Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitaron al Gobierno que amplíe el presupuesto para sus seis hospitales en poco más de $42.000 millones, de acuerdo con el texto de la nota presentada a principios del mes pasado, mientras que en esas instituciones sanitarias aún aguardan conocer el destino que tendrán los $11.812 millones que ingresaron a la cuenta corriente del rectorado hace ya dos semanas.

“Se distribuyó entre los hospitales y lo que denominamos ‘función salud’, que son otras áreas ligadas”, respondieron a LA NACIÓN desde la Subsecretaría de Prensa de la UBA.

El dinero para que funcionen los hospitales está contemplado en un ítem del presupuesto universitario que apenas ronda el 1% y requieren de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo para utilizarse. Hay otro ítem presupuestario denominado “función salud”, que es de libre disponibilidad para las autoridades universitarias: tiene que ver con las carreras vinculadas a la medicina, pero puede usarse para los hospitales.

Un día antes de la marcha universitaria del 23 de abril pasado, el Gobierno anunció que había transferido $14.403.479.661para los centros de salud que gestionan la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja.

Hasta entonces, las autoridades universitarias reclamaban que no habían recibido plata para sus hospitales desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Desde la Secretaría de Educación de la Nación, en tanto, señalaron ante la consulta de LA NACIÓN que “la deuda a las universidades por gastos de funcionamiento” general al 10 de diciembre de 2023 ascendía a $15.396 millones, “lo que equivale a dos meses y medio de atraso”.

“Además –afirmaron–, se pagó una deuda de $850 millones con los hospitales universitarios y otra de $5419 millones en concepto de refuerzo de gastos de funcionamiento que fue firmada el 7 de diciembre de 2023. El gobierno nacional saldó esa deuda en su totalidad el 26 diciembre de 2023. Actualmente, los gastos de funcionamiento no tienen un atraso mayor de pago a 20 días”.

El mes pasado, de los más de $14.000 millones transferidos un día antes de la marcha universitaria, la UBA recibió la mayor parte de los fondos. Fueron $11.812.261.781, incluidos $7000 millones en concepto de “refuerzo especial y extraordinario” que habían sido asignados en 2023. Ese dinero para cubrir el primer trimestre del año equivale al monto de todo el año pasado para seis hospitales que dependen de tres facultades: Ciencias Médicas (Instituto de Oncología Ángel Roffo, Hospital de Clínicas, Instituto de Tisioneumonología Raúl Vaccarezza e Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari), Odontología (Hospital Odontológico Universitario) y Ciencias Veterinarias (Hospital Escuela de Ciencias Veterinarias).

Actualización presupuestaria

El 9 de abril, dos semanas antes de la movilización convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las autoridades de la UBA habían pedido por nota al Gobierno la ampliación de esos fondos en un 260% –los $42.000 millones– dentro del reclamo presupuestario general.

Esa solicitud, sobre la que ambas partes no habían dado más precisiones hasta ahora, fue al día siguiente de que diez rectores de universidades públicas se presentaran en el Congreso en nombre del CIN para reclamar una actualización presupuestaria “razonable” por ley. En esa reunión se habría aconsejado formalizar también el pedido al Poder Ejecutivo.

Hasta ese día, los intercambios habían sido formales e informales. Fuentes del rectorado de la UBA indicaron a LA NACIÓN que enviaron la nota para iniciar el expediente cuando el Ministerio de Capital Humano lo solicitó.

La nota con el pedido de ampliación presupuestaria para los hospitales que lleva la firma del rector Ricardo Gelpi está dirigida a la Secretaría de Educación y es del mismo día en el que el plenario del CIN convocó a la marcha universitaria del 23 de abril con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. La UBA se sumaría al día siguiente, 10 de abril.

Cumplir con esa formalidad es lo que se habría aconsejado durante la reunión en el Congreso. “El rector [de la UBA] envió una nota formal el pasado 9 de abril en la cual solicita una ampliación presupuestaria para el funcionamiento de los hospitales de la universidad por un monto de $42.436.785.338. De esa cifra, la universidad ya recibió durante abril $11.812.261.781 y está previsto asignar el saldo restante en el transcurso del año”, señalaron desde la Secretaría de Educación.

Esa decisión, sin embargo, aún no fue oficializada, según indicaron desde la UBA. De acuerdo con los datos abiertos del Presupuesto Nacional al cierre de esta nota, las universidades ya ejecutaron el presupuesto total previsto para este año. “Las conversaciones con el Gobierno están avanzadas y confiamos en que pronto podamos resolver el problema presupuestario que tenemos”, dijeron.

