¿Qué implica la implantación del nuevo plan antitabaco en España?

El tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en los países desarrollados. Esta frase se puede leer desde hace más de 20 años de forma invariable en la mayoría de manuales y artículos científicos sobre salud pública. Es decir, todas las medidas implantadas hasta el momento han conseguido reducir la sangría, pero no pararla.

A cada medida eficaz, la industria tabaquera contraataca con alternativas ya en marcha o preparadas para reducir el impacto de las que se implementan. Por eso, después de años de inacción y de prevalencias de consumo de tabaco prácticamente estancadas desde 2018, la aprobación y publicación del nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 en España es una magnífica noticia que merece ser analizada.

Con el aval de la ciencia

El PIT es fruto del trabajo del Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas y sociedades científicas y entidades relacionadas, lo que deja bien claro que no hay ninguna fisura importante en la valoración de dichas medidas. En otras palabras, la comunidad científica nunca ha estado tan unida.

Hay que tener claro que el PIT realiza una propuesta de objetivos, como repasaremos a continuación, y que posteriormente estos deben ser desarrollados a nivel normativo y mediante programas preventivos, de formación o tratamiento.

El objetivo principal es la reducción de consumo de tabaco y otros productos relacionados, además de continuar ampliando las zonas libres de humo y minimizar así la exposición ambiental a sustancias nocivas. Para disminuir el número de fumadores y fumadoras se debe promocionar el abandono del tabaco a la vez que se evita el inicio de los jóvenes.

Una deseable subida de impuestos

Hay múltiples medidas interrelacionadas para conseguir estos objetivos, pero quizás la más importante –y de momento ausente– consistiría en poner en marcha una política fiscal que aumente los impuestos sobre el tabaco, tanto manufacturado como de picadura. Se considera que un incremento del 10 % de su precio reduce en un 4 % el número de fumadores. Además, dificulta el consumo activo de tabaco y su inicio en edad infantil.

Los impuestos recaudados podrían dedicarse a la atención sanitaria de las personas afectadas directamente por el tabaquismo. No olvidemos que la recaudación por los tributos que gravan estos productos es tres o cinco veces menor que los gastos sanitarios derivados de las enfermedades que provocan.

Si bien esta ha sido una de las medidas más comentadas por haber desaparecido del documento cuando estaba en el borrador (lo que obedece, según algunos expertos, a prevenir que se acapare producto o sea favorecido el mercado negro), eso no quiere decir que finalmente no acabe implantándose.

Medidas de probada eficacia

Mención aparte merece el empaquetado genérico. Consiste en exigir que todos los productos de tabaco y nicotina se vendan sin marcas o logotipos. De esta forma se contrarrestra el uso publicitario de los paquetes por parte de la industria para vender cigarrillos y socavar las advertencias sanitarias. El empaquetado genérico es beneficioso para la salud pública (contribuye a reducir las percepciones erróneas del daño) y no supone una carga para el comercio.

Otra de las medidas más útiles para los fumadores radica en financiar públicamente los llamados tratamientos de primera línea para combatir la adicción a la nicotina, de probada eficacia. Estamos ante la paradoja de que nadie se plantea dejar de financiar la atención sanitaria a las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, cuando tratar el tabaquismo es mucho más económico.

Una importante crítica es que no todos los tratamientos farmacológicos de primera línea están incluidos: la ley excluye la sustitución de nicotina y las terapias psicológicas realizadas por especialistas.

Aumentar el número de espacios libres de humo y aerosoles de cigarrillos electrónicos (terrazas de bares y restaurantes, marquesinas de autobuses, centros comerciales abiertos, centros deportivos, playas…) también ha mostrado ser muy eficaz. En primer lugar, se reduce al máximo la exposición pasiva e involuntaria a sustancias nocivas en espacios compartidos. Y en segundo lugar, se desnormaliza la concepción del consumo de tabaco como algo simplemente molesto, cuando se trata de un perjuicio para la salud. La mayoría de la población no fuma, por lo que sería una medida justa y efectiva que no dicta el 22 % de la población y favorece al 100 %.

Alternativas dudosas

Por otra parte, la introducción de nuevos productos de tabaco y nicotina en realidad tienen el objetivo de retrasar el abandono de los fumadores activos y favorecer el inicio de los jóvenes: se ha demostrado que estas alternativas funcionan como una puerta de entrada al tabaco.

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El Reino Unido es uno de los pocos países que ha apostado por el cigarrillo electrónico como estrategia para combatir la problemática, aunque no ha abandonado el objetivo de que las próximas generaciones estén libres de tabaco.

De momento, los resultados son poco alentadores: mientras que ha aumentado considerablemente el número de adictos a la nicotina, la reducción de fumadores no es muy significativa y resulta difícil de relacionar directamente con la introducción del cigarrillo electrónico.

Por eso, equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados –tengan o no nicotina– con la del tabaco debe dificultar su acceso por parte de los jóvenes, que así tampoco darían el salto posterior al tabaco convencional. A este objetivo, incluido en el Anexo I del PIT, se añade la necesidad de prohibir los sabores añadidos, claramente dirigidos a crear la falsa ilusión de sustancia poco nociva, de forma que se reduzca su atractivo.

Contaminadores en la picota

Por último, la Meta 3 del Plan sigue la senda del creciente número de medidas internacionales y locales dirigidas a reducir el impacto ecológico de los productos del tabaco y derivados. La principal disposición consiste en impulsar el desarrollo de una legislación que obligue a la recogida y reciclaje de las colillas, cuya financiación y responsabilidad debería corresponder a las empresas tabaqueras.

También se recoge en el PIT como línea estratégica la prohibición de los vapeadores de un solo uso, como se ha hecho recientemente en el Reino Unido, dado su potencial contaminante, fácil acceso (se suelen vender en supermercados, ante la falta de regulación) y bajo precio.

Habrá que esperar a finales de año para ver cómo se ha materializado el PIT. Esperemos que positivamente por su importancia e impacto en la salud comunitaria.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

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Antoni Baena García no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.