prometieron avances para la infraestructura universitaria. “Se decidió darles prioridad a las obras que están por finalizar, con énfasis en la puesta a punto de aulas”, apuntó el comunicado difundido desde la dependencia que dirige Torrendell. Según precisó Moriñigo a este medio, algunas obras podrían reactivarse antes de fin de año.

Los otros tres puntos –aumento salarial para docentes y no docentes, continuidad de los programas estudiantiles y las becas, y el financiamiento del sistema científico– el CIN los incluyo en la lista de temas “que se encuentran aún pendientes de resolución”, para los cuales se acordó conformar mesas de trabajo.

Por el reclamo salarial mañana se retomará la negociación con los gremios universitarios. Los rectores se comprometieron a “monitorear la situación”. La semana pasada, el Frente Sindical de Universidades Nacionales (agrupa a Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut, Uda y Fatun) volvió a rechazar por “considerarla insuficiente” la propuesta del Gobierno, del 9% para mayo; ratificaron luego el paro docente del jueves pasado. Para abril habían ofrecido un 8%; en marzo, un 12%, y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces.

En tanto, según precisó Moriñigo, prometieron adjudicar y pagar las becas Belgrano. Como así también efectuar los fondos denominados “bajo la línea”: las “resoluciones 2023 pendientes de pago” y los “fondos de ejecución 2024 para programas con financiamiento específico”.

“Acordaron reactivar los programas de doctorado y culminar el proceso de recategorización de los docentes e investigadores, del Programa para la Investigación Universitaria Argentina (Prinuar)”, detalló la información difundida por el Gobierno.

Transparencia

Por su parte, tal como habían adelantado en la convocatoria a cargo de Capital Humano, en la reunión de hoy también “analizaron las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”.

A la vez, avanzaron en la idea de “crear mecanismos internos en cada universidad” para “el debido cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la Ley de Educación Superior, en relación a la pluralidad de ideas y líneas de investigación, al objetivo de combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, contra el antisemitismo”. Y el CIN aceptó la invitación para cooperar en la implementación del Plan Nacional de Alfabetización que impulsa la Secretaría de Educación.

Luego de la multitudinaria convocatoria del pasado 23 de abril, los rectores ya se habían reunido con el Gobierno el 30 de abril pasado, cuando “avanzaron en el diálogo”, pero no hubo una propuesta concreta de las autoridades. Esta finalmente llegó en vísperas de la sesión especial convocada por el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados para discutir el financiamiento universitario y luego de que el Gobierno acordara únicamente con la UBA –cuya cara visible es su vicerrector y dirigente radical Emiliano Yacobitti– actualizar sus gastos de funcionamiento, así como un 300% de actualización para los hospitales universitarios y las funciones vinculadas al área asistencial. Esto provocó que las 60 casas de estudios restantes denunciaran discriminación y reclamaran la misma suba.

El jueves pasado, los principales bloques de la oposición avanzaron en cuatro dictámenes que apuntan a que las partidas se actualicen en base a la inflación, además de disponer un reconocimiento por la no actualización de estas partidas en 2023.