CALI.– Las negociaciones de la 16° Conferencia de la Convención de Diversidad Biológica (CBD), más conocida como COP16, simplemente no terminaron. Después de 13 horas de debate en la sesión final, el plenario perdió densidad. Menos de la mitad de los representantes de los 196 países habían abandonado sus puestos hacía horas. Algunos tenían vuelos para regresar a sus hogares y no contaban con un margen para reprogramar, otros quedaron agotados.

Así fue como, en el último y más central punto de discusión, la cumbre mundial se suspendió ayer por falta de quórum. A las 8, Brasil y Panamá pidieron que se hiciera conteo de las partes y se informó que, por protocolo, la reunión no podía continuar.

No significa que no hubo logros: la mayor parte de los temas negociados ya habían llegado a una conclusión satisfactoria, pero la discusión sobre cómo afinar los mecanismos de financiamiento para cubrir los gastos de implementación de casi todo lo acordado antes se pospuso para las reuniones intersesionales que se celebrarán en Bangkok, Tailandia, durante el año que viene.

Esto, para Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (Gflac), no asegura que en esas negociaciones se cumpla el objetivo. “Veremos qué pasa en las intersesionales, pero países como los que conforman la Unión Europea no quieren que haya un nuevo fondo [de financiamiento]”, plantea.

“La falta de acuerdos sobre financiamiento y la incertidumbre en la implementación de metas globales evidencian pérdidas significativas en el proceso. Esto afecta directamente a América Latina, que es rica en biodiversidad y necesita recursos para preservarla, en un contexto de un agravamiento de la crisis de las deudas soberanas”, opina Oscar Soria. CEO de la organización internacional Common, en consonancia con Guzmán, al cierre de la convención.

Para Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “hubo luces y hubo sombras”. Ella es una de las argentinas que más tiempo siguieron estas negociaciones y resalta dos decisiones que fueron las más trascendentales. La primera: darles más centralidad y poder de influencia a los pueblos indígenas y comunidades locales, incluidas las afrodescendientes, del mundo dentro de la convención, al crear un órgano sobre sus conocimientos tradicionales.

La segunda fue la creación de un órgano de financiamiento pionero para la conservación de la naturaleza llamado el “Fondo de Cali”. Esta caja estará nutrida con fuentes provenientes de las empresas que suelen usar bases de datos digitales (DSI, por sus siglas en inglés) que contienen secuencias genéticas de plantas y animales para elaborar productos. Puede ser un código para mejorar la resistencia de una semilla al frío, o para elaborar un medicamento específico. En especial, las compañías que más usan estas bases digitales son farmacéuticas, biotecnológicas y cosméticas.

Estas bases son gratuitas y anónimas, por lo que la obtención de secuencias no suele tener trazabilidad y muchas veces se asocia a situaciones de abuso en el territorio, donde los pueblos que usan estos servicios de la naturaleza de forma tradicional no se ven beneficiados en absoluto porque empresas los tomen y los conviertan en mercancías.

Después de largas discusiones, se acordó crear un mecanismo para la distribución de beneficios, por el que distintas industrias que utilizan secuencias de información digital deberán destinar un 0,1% de sus ganancias a la conservación de la biodiversidad y retribución a las comunidades que se