Unión Europea levanta sanción a jefe de organismo electoral de Venezuela, rechazan la medida

CARACAS (AP) — La Unión Europea anunció el lunes que levantaba de forma temporal las sanciones contra cuatro funcionarios relacionados con la autoridad electoral de Venezuela, entre ellas al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), como reconocimiento a los pasos dados de cara a las presidenciales de julio. Pero la medida fue rechazada por uno de lo beneficiados por insuficiente.

Los cuatro directivos que fueron excluidos de la lista de la Unión Europea (UE), en la que hay más de 50 venezolanos señalados por actos de represión o por socavar la democracia, son Elvis Amoroso, presidente del CNE, Xavier Moreno Reyes, ex secretario general del organismo, y dos exdirectivos más, Socorro Hernández y Leonardo Morales.

El portavoz comunitario de Exteriores Peter Stano indicó a The Associated Press que la decisión pretende “fortalecer los esfuerzos venezolanos hacia elecciones presidenciales inclusivas y competitivas”.

La medida llega dos meses y medio antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente venezolano Nicolás Maduro busca la reelección por segunda vez para un mandato de seis años y que han sido cuestionadas por la oposición por bloqueos en la presentación de candidatos rivales.

Amoroso fue sancionado en junio de 2020, señalado de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, lo que le impedía entre otras medidas entrar al territorio del bloque de países europeo y le imponía congelación de activos.

El portavoz europeo también indicó a la AP que las medidas restrictivas vigentes se extenderán “excepcionalmente” por un periodo más corto, hasta el 10 de enero de 2025, “la fecha prevista para la toma de posesión del presidente electo”.

Amoroso, tras conocer la decisión de la UE de retirarle la sanción, expresó el lunes su rechazo al cuestionar que no sea extensiva a otras autoridades.

“El levantamiento de sanciones que ha sido impuesta a mi persona, no las acepto por ser inmorales y contrarias a mis valores ciudadanos”, dijo el presidente del organismo electoral, que fue legislador oficialista y es cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro.

Y añadió: “Demando el cese integral e incondicional de las medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea, así como de todo otro mecanismo de chantaje que busque interferir en el desarrollo libre y soberano del proceso político venezolano”.

Durante su gestión como contralor, entre octubre 2018 y agosto de 2020, Amoroso inhabilitó a decenas de políticos de oposición para ejercer cargos públicos, incluyendo el año pasado a la líder opositora María Corina Machado, justo cuando anunció su decisión de buscar convertirse en la candidata presidencial unitaria de la oposición en unas primarias.

Finalmente, Machado no pudo registrar su candidatura por la prohibición de ocupar cargos públicos por 15 años, pese a que después de años nunca fue sometida a juicio alguno.

En Venezuela, la inhabilitación política es una pena accesoria que aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible cometido por una persona cuando se determina que incurrió en abuso de poder, del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales. No obstante, los críticos de los gobiernos de Maduro y su predecesor, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez, denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política.

El gobierno de Maduro también exigió que sean levantadas todas las sanciones.

“De manera engañosa, sacan de la lista de sancionados algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición”, se pronunció el canciller venezolano, Yván Gil.

En marzo pasado, el CNE invitó a la Unión Europea, entre otras organizaciones internacionales, a enviar observadores para las elecciones presidenciales.

Amoroso en esa ocasión resaltó que giró la invitación para que participen “siempre que cumplan con los requisitos y la normativa constitucional y legal establecida”.

Los adversarios de Maduro reclaman que los comicios sean sometidos a prueba así como el sistema electoral, desacreditado luego de años signados por la inhabilitación de partidos y algunos de los candidatos opositores más populares

Algunos temen que la proximidad de la fecha de la elección, convocada recién en marzo pasado, podría dificultar la conformación de una misión de observación amplia para monitorear las distintas etapas del proceso electoral.

Las elecciones presidenciales en Venezuela —salvo excepciones puntuales como la sobrevenida por el deceso el 13 de marzo de 2013 del presidente Chávez, reelecto en octubre de 2012— han sido convocadas con una anticipación de al menos seis meses. Esta vez fue convocada cuando restaban menos de cuatro meses para la elección.

Por años, las misiones internacionales de observadores han denunciado irregularidades que afectan a la igualdad de condiciones para competir en los procesos electorales de Venezuela, como la inhabilitación de candidatos de la oposición, el uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación.