Yahoo Noticias Acusan a legisladores electos de suplantar candidaturas indígenas y afromexicanas
Al menos 10 candidatos que fueron electos para la Cámara de Diputados y el Senado de la República han sido impugnados formalmente ante la autoridad electoral, o denunciados en redes sociales, por suplantar puestos que estaban designados para personas indígenas y afromexicanas, dos de las cinco acciones afirmativas exigidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos en este 2024.
Entre los casos se encuentran, en su mayoría, legisladores electos de Morena y de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, aunque también ha sido impugnada la victoria del priista Nestor Camarillo en Puebla.
De las 10 candidaturas electas documentadas aquí, dos fueron dadas de alta como acción afirmativa de personas afromexicanas y 8 de pueblos indígenas. Siete son de diputaciones federales y 3 de senadurías.
Se le solicitó a cada uno de los partidos postulantes de estos candidatos los documentos que avalen la autoadscripción indígena y afromexicana de los políticos aquí citados, sin que al momento de esta publicación se obtuviera respuesta salvo por el caso de Camarillo.
María Candelaria May, activista maya de Yucatán, lamentó que haya personas que usurpen candidaturas o que si bien tienen pocas cualidades indígenas o afrodescendientes, compitan como parte de una acción afirmativa sin tener un compromiso serio con dichas poblaciones.
“Es lamentable, porque debería de haber gente que realmente tenga esa convicción, porque hay que trabajar por quienes están en situación de vulnerabilidad”, expuso.
“¿Qué va a pasar en el siguiente periodo electoral? Probablemente sean más usurpaciones étnicas, no sólo de dos o tres partidos, sino de todos, porque ya vieron que no pasa nada y que esos espacios que legítimamente deben de ser para la gente maya, o para la gente afro, o para gente de la diversidad sexual, cualquiera lo puede ocupar”.
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¿Qué es el criterio de autoadscripción para las candidaturas?
En este proceso electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cinco acciones afirmativas para obligar a los partidos a postular, al menos, 39 candidaturas de indígenas (34 a diputados y 5 al Senado), 5 de afromexicanos (4 a diputados y 1 al Senado), 9 de personas con discapacidad (8 a diputados y 1 al Senado), 4 de la diversidad sexual (3 a diputados y 1 al Senado), y 6 de migrantes residentes en el extranjero (5 en diputados y 1 en el Senado).
Con base en un mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE elaboró lineamientos que permiten verificar de manera certera el cumplimiento de la autoadscripción indígena calificada para los registros de candidaturas a cargos federales, cuando se hace bajo la acción afirmativa indígena.
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Esta autoadscripción y requerimiento de documentos por parte del INE únicamente aplicaba para quienes buscaban postularse a un cargo de elección popular, y es distinto de la autoadscripción reconocida en la Constitución mexicana.
En los lineamientos se estipuló que, “con la finalidad de garantizar la pertenencia y el vínculo al pueblo y a la comunidad a la que pertenecen, se deberá atender a las instituciones, autoridades y procedimientos con los que las propias comunidades y pueblos indígenas reconocen a sus integrantes”.
Para ello, el INE estableció que toda solicitud de registro por acción afirmativa indígena debía acompañarse de una carta de autoadscripción expedida por una autoridad competente de la comunidad que indique el pueblo y comunidad indígena a la que pertenece la persona candidata, si es hablante de una lengua indígena como lengua materna, cuál de ellas, fecha desde la que pertenece a la comunidad, motivos por los cuales se auto adscribe a dicha comunidad y cómo mantiene un vínculo con la comunidad.
Jesús Ruiz, activista de la Unión Afromexicana de Chiapas, compartió que para él es importante tener este tipo de acciones afirmativas para poder decidir sobre sí mismos, ya que si un legislador se nombra como parte de un grupo étnico pero no discute y no dialoga, señaló, ni escucha a las poblaciones, “entonces quiere decir que no tenemos representación”.
