Yahoo Noticias Más poder a las Fuerzas Armadas, opacidad e impunidad: los riesgos que alertan las OSC sobre reforma de la GN
El pasado domingo, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, volvió a insistir en un punto al que ya se había referido en múltiples ocasiones durante su campaña: que la intención de su próximo gobierno es que se apruebe en el Congreso la reforma planteada por el hoy presidente López Obrador para que la Guardia Nacional se integre de manera definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Se trata de una reforma polémica, que ya fue rechazada en abril del año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerarla inconstitucional y que organizaciones de la sociedad civil alertan que abrirá aún más las puertas de la ‘militarización del país’, pero que ahora podría aprobarse en el Legislativo tras un cambio en la Constitución que permitiría la nueva mayoría de Morena en el Congreso y en el Senado.
“La Guardia Nacional, en tan solo cinco años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión”, dijo en un evento el domingo pasado Sheinbaum, cuyas palabras desataron las felicitaciones del presidente López Obrador, quien subrayó que el cambio de la Guardia Nacional a la Sedena “fortalecerá la institución”.
Sin embargo, para organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, o la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad Sin Guerra, esta reforma no solo implica el paso de la Guardia al Ejército, situación que, a pesar de que la institución nació con la promesa de ser un cuerpo de seguridad civil y con mandos civiles, en términos prácticos ya lleva años siendo una realidad, sino que además implica la entrega de más poder a las Fuerzas Armadas y la legalización de la transferencia de funciones a los cuerpos castrenses.
¿Qué dice la reforma la reforma de AMLO sobre la Guardia Nacional?
En entrevista con Animal Político, Santiago Aguirre, director del Centro Pro, explicó que la última iniciativa de reforma enviada por el presidente el pasado mes de febrero incluye tres puntos centrales: uno, reforma al artículo 13 sobre el fuero militar; dos, reforma al artículo 21 para que la Guardia Nacional pueda investigar delitos federales, como policía de investigación; y tres, reforma al artículo 129, que tiene que ver con cuáles son las actividades que pueden hacer las Fuerzas Armadas en tiempos de paz en México.
El tema del fuero militar es uno de los que más preocupación está suscitando entre la sociedad civil. La nueva reforma no plantea regresar a la legislación de antes de 2014, cuando todos los temas relacionados con las fuerzas castrenses eran dirimidos en tribunales militares. Sin embargo, Santiago Aguirre explicó que con esta iniciativa ahora los tribunales militares sí podrían entrar a los casos relacionados con la disciplina militar dentro de la Guardia Nacional.
“La reforma no establece que los casos de víctimas civiles en temas relacionados con la Guardia Nacional se vayan al fuero militar. Pero en el terreno, lo que hoy vemos que ocurre es que se inician investigaciones paralelas”, planteó el director del Pro.
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“Entonces –se le cuestionó–, con esta reforma si un elemento de la Guardia Nacional comete un abuso o un delito, estaría sujeto a tribunales civiles o a los militares?”.
“Iría a ambos –respondió–. Si hay víctimas civiles, esa parte la conoce la justicia civil ordinaria, pero lo que esta reforma permitiría es que para los temas disciplinarios los pueda conocer la autoridad jurisdiccional militar cuando se trate de la Guardia Nacional”.
“Y en los hechos –añadió–, lo que vemos es que este diseño es muy problemático, porque si tienen que investigar civiles y militares el mismo hecho, se rompe la unidad de ese expediente o causa. Y además, lo que hemos visto es que las autoridades civiles se doblan muchas veces ante las militares”.
En cuanto al artículo 129 que se busca también reformar, se trata de una disposición legal que ha permanecido inamovible desde la Constitución de 1857. En dicho artículo se establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan “exacta conexión con la disciplina militar”.
“Es decir, se trata de un artículo que está muy acotado” para evitar posibles inferencias del ejército en la vida pública del país, expuso Aguirre.
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Sin embargo, con la iniciativa planteada por el presidente López Obrador, esas funciones de las Fuerzas Armadas quedarían abiertas “a todas aquellas previstas en la Constitución y en las leyes que de ella emanen”.
“En otras palabras, estás quitando un candado porque las Fuerzas Armadas ya podrían hacer cualquier cosa, situación que ya pasa aunque saben que no tienen base constitucional”.
Por su parte, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, coincidió con Aguirre al apuntar en una entrevista con la periodista Ana Francisca Vega en MVS que con esta iniciativa de reforma se pretende llevar a cabo “un cambio de diseño con el cual el Estado Mexicano estaría permitiendo que los militares puedan participar en distintas tareas gubernamentales”.
“Y ese cambio de diseño sería una discusión mucho más profunda, que solo ver quién va a liderar la Guardia Nacional”, opinó Sánchez.
En esta dirección, para Santiago Aguirre la reforma propuesta por el Ejecutivo de López Obrador “es muy proclive a satisfacer las demandas de las Fuerzas Armadas, pues se trata de una reforma que va mucho más allá de la sola entrega de la Guardia Nacional a la Sedena”.
