¿Cómo le resultó a Bolivia la elección de funcionarios de justicia por voto popular? La mitad de bolivianos prefirió anular

La iniciativa de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador incluye a Bolivia como una de las referencias para proponer la selección de jueces, magistradas y ministros por voto popular, pero, ¿cómo le resultó ese método al país sudamericano?

Carolina Méndez, periodista boliviana, mencionó a El Sabueso que en las dos elecciones que tuvo su país para elegir a personas juzgadoras predominó el voto nulo (42% en 2011 y 50% en 2017), además de las críticas por la cercanía con partidos de quienes fueron postulados.

Mientras que el doctor en derecho e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Martín Reyes, explicó que en Bolivia solo son elegidos con voto popular los funcionarios con el rango más alto en su Poder Judicial. 

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“Ninguna democracia del mundo elige a todos sus cargos judiciales por voto popular”, refirió, cuestionando que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador plantee no sólo elegir a ministros de la Suprema Corte y a magistrados, sino también a todos los juzgadores y jueces locales. 

¿Cuál fue la experiencia boliviana?

La Constitución boliviana del 2009 estableció que los miembros del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura serían elegidos por voto universal, y ya no por el Congreso.

La primera elección de magistrados por voto popular se dio en 2011, pero los resultados de los cómputos departamentales mostraron que hubo mayoría de votos nulos sobre el voto válido (en Bolivia acudir a votar es obligatorio). Así ocurrió tanto en esa primera experiencia como en la segunda en 2017. 

“La población en general tiene una cierta desconfianza de todo el proceso de elección de jueces y ha demostrado su rechazo votando nulo”, mencionó Méndez, periodista boliviana y docente en la Universidad Franz Tamayo.

“En 2011 se votó nulo porque la gente no sabía lo que era una elección judicial, la gente no estaba al tanto de cómo funcionaba. Luego en las elecciones de 2017 se trató de remediar este fallo con más información y campañas por parte del órgano electoral; hubo más apertura para que los candidatos se conocieran y los medios los entrevistaran, y de todas formas la gente votó nulo o blanco. En las dos votaciones se ha votado así, tanto porque la gente no conoce a sus candidatos como porque conociéndolos no confían en sus perfiles”, agregó. 

Datos oficiales del Órgano Electoral indican que en las últimas elecciones en los dos Tribunales cuyo conteo es de ámbito nacional se obtuvo un 53% de votación nula para cada uno; mientras que en el departamento con mayor población en Bolivia, La Paz, el Tribunal Supremo y el Constitucional obtuvieron un 48.8% y 49.58% de voto nulo, respectivamente. 

Las precandidaturas a los cargos de justicia bolivianos tienen que pasar por un proceso de evaluación y selección a cargo de la Asamblea Legislativa, antes de llegar al órgano electoral y que se concreten las postulaciones. 

Sin embargo, “mucha de la gente que ejerce de diputados y senadores no conocen de los temas judiciales, no vienen del área de abogacía o  no tienen experiencia, y por ello no pueden escoger a los mejores si no saben cómo funciona el sistema judicial”, señaló Carolina Méndez.

Además, la periodista boliviana refirió que “muchas de las personas que se postulan tienen vinculación partidaria, y en la Asamblea Legislativa se respaldan ciertos nombres para asegurar a determinados candidatos en el manejo de la justicia”. 

De acuerdo con la publicación Elecciones en Bolivia: ¿aprendimos la lección?, de la Fundación para el Debido Proceso, 73% de los candidatos seleccionados por la Asamblea Legislativa habían ya ejercido cargos estatales durante el gobierno del partido de izquierda MAS (Movimiento al Socialismo), partido gobernante actual y con mayoría en el Congreso.

También, la fundación incluyó una investigación sobre independencia judicial que determinó que “al comparar el orden de mérito de los postulantes, tal como fue enviado a la Asamblea Legislativa, con el listado de candidatos que el pleno escogió resalta cierto número de candidatos bien colocados según el puntaje obtenido, que no fueron escogidos en la votación de la Asamblea”.

De acuerdo con la Constitución Boliviana, los comicios de magistrados en Bolivia se deben realizar cada seis años, pero estos no se llevaron a cabo en 2023 como debía pasar. “Esto derivado de una pugna política existente en el Congreso que ha puesto trabas a las etapas que se tienen que dar para las elecciones judiciales”, apuntó Méndez.

Rafael Archondo, periodista boliviano, coincidió en mencionar en entrevista con Azucena Uresti de Radio Fórmula que la experiencia de Bolivia con el voto popular ha sido negativa.

Tanto en 2011 como en 2017 la mayoría prefirió anular o votar en blanco, dijo, y “esos electores le dijeron al poder político en Bolivia no nos hagas elegir jueces porque no sabemos quiénes son las personas que están en la boleta, son más de 100 personas las que están, es una sábana en vez de una boleta, y preferimos no pronunciarnos, votar en blanco”.

Especialistas advierten riesgos de elegir al Poder Judicial por voto

El jurista Martín Reyes advierte que existen varios problemas que acarrea este modelo de voto popular, entre ellos que  “órganos políticos decidirán quienes serán candidatos, y por ello necesitarías que el presidente o una mayoría del Congreso te apoye”. 

Además, “los cargos judiciales, a diferencia de los de ejecutivos y legislativos, no son cargos representativos. Los jueces sólo pueden prometer hacer cumplir las reglas del juego, es extraño pensar en lo que podrían promover las candidaturas a puestos judiciales”.

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Si bien las candidaturas tendrán derecho de acceso a radio y televisión y a participar en debates, en la iniciativa también se establece una prohibición de obtener financiamiento público  o privado para las campañas. 

“Para que existan elecciones deben haber campañas, y para que existan campañas necesitas recursos; se generaría un mercado negro, muchos recursos ilegales se irían a las elecciones”, sostiene Reyes.

Una infografía del Gobierno de México para promover la reforma menciona que mil 633 magistrados y jueces serían electos por circuito judicial; lo que el jurista cataloga de inviable. 

“El número de candidatos es tan elevado que resulta absurdo que esos minutos que hay al año (para la radio y televisión) sean suficientes para que la gente elija a sus candidaturas”, dice Reyes.