Por su parte, desde Educación insistieron en la necesidad de la rendición de cuentas. “Las universidades deberían elevar y presentar anexados a la nota los criterios técnicos presupuestarios a partir de los cuales fundamentan sus necesidades de crédito adicional. Según la normativa vigente, tienen 13 meses para la rendición de gastos –refirieron–. En el caso de la nota presentada por la UBA el 9 de abril, no tiene ese detalle y se espera que lo presenten en el transcurso de los 13 meses, cuando normativamente tienen el límite para hacerlo”.

Entre el dinero y la burocracia

Los problemas presupuestarios, como así también las demoras en trámites administrativos por la reasignación de recursos a otros usos, son una constante en los hospitales universitarios. En lo que va de este año, están trabajando con el mismo presupuesto de 2023 y, hasta el viernes pasado, no tenían información de una ampliación del crédito por $11.812 millones para los gastos corrientes.

En la Facultad de Odontología, eso equivale a $330 millones. Alrededor de un 40% se destina a lo que es educación y el resto, a lo que es salud a través del Hospital Odontológico Universitario, según explicó el decano, Pablo Rodríguez. Con el cobro de aranceles un 30% más bajos que el valor de la misma prestación de forma particular, obtienen recursos propios que destinan a insumos y adquisición de tecnología. Esos montos los fija el Consejo Directivo mediante un nomenclador con códigos.

¿En cuánto debería ser el aumento presupuestario? Rodríguez lo estimó en un 200% más respecto de 2023, pero para el presupuesto de la facultad. “Con que los sueldos de los docentes y los no docentes estén bien, estamos tranquilos. En especial, el personal no docente”, señaló.

En la Facultad de Ciencias Veterinarias, hasta el viernes pasado desconocían el crédito que se les habilitaría de los fondos recibidos en el rectorado para el primer trimestre del año. “No tenemos esa información aún. Está todo en etapa de definición en estos días”, explicaron.

En 2023, según precisaron por escrito desde el decanato, “al Hospital Escuela de Ciencias Veterinarias se le asignó un presupuesto de $21.600.000, que se mantuvo sin cambios para este 2024. Este monto es exclusivamente para los gastos de funcionamiento y no incluye, por ejemplo, el pago de salarios a veterinarios, docentes y no docentes que se desempeñan en el centro de salud”.

En un año atendieron unas 30.000 consultas y los servicios que se brindan de lunes a viernes, de 9 a 21, están arancelados, según se informa al solicitar un turno online. “El dinero asignado desde el Estado nacional no alcanza para cubrir todos los gastos de funcionamiento y, año a año, tanto desde el propio hospital escuela como desde la facultad, se realizan acciones para generar recursos adicionales para sostener su actividad, destinada tanto a dar un servicio a la comunidad como a la formación de los futuros profesionales veterinarios”, agregaron.

Se refieren a campañas de recaudación de fondos y el programa de cursos dictados por docentes. Así, acaban de incorporar un ecógrafo de última generación.

El presupuesto del Hospital de Clínicas el año pasado fue de $5600 millones, con el siguiente desglose que proporcionaron ante la consulta: el 75% se destina a comprar medicamentos, descartables y suturas, mientras que un 10% se asigna al pago de abonos (seguridad, mantenimiento de ascensores, limpieza y retiro de residuos patogénicos, honorarios de anestesiólogos prestadores, entre otros) y un 5% al mantenimiento de equipos en los diferentes servicios. El 10% restante, según indicaron, lo asignan a otros gastos corrientes. Los salarios corren por otra negociación.

Con el presupuesto del año pasado, se habían reducido un 30% las cirugías dentro de la capacidad habitual y se priorizaron las urgencias, según relataron. “Las compras el año pasado se hacían cada cuatro meses –continuaron–. La última fue en diciembre. Durante enero, febrero y marzo, se tuvieron que comprar insumos por compra directa porque no había un presupuesto que respaldara esas compras a cuatro meses con los proveedores”.

Alrededor de la mitad de los pacientes que consultan en el Clínicas tiene cobertura; la mayoría son afiliados de PAMI y se recupera el costo de la prestación, según se precisó, aunque sin el valor que eso representa. La otra mitad llega al hospital escuela sin cobertura. Sobre los $11.000 millones que el Gobierno transfirió a la UBA un día antes de la movilización universitaria, todavía no tenían precisiones.