Por ello, dijo que, ante la nueva mayoría de Morena en ambas cámaras y “a falta de una oposición fuerte”, espera que en la discusión legislativa que viene sobre este tema “los contenidos más extremos de esta iniciativa no sean aprobados, o no al pie de la letra como los presentó el presidente López Obrador el pasado mes de febrero”.
“Ojalá que la presidenta tenga algún margen para limar las peores aristas de esta iniciativa de reforma, es lo único que nos queda esperar”, apuntó el activista.
Por su parte, Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad Sin Guerra hicieron un llamado público a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Unión a desechar la iniciativa del presidente López Obrador, porque de concretarse, aseguraron, implicaría “una violación a principio de separación de poderes y a la independencia judicial”.
A través de un comunicado, estas organizaciones destacaron que la reforma sentaría las bases para la participación de militares “en todos los órdenes de la vida pública del país, y valida todas las tareas extra constitucionales y violatorias de las obligaciones internacionales de México que han sido otorgadas a las fuerzas armadas”.
Operativos, opacidad y violaciones a derechos humanos
Ayer martes, tras el anuncio de Claudia Sheinbaum el pasado domingo de que la intención es que se concrete la reforma de la Guardia, la Sedena, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional emitieron un comunicado conjunto para destacar que en menos de un mes, entre el 11 y el 24 de este mes de junio, las tres corporaciones tuvieron logros importantes en materia de seguridad.
Por ejemplo, se expuso que se logró la detención de 446 personas; se aseguraron 427 kilos de mariguana, 4 mil 407 kilos de cocaína y 19 mil kilos de metanfetamina, además de que se destruyeron 16 laboratorios clandestinos de droga.
En todas esas operaciones, se destacó que la Guardia Nacional participó con más de 2 mil 100 elementos para trasladar a presos a reclusorios, y que otros 3 mil 264 realizaron más de 14 mil operativos de revisión en aeropuertos y aeródromos.
“Nosotros estamos conscientes de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es algo que no se puede revertir de la noche a la mañana”, admitió el director del Centro Pro.
“Asumimos que hay regiones en el país donde se requiere de la presencia del Estado y que hoy la única corporación presente es la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas. Pero sí consideramos que esta intervención debería conducir gradualmente hacia un esquema plenamente civil”, hizo hincapié Aguirre, que detalló tres razones:
“Uno, que el uso de las Fuerzas Armadas puede incrementar el riesgo de que haya violaciones a derechos humanos, como ya ha habido casos. Dos, que esta política de seguridad no ha demostrado ser efectiva como política pública. Y tres, que hay un trastocamiento en la relación cívico-militar que se expresa en una falta de controles”.
En cuanto al tema de las violaciones a derechos humanos y la falta de controles que derivan en la impunidad, cabe recordar que el pasado mayo de 2022 Animal Político publicó que, a pesar de que fueron presentadas entre 2019 y 2021 más de 400 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Guardia Nacional solo admitió haber tenido uso excesivo de la fuerza en un solo caso.
Previamente, en octubre de 2021, en otra nota publicada por este medio, la Guardia Nacional había desobedecido abiertamente una orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para revelar, en versión pública, los informes pormenorizados de los operativos y enfrentamientos en que sus elementos han hecho uso de la fuerza letal, y que dejaron como saldo en ese entonces la muerte de al menos 94 civiles, la mayoría de ellos supuestas personas armadas.
Además, la Guardia Nacional clasificó en ese entonces por cinco años todos esos informes argumentando que revelarlos podría poner en riesgo la vida de sus elementos y el éxito de las operaciones con la delincuencia en general. Se trató de argumentos que el propio pleno del INAI ya había desestimado como improcedentes.
En cuanto a posibles casos de violaciones graves a derechos humanos, Animal Político documentó que durante tan solo los primeros seis meses de su creación en 2019, la Guardia Nacional se vio involucrada en al menos cinco casos de abuso de la fuerza que dejaron como saldo dos personas muertas y varias gravemente heridas. La atención a las víctimas de estos casos, así como el pago de indemnizaciones, se realizó a través de la firma de convenios secretos entre los afectados y la Sedena.
Más recientemente, en abril de 2022, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato en Irapuato, matando a uno y dejando a otro gravemente herido. Estudiantes de esas universidad y amigos de la víctima denunciaron que el ataque de la Guardia Nacional fue “un asesinato”, pues el joven no estaba involucrado en actividades criminales; mientras que autoridades de la Guardia alegaron que un soldado de la Guardia tomó la decisión unilateral de disparar por “desconcierto e incertidumbre”.
En julio del año pasado, elementos de la Guardia también dispararon en contra de un grupo de personas migrantes que se encontraban pernoctando debajo del Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, a unos metros de la frontera con Estados Unidos.
Algunos de los elementos golpearon a los migrantes y realizaron nueve detonaciones de sus armas. En el sitio se encontraban niños, niñas, mujeres y algunas de ellas estaban embarazadas.
“Nos trataron como perros”, denunciaron los migrantes.
