Sentencia histórica: Tribunal ordena al Congreso de Aguascalientes revertir reforma que disminuye los espacios públicos

Un Tribunal federal ordenó al Congreso de Aguascalientes revertir las reformas al Código Urbano que beneficiaba a inmobiliarias y disminuía parques y espacios públicos en la entidad, tras un amparo interpuesto por la organización Conversa Sur.

Esta sentencia es un gran logro que deja un precedente para contribuir a la lucha de otras organizaciones de defensa del territorio y del medio ambiente, así como para seguir avanzando en la protección de los derechos medioambientales, no solo en Aguascalientes sino en el país.

“Esta sentencia tiene un gran impacto para las causas medioambientales y sociales en Aguascalientes. El juzgado está ordenando al Congreso cambiar el Código, eliminar los artículos que forman parte del amparo, y esto no pasa siempre. Es simplemente un hecho histórico que sienta un precedente a favor de los derechos a la vivienda y ciudad digna”, aseguró Carla Escoffié, abogada y activista en temas de ciudad, quien acompañó y apoyó a Conversa Sur en el ingreso del amparo.

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Qué cambios hubo en el Código Urbano de Aguascalientes

A finales de 2022, el Congreso estatal aprobó un nuevo Código Urbano donde se redujeron los porcentajes de terreno que los desarrolladores inmobiliarios tienen que donar por cada nuevo fraccionamiento o conjunto habitacional, al pasar de 15% a 12%.

Además, se amplió de 25% a 75% el área donada que puede ser sustituida por equipamiento urbano e infraestructura pública, que incluso puede ser hasta 100% para condominios verticales.

Dicha reforma fue impulsada por el sector inmobiliario y el gobierno de la entidad.

El amparo presentado por Conversa Sur en enero de 20233 contempló dos puntos: la reducción de áreas de donación en los nuevos desarrollos inmobiliarios y la exclusión de la sociedad civil en espacios deliberativos.

El juicio y el fallo a favor de la organización

El fallo a favor de Conversa Sur argumentaba que la reforma restringía los derechos ambientales de la población, toda vez que establecía menos porcentajes de áreas verdes y espacios públicos que los particulares están obligados a garantizar en sus desarrollos.

Durante el juicio, el Congreso no demostró que la reforma era una medida necesaria, proporcional e idónea que no afectara el derecho colectivo a un ambiente sano. Por el contrario, se ratificó que la conservación de las áreas de donación contribuye a garantizarla oxigenación y refresca el ambiente, entre otros elementos.

Otro punto que tomó en cuenta el tribunal colegiado es el derecho al mínimo vital en materia ambiental ya que el gobierno tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a un medio ambiente sano y sustentable.

Asimismo, la sentencia señaló que no se consideró que, frente a cualquier decisión legislativa, judicial o gubernamental, debe prevalecer lo que proteja más medio ambiente.

“No se trata de que tener un medio ambiente sano sea responsabilidad de la sociedad, sino el Estado tiene una obligación con su población. Por eso, es necesario hacer vigilancia del actuar de los gobiernos como garantes de derechos humanos y poner la lupa sobre lo que está haciendo o no en estos temas”, expresaron miembros de Conversa Sur

Actualmente, continúa en trámite otro amparo contra las reformas al código urbanístico pero sobre la exclusión de sociedad civil en mecanismos de participación