“El objetivo de tener estas acciones afirmativas es para que las verdaderas voces indígenas y afromexicanas estén en el Congreso, y así podamos lograr cambios trascendentales”, sumó por su parte Mijane Jiménez, activista afromexicana que forma parte de la Colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro).
¿Quiénes son los diputados electos que fueron cuestionados?
Por parte de la alianza oficialista, el exalcalde de Palenque, Chiapas, Carlos Morelos Rodríguez, se presentó como candidato indígena. Según su currículum, el hoy legislador electo se ha desempeñado como gerente de almacenes Liconsa, regidor y oficial mayor de Palenque, y tres veces Presidente Municipal de dicha demarcación chiapaneca.
De acuerdo con el expediente SX-JDC-288/2024, su candidatura fue impugnada ante el Tribunal Electoral en la Sala Regional Xalapa por Rafael Ornelas Ramos, quien se ostentó como persona indígena Huachichil Chichimeca y presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas. Dicha Sala determinó acreditar la autoadscripción calificada de Morelos Rodríguez, la cual acreditó mediante una constancia de autoadscripción que fue firmada por el presidente del Comisariado ejidal y el del Consejo de Vigilancia y agente rural municipal.
El denunciante, Rafael Ornelas Ramos, es el mismo personaje que el 29 de febrero pasado solicitó ante el INE ser registrado como candidato a la Presidencia, pese a no haber presentado sus apoyos recolectados en tiempo y forma en el periodo designado para candidaturas independientes.
El presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas también impugnó la candidatura de Jorge Luis Sánchez Reyes en Yucatán, aunque se confirmó la candidatura del aspirante del oficialismo, quien se acreditó con una constancia de adscripción indígena firmada por el comisariado municipal de la localidad de Motul.
Otro de los perfiles denunciados es el de Rosario del Carmen Moreno, de la misma alianza Morena-PT-PVEM, quien ganó en el distrito 11 de Las Margaritas en Chiapas. Para su candidatura, presentó ante las autoridades electorales una constancia de adscripción indígena firmada por el agente municipal de El Ejido de dicho municipio.
Desde inicios del proceso electoral, chiapanecos denunciaron a través de medios de comunicación locales que la candidata habría sido impuesta por los partidos políticos sin que contara con alguna trayectoria social o política a favor de los pueblos indígenas que dice representar.
La candidatura de Gerardo Olivares Mejía, diputado federal electo por el distrito 5 de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, también fue impugnada ante el TEPJF con el número de expediente SCM-JDC-226/2024.
El documento que presentó ante el INE para acreditarse como persona indígena fue una constancia de vínculo comunitario al grupo indígena náhuatl y acta de asamblea extraordinaria de San Miguel Totolapa, firmado por el presidente de los bienes comunales de dicha localidad y el comisariado municipal.
La denuncia contra Olivares Mejía fue presentada por Saúl Rivera Mercenario, quien se ostentó como persona integrante del pueblo Ñuu Savi de Guerrero.
Adolfo Alatriste Cantú es otro de los candidatos electos para el Palacio de San Lázaro cuya autoadscripción como indígena fue cuestionada ante el Tribunal Electoral, ya que la morenista Inés Parra señaló a su compañero de coalición de no acreditar debidamente su identidad, en el juicio con número de expediente SUP-JDC-338/2024.
Ante la autoridad electoral, dicho candidato inscribió una constancia de adscripción indígena firmada por el presidente del comisariado ejidal del municipio de San Gabriel Chilac en Puebla.
En Yucatán, María Pilar Villarreal Ramírez –en calidad de persona indígena maya– interpuso un recurso contra la candidatura de Jazmín Yaneli Villanueva Moo, a quien acusó de no tener un lazo que la vincule con quienes pretende representar, un caso que fue asentado en el expediente SX-JDC-167/2024.
