Un juez de Guatemala ordena la captura de dos líderes indígenas por una masacre en la guerra civil

La imagen de un niño indígena ixil se refleja el 2 de noviembre de 1997 en las ventanas de una escuela de la localidad guatemlateca de Chacalte donde 75 féretros de víctimas recientemente exhumadas esperan para ser enterrados (Jorge Uzon)
La imagen de un niño indígena ixil se refleja el 2 de noviembre de 1997 en las ventanas de una escuela de la localidad guatemlateca de Chacalte donde 75 féretros de víctimas recientemente exhumadas esperan para ser enterrados (Jorge Uzon) (Jorge Uzon/AFP/AFP)

Un juez de Guatemala ordenó la captura de dos dirigentes indígenas que presuntamente integraron un comando guerrillero señalado de una masacre en una comunidad maya en 1982 durante la guerra civil (1960-1996), informó este lunes la Fiscalía.

Pablo Ceto y Miguel Itzep están acusados de haber matado, junto a otros miembros del desaparecido Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a más de 120 personas en la aldea Chacalté el 13 de junio de 1982, en el noroeste de Guatemala, indicó el ente en un comunicado.

"Actuando como dirigentes o comandantes del Frente Guerrillero 'Ho Chi Min'" del marxista EGP, "atacaron a los habitantes de la aldea Chacalté con el objetivo de exterminarlos, en virtud de la negativa de colaborar con sus operaciones (subversivas) y por considerar que la comunidad estaba ubicada en un lugar estratégico para poder controlar el área", detalló.

Ceto es directivo de una universidad comunitaria y fue candidato presidencial en 2019 por un partido político conformado por excombatientes, mientras que Itzep es representante de un movimiento de víctimas de la guerra. Ambos están acusados de asesinato y delitos de lesa humanidad.

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Este lunes se realizaron varios allanamientos en la zona de la capital y en Quiché (noroeste), donde ocurrió la matanza.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU, reseñó en un informe publicado en 1999 que la incursión de la columna guerrillera en Chacalté tenía como propósito "combatir" a paramilitares indígenas entrenados por el ejército, conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil.

La guerra civil guatemalteca dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión, que concluyó que la mayoría de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto bélico fueron perpetradas por fuerzas estatales, principalmente militares.

En 2014, la justicia local condenó a 90 años de prisión al exguerrillero Fermín Solano por la matanza de 22 indígenas en la aldea El Aguacate (oeste) entre el 22 y 25 de noviembre de 1988. Ésta es la única sentencia contra un alto mando insurgente por crímenes de la guerra civil.

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