Yahoo Noticias Fiscalías e impunidad en México: un análisis y propuestas de reforma
Uno de los grandes retos que México enfrenta es la impunidad que afecta al país. Menos del 10 % de los delitos se reportan y, de estos, menos del 4 % termina en sentencia. A pesar de ello, los centros penitenciarios están saturados, y el 40 % de sus presos están ahí esperando a que su juicio proceda y se les pueda determinar si son inocentes o cuál es su sentencia. ¿Por qué existe tal ineficacia en la administración de justicia y qué propone el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum para resolverlo? Aquí analizaremos estas dos interrogantes. Además, proponemos tres políticas concretas que podrían complementar y fortalecer la justicia en el país.
En México, la impartición de justicia recae en varias instituciones, incluido el Poder Judicial. 1 Actualmente, el gobierno en turno de López Obrador propone una posible reforma en septiembre para que los jueces sean electos por voto popular. Esta propuesta, desafortunadamente, no soluciona el problema de corrupción que se le atribuye a los jueces. Tampoco aborda el problema central: el país tiene tan solo cuatro jueces por cada 100,000 habitantes, cuatro veces menos que el promedio mundial. Esto significa que cada juez en el país recibe al año 500 nuevos casos, lo que sobrecarga el sistema judicial.
Paralelamente, hay varias otras instituciones encargadas de la implementación de la justicia, las cuales también tienen severos problemas y de los que nos centraremos aquí. La Fiscalía General de la República (FGR) es la máxima autoridad en procuración de justicia a nivel federal, encargada de delitos del fuero federal, como narcotráfico y robo de hidrocarburos. Por otro lado, las fiscalías estatales y sus propios ministerios públicos son responsables de investigar crímenes fuera del fuero federal, abarcando aproximadamente el 96 % de los delitos reportados en el país. 2
En las propuestas que Claudia Sheinbaum ha presentado en sus “100 Pasos para la Transformación”, se mencionan tres aspectos relacionados con la mejora en el funcionamiento de las fiscalías:
Transformación de fiscalías, justicia federal y local, y defensorías públicas, adoptando modelos nacionales con enfoques social, democrático y de derechos humanos.
Despresurizar el sistema penal, resolver conflictos pacíficamente y prevenir delitos sin recurrir a la amenaza de la cárcel.
Mayor alineación entre la política nacional y la persecución penal para enfrentar eficazmente los delitos de corrupción a nivel nacional.
Dicho plan carece de claridad en estos tres rubros. Además, ignora que es crucial abordar la ineficacia institucional, el bajo porcentaje de carpetas de investigación que llegan a sentencias y las deficiencias en los servicios forenses. Proponemos tres estrategias complementarias para estos desafíos.
1. Cumplimiento de la FGR con los fines de su creación: aunque la autonomía de la FGR la protege parcialmente de las políticas del gobierno central, debe coordinarse eficazmente con otras instituciones de seguridad pública para hacer frente a delitos federales. Durante este sexenio, la FGR ha sufrido recortes presupuestarios significativos, como lo documenta el Observatorio Nacional Ciudadano. También se ha criticado el desempeño de la FGR y algunos han llegado a señalar que el fiscal general ha utilizado la FGR como oficina personal para ejercer justicia en asuntos personales.
Fuera de las controversias que envuelven al fiscal general, sugerimos, basándonos en experiencia internacional, asegurar que la fiscalía sea verdaderamente independiente, transparente y bien financiada, especialmente en lo que respecta al problema del narcotráfico y su expansión a otros crímenes. Informes del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) destacan que las fiscalías autónomas y adecuadamente equipadas son cruciales para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
2. Mejora de habilidades de litigio: Actualmente, la mayoría de las carpetas de investigación quedan estancadas en las etapas iniciales e intermedias de los procesos penales debido a errores procesales o malas prácticas en las diligencias.
