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No, Colombia no necesita un Bukele porque lo que está haciendo es una barbaridad

¿Necesita Colombia un Nayib Bukele? Esta pregunta se lleva repitiendo desde hace meses tanto en medios de comunicación colombianos como en redes sociales. El presidente de El Salvador desde 2019 es visto por muchos como una figura inspiradora que ha conseguido reducir de manera sensible la tasa de homicidios con una estrategia basada en la guerra contra las pandillas.

Sin embargo, no es todo oro lo que reluce y Bukele está muy lejos de ser un ejemplo para alguien en lo que se refiere a la gestión de la violencia en el país. De hecho, tanto las asociaciones humanitarias como numerosos países coinciden en que ha convertido a El Salvador en un país en el que los derechos humanos brillan por su ausencia.

La guerra contra las pandillas de Bukele no puede ser una inspiración para ningún país. (REUTERS/Jose Cabezas)
La guerra contra las pandillas de Bukele no puede ser una inspiración para ningún país. (REUTERS/Jose Cabezas)

Un buen ejemplo de ello se ha producido en la madrugada de este 24 de febrero, cuando el Gobierno ha trasladado a 2.000 presos acusados de ser pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de nueva creación que se ha convertido en la cárcel más grande de América, con 23 hectáreas de extensión y capacidad para 40.000 presos.

El vídeo no ha estado exento de polémica, ya que a los prisioneros se les trata literalmente como ganado. En todo momento, estos reos., que estaban esposados, debían mantener la cabeza agachada y moverse deprisa, en unas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo y que escenifican a la perfección los abusos que está cometiendo el Gobierno de Bukele.

Desde que el presidente aprobara el régimen de excepción el pasado mes de marzo tras una escalada de asesinatos, más de 64.000 personas han sido detenidas acusadas de pertenecer a pandillas. Y no es una cifra baladí, porque en un país que cuenta con 6,3 millones de habitantes significa que el 1% de la población ha pasado a estar entre rejas en el último año.

Unas detenciones que, en muchos casos, no están justificadas y que forman parte de la impunidad en la que se ha instalado Bukele.

Amnistía Internacional denuncia que "las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos".

Todo esto se traduce en que las detenciones se están produciendo de manera ilegal y sin motivos. Simplemente, el Gobierno decide que una persona es una amenaza por el simple hecho de llevar tatuajes, porque han sido acusadas por otra persona, porque un familiar pertenece a la pandilla, por tener antecedentes o por vivir en una zona controlada por una pandilla.

Una vez que se ha producido la detención, independientemente de si había motivos o no, llega lo peor, ya que la organización señala que se producen torturas y malos tratos en los centros de detención, además de problemas de salubridad, escasez de alimentos o productos de higiene.

Las condiciones de los presos dejan mucho que desear. (Photo by Press Secretary Of The Presidency Of El Salvador / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)
Las condiciones de los presos dejan mucho que desear. (Photo by Press Secretary Of The Presidency Of El Salvador / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

Es decir, con la excusa de la guerra contra las pandillas, el Gobierno se ha otorgado la capacidad de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Y cualquier cosa también significa olvidar los principios más básicos de una democracia o pasar por encima de los derechos de las personas.

Negociación con las pandillas

Mientras que el Gobierno presume de una histórica reducción en los homicidios, desde Estados Unidos se señala a funcionarios de Bukele por negociar con las pandillas entre 2019 y 2021. Concretamente, la Fiscalía estadounidense acusa a estos altos cargos de haber pactado con la Mara Salvatrucha una reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, para los pandilleros, modificaciones de leyes, y reducciones en las condenas. El objetivo del Ejecutivo habría sido mejorar su popularidad.

Y lo cierto es que lo ha conseguido, con una aprobación del 87,8% a finales del 2022. Unos resultados inapelables en los que por el camino ha habido que aceptar que el país se convierta en un régimen más autoritario en el que cualquier inocente puede terminar en prisión e incluso sufriendo tortura y malos tratos. Una nación, en definitiva, basada en el miedo en la que sus autoridades actúan con total impunidad.

¿Necesita entonces Colombia a un Nayib Bukele? La respuesta es un no rotundo. Combatir a la violencia con violencia solo lleva a una espiral de más sangre, dolor y muerte. En El Salvador o en cualquier otro lugar del mundo.

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