La entonces candidata se defendió mediante una constancia de adscripción indígena firmada por los presidentes del comisariado ejidal de Oxcum y San Antonio Chun, ambos en el municipio Umán.
Por otro lado, la diputada electa Julia Arcelia Olguín Serna se ostenta como afromexicana, sin contar en su currículum con algún indicio de tener una trayectoria de activista o representante en este rubro. Ante el INE, se acreditó con una carta de autoadscripción, sin que ésta tuviera una autoridad o comunidad que firmara para sustentarlo.
En cambio, la cercana a los hermanos Monreal Ávila ha sido legisladora en Zacatecas, Coordinadora de giras, logística y ayudantía del Gobierno zacatecano, Directora de Transporte Público y Vialidad local y hasta prófuga de la justicia al haber sido inhabilitada del servicio público por 10 años en 2005 tras ser señalada de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado.
Llegan al Senado por acción afirmativa en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos
En el caso de los legisladores electos para el Senado, el priista Nestor Camarillo Medina, electo por principio de Primera Minoría en Puebla, también ha sido señalado por Morena por presuntamente usurpar una candidatura indígena.
La oficina de Comunicación Social del PRI Puebla explicó a este medio que no podría entregar documentos que acrediten su autoadscripción indígena debido al proceso de impugnación que existe, para no “entorpecer” el proceso, pero las autoridades electorales detallaron que su candidatura fue avalada mediante una constancia de adscripción indígena expedida por el comisariado ejidal del Ejido El Molino, en Zacapoaxtla.
Asimismo, compartió una ficha informativa emitida por el equipo del Senador electo en el cual indica que ha atendido los requerimientos de las autoridades “en tiempo y forma”, y será respetuoso de las instituciones.
También la Senadora electa Anahí González fue rechazada por organizaciones como la Red Feminista Quintanarroense, según reportaron medios locales, por no ser indígena y considerar su designación una “burla” que viola la acción afirmativa indígena.
Dicha candidata se acreditó ante el INE con una constancia emitida por el juzgado tradicional maya del municipio de Carrillo Puerto y una emitida por el Gran Consejo Maya, expedida por el sacerdote maya y juez tradicional del juzgado maya de la comunidad de X-yatil e integrantes del Gran Consejo Maya.
Activistas afromexicanos e indígenas incluyeron también en el listado al ex gobernador yucateco Rolando Zapata –actualmente Senador electo por Primera Minoría–, ya que indicaron que si bien su físico muestra fenotipos de una persona de ascendencia africana, él nunca se posicionó claramente en este sentido.
“Sin embargo, en esta ocasión y de la nada, pues resulta que se inscribe como candidato afrodescendiente”, resaltó María Candelaria May. “Y por lo tanto, no creo que tenga ningún sentido de pertenencia con los afrodescendientes, y por lo tanto ningún compromiso”.
La activista maya compartió que si bien dentro de los partidos políticos puede existir personas de origen maya –u otro pueblo indígena– que quieran competir por un cargo de elección popular, muchas veces se le niega la posibilidad a ciudadanos independientes.
“Bajo ese estigma de discriminación y de clasismo que existe en Yucatán, a la gente de origen maya se le ocupa como parte de los que votan, más no de los que pudieran competir para ser elegidos”, señaló.
May acusó que si bien en 2021 ella vio una disposición de parte de las autoridades electorales para revisar cuidadosamente los registros de quienes competían por cargos bajo una acción afirmativa, en estas últimas elecciones considera que a los partidos políticos y a sus militantes no tuvieron la misma capacidad.
“Personas han hecho las impugnaciones correspondientes y es increíble que, de todas las impugnaciones que se hicieron, ninguna salió favorable”, criticó. “A grandes rasgos, puedo decir que en Yucatán, con estas impugnaciones hechas y desechadas por el INE de alguna forma, profundamente se desalienta la iniciativa civil para demandar e interponer impugnaciones”.
