La Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril. Así lo resolvió hoy el Consejo Superior de la casa de altos estudios tras llegar a un acuerdo con el Gobierno. En tanto, las demás universidades nacionales aún no tuvieron novedades respecto de los reclamos por fondos. Consideraron “inadmisible y provocador” que se reconozca el pedido de una sola institución. “Exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación”, apuntó el comunicado del del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“Sin dudas no avalamos que hay estudiantes de primera, de la UBA, y de segunda, del resto del país. Al final plata había y al final teníamos razón en la magnitud del problema (300%)”, dijo a LA NACION Victor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.

Según informó la UBA, decidieron suspender la emergencia luego de que el Gobierno nacional aprobara el refuerzo que habían solicitado, como anticipó LA NACION. Esto implica una actualización de los gastos de funcionamiento del 270% interanual y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculados al área asistencial, según precisa la resolución de la casa de altos estudios.

“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, indica la resolución.

“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, apuntó el comunicado del CIN, que se reunió esta tarde luego de que se difundiera la decisión de la UBA.

Apuntaron, en primer lugar, que la actualización presupuestaria otorgada para la UBA “implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema –y su grave magnitud– que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”. Exigieron entonces un incremento igual para todas las universidades públicas del país al considerar que el Gobierno confirmó “con sus actos que los recursos están” e informaron que quedan a la espera de una “respuesta urgente”.

“Si no ocurre eso, nos volveremos a reunir en el marco de esta sesión del Comité Ejecutivo que continúa abierta para evaluar los pasos institucionales, políticos y judiciales que correspondan”, indicó a LA NACION Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, dijeron en el comunicado.

A su vez, también recordaron los demás reclamos de las universidades: actualización salarial, el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, actualización del monto destinado a becas estudiantiles y la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas.

Futuras pujas

Lo mismo hizo por su parte la UBA. En la misma resolución en la que levantó la emergencia declaró el “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial como también por las partidas restantes del presupuesto que aún no se actualizaron, especialmente las líneas de financiamiento vinculados con las áreas de Ciencia y Tecnología y Extensión Universitaria. En algunas de ellas, como la de desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional, aún no ejecutaron ni $1, según datos oficiales de Presupuesto Abierto. Además, indicaron que continúan discontinuados los programas de infraestructura universitaria.

Es decir, hubo un acuerdo en dos de las partidas que integran el presupuesto universitario: fondos para gastos de funcionamiento –principal reclamo desde que comenzó el año– y para los seis hospitales escuela que dependen de la UBA. “Están vinculadas a las necesidades mínimas de funcionamiento de la universidad”, apunta la resolución. Sin embargo, aún reclaman por las demás.

Describieron como “urgente” la “necesidad” de llegar a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales. Con una inflación acumulada desde diciembre a febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Al igual que el de abril, que fue de un 8%.

En ese sentido, también se manifestaron a favor de la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que establezca un criterio de actualización para el presupuesto universitario. En el Congreso hay por lo menos cinco proyectos presentados que, además de proponer declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario, en su mayoría plantean que las partidas de los gastos de funcionamiento se actualicen en base a la inflación para evitar, a su vez, que el problema se repita en los próximos años.

La emergencia

La UBA se había declarado en emergencia a principios de abril en reclamo de un aumento del presupuesto nacional, la implementación de un boleto educativo y el incremento salarial para docentes y no docentes. Pese a la actualización parcial que había anunciado el Gobierno, apuntaban que los fondos para gastos de funcionamiento –que habían sido prorrogados porque el presupuesto 2024 nunca se aprobó en el Congreso– implicaban un recorte en términos reales del 80%. Además, denunciaron en ese momento que los hospitales universitarios no habían recibido ningún recurso por parte de la administración de Javier Milei.

Fue en ese momento también que se sumaron a la marcha universitaria que había convocado el CIN junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Después llegaron las imágenes de la UBA a oscuras con los recortes que implementaron para poder seguir funcionando. Incluían desde la no utilización de aire acondicionado, calderas, ascensores y luces en espacios comunes de circulación hasta limitación de programas de investigación.

Una situación que se extendía al resto de las universidades nacionales que, desde principio de año, alertaban que los fondos de 2023 que prorrogaron nominalmente no alcanzaban para solventar la cursada de todo el año. De cara al ciclo lectivo 2024, las universidades públicas implementaron diversas estrategias para sobrevivir. La mayoría optó por recortes en limpieza y seguridad. En algunas, incluso, como la Universidad de Hurlingham, limitaron el máximo de materias para inscribirse en primera instancia y también suspendieron becas para apuntes o equipamiento.