Para abordar este problema, sugerimos mejorar las habilidades de litigio de las fiscalías para evitar que las defensas de los acusados derroten fácilmente las investigaciones y sancionar al personal involucrado en actos de corrupción. La falta de capacitación adecuada en estas áreas ha sido un problema recurrente en muchos países. Por ejemplo, un estudio del Banco Mundial sobre reformas judiciales en América Latina resalta que la capacitación continua y especializada de jueces y fiscales es esencial para mejorar la calidad de los procesos judiciales y aumentar la tasa de condenas. El caso de Chile muestra que, mediante capacitación continua, reformas procesales, y el adherirse a estándares de calidad y rendimiento han resultado en una mayor eficiencia y efectividad en el sistema judicial. También genera una mayor confianza de los ciudadanos en el sistema y en los jueces a pesar de estos no sean elegidos por voto popular, sino a través de procesos de selección similares a los actuales en México.
3. Fortalecimiento de los servicios médicos forenses: Las fiscalías son apoyadas por médicos forenses, quienes tienen la importante función de investigar y determinar las causas de muerte, así como identificar restos humanos no identificados. Actualmente hay más de 49 mil restos no identificados lo que subraya la necesidad de mejorar estos servicios críticos.
En este rubro y en línea con las recomendaciones del Observatorio Nacional Ciudadano proponemos aumentar la cantidad de personal forense y proporcionar capacitación continua y desarrollo profesional. También es crucial implementar tecnología avanzada y lograr la interoperabilidad de registros y bases de datos, junto con procedimientos estandarizados. Finalmente, se deben establecer unidades que tengan el poder de vigilar la calidad de los servicios forenses y la capacidad de intervenir cuando los estándares fallen o cuando la baja calidad de los servicios comprometa la justicia. Estas propuestas se basan en cómo otros países han enfrentado problemas similares. Por ejemplo, en 2012, el Reino Unido tomó la controvertida decisión de cerrar la Forensic Science Service (FSS), una compañía originalmente gubernamental que proveía servicios forenses a la policía y varias instituciones.
Esta decisión se justificó debido a las pérdidas mensuales de hasta 2 millones de libras de la FSS, a pesar de haber jugado un papel crucial en el desarrollo de la genética forense a nivel mundial. Tras el cierre del FSS, el sector privado asumió un papel significativo en la prestación de los servicios forenses con diversos estándares, lo que llevó a la House of Lords a describir dicho sistema como “al borde del colapso”. Para enfrentar esas dificultades, en 2021 se otorgaron al Regulador de Ciencias Forenses poderes para establecer un código de práctica y de conducta. Además, se le autorizó al regulador intervenir en casos donde la calidad pudiera comprometer la justicia penal.
Recursos para mejorar la implementación de la justicia
Reconocemos que para implementar varias de las políticas propuestas se necesitarán recursos, en un contexto donde México enfrenta el mayor déficit fiscal en 35 años. A pesar de estas restricciones, hay posiblemente formas de canalizar fondos para ello. Por ejemplo, en 2023, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ejercieron al menos un tercio de su presupuesto aprobado, lo que indica subejercicios presupuestales que podrían redirigirse. 3
La implementación efectiva de las políticas planteadas aquí podría mejorar significativamente la eficiencia del sistema de justicia, potenciando su habilidad para combatir la violencia y el crimen en el país.
* Roxana Gutiérrez-Romero (@Roxanagutz) es Profesora de Políticas Públicas y Métodos Cuantitativos en la Escuela de Negocios de Queen Mary University of London en el Reino Unido. Doctora en Economía por University of Cambridge. Manuel Alejandro Vélez Salas (@VelezManuel) es Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Daniela Cristóbal Sánchez (@dani_cristob) es Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano. Yael López Torres (@yanahilop) es candidata a Doctora en Ciencia Política por la Universidad de York.
1 Este incluye la Suprema Corte, Tribunales Electorales, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y Juzgados de Distrito. Además, el Consejo de la Judicatura Federal supervisa la administración y disciplina de estos órganos judiciales.
2 Cálculo propio tomando como referencia el total de carpetas investigación iniciadas en 2023 por delitos tanto del fuero común como del fuero federal reportadas en la información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3 Cálculo propio con base en el diferencial entre el presupuesto aprobado y el ejercido. La fuente de los datos es Transparencia Presupuestaria y en específico, los Anexos Transversales de la Cuenta Pública.
