Perú en la mira por crímenes de lesa humanidad: el gobierno de Boluarte responsable por asesinatos

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y una de sus organizaciones, la Asociación peruana Pro Derechos Humanos (APRODEH) solicitaron a la CIP que abra una investigación por el asesinato de 49 personas y los 937 heridos durante las protestas de 2022 y 2023 en Perú. Ambas organizaciones denuncian también el creciente autoritarismo del Gobierno de Dina Boluarte, la corrupción endémica y la captura de las instituciones.

Tras llevar a cabo un perfilamento de las víctimas y la violencia de la represión de las protestas en Perú, las dos organizaciones de defensa de DDHH concluyen que se trata de crimen de lesa humanidad con un evidente tinte racista. RFI entrevistó a Gloria Cano, directora de APRODEH, Asociación Pro Derechos Humanos de Perú.

RFI ¿Qué es lo que han denunciado ante la Corte Penal Internacional?

Gloria Cano: “Que esta violencia letal fue utilizada contra manifestantes y contra personas que, si bien no participaron en manifestaciones, estaban, digamos, en la zona donde se efectuaron los hechos, sobre todo jóvenes. Y que estas acciones se dieron sobre todo en el sur del país, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cuzco, en Puno, en Arequipa. Eran los bolsones de votación del expresidente Pedro Castillo y que justamente eran los manifestantes que rechazaban lo que había ocurrido con el presidente Castillo, pero también exigían adelanto de elecciones. Al hacer el perfilamiento se tiene que efectivamente las personas provienen de las zonas quechua hablantes aimaras. Hay un rasgo muy racista con respecto a este abuso de la violencia y justificación de la violencia también”.

¿Quiénes son los victimarios?

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