Protesta en Lima contra ley que busca permitir inversión privada para agua y saneamiento

LIMA (AP) — Más de 2.000 peruanos marcharon el miércoles en contra de una ley que busca permitir la inversión privada en el medio centenar de empresas estatales proveedoras de agua potable y alcantarillado, en un país en el que más de nueve millones de personas carecen de acceso a estos servicios.

Los manifestantes llegaron desde varios barrios populares en los extremos de Lima y se unieron a los miembros del sindicato de Sedapal, la más grande empresa estatal que provee de agua a la capital.

Marcharon por las calles del centro histórico de Lima, ciudad en la que vive un tercio de los 33 millones de habitantes de Perú.

Luisa Eyzaguirre, la secretaria del sindicato de Sedapal, dijo a The Associated Press que la ley permite entregar a capitales privados no sólo las empresas operadoras del agua y saneamiento, sino que también permite a las empresas privadas la explotación de las fuentes de agua como lagunas y los manantiales para abastecer de agua a la población.

“El Estado impone un decreto legislativo, sin consultar a la ciudadanía, copiando un modelo nefasto que se ha llevado a cabo en otras ciudades de otros países, con resultados que no han funcionado como en París, en donde el agua estuvo en manos privadas desde 1985 a 2010 cuando volvió a manos del municipio”, rechazó Eyzaguirre.

Por el contrario, el gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, defiende la ley aprobada en diciembre, pues dice que busca mejorar la eficiencia de las 50 empresas prestadoras del servicio de distribución de agua potable y del saneamiento en todo Perú.

Entre los manifestantes, había madres solteras y con hijos pequeños que llegaban desde zonas empobrecidas, ubicadas en las colinas limeñas que, por años, han solicitado el servicio de agua potable a la empresa estatal sin obtener respuestas.

“Nuestra vida es de sufrimiento”, dijo Nataly Teves, una abuela de 34 años, quien cargaba a su nieto Anthony, de 4 años, mientras contaba que gastan 22 dólares semanales para llenar dos tanques donde almacenan 1.100 litros de agua en cada uno de ellos pero dijo que no alcanzan para su familia constituida por sus tres hijos y tres nietos.

“¡No a la privatización del agua!”, gritaba Teves, que vive en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, junto a los otros manifestantes, mientras contaba a AP las dificultades que enfrentan. “Sufrimos en verano y en invierno por la falta de agua”, dijo.

Pero, para Eyzaguirre, esa falta de acceso no se resolverá en zonas de difíciles acceso. A su criterio, los proyectos de agua y alcantarillado no se realizarán allí porque no serán rentables para los capitales privados.

La semana pasada la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, dijo que la ley busca construir y operar plantas de tratamiento de aguas residuales o plantas de tratamiento de agua potable con capital privado. “Esta ley no propone la privatización”, dijo, en un comunicado. Y matizó que lo que busca es la participación privada para la construcción de infraestructura necesaria.

Abel Cruz, presidente de la organización “Peruanos sin agua” que ayuda a barriadas a usar métodos para atrapar la niebla característica de Lima en redes colocadas en las colinas y convertirla en agua, dijo a AP que el problema de fondo es que el Estado parece no tener como objetivo central resolver el acceso al agua.

“Falta una ley expresa para que en cinco años se instale agua y alcantarillado en todo el país usando todos los recursos posibles; el agua es un derecho humano”, dijo.

La dificultad de acceso al agua en la capital peruana provoca que en las colinas en las que hay barrios empobrecidos, el precio del agua se multiplique hasta cuatro veces más comparado con las zonas de acceso fácil, según datos oficiales de la Encuesta Nacional de Hogares de 2022.

En una zona residencial, el metro cúbico de agua puede costar poco menos de un dólar, mientras que en una barriada sin agua potable ni alcantarillado, donde sube una cisterna por zonas sin caminos asfaltados, puede costar hasta nueve dólares, recordó Abel Cruz.

Un cálculo realizado en 2023 por el Instituto Peruano de Economía, un centro de investigación sin fines de lucro, usando datos oficiales del Plan Nacional de Saneamiento (2017-2021), indica que se requieren poco más de 10.000 millones de dólares para dar agua y alcantarillado a más de nueve millones de peruanos carentes de estos servicios en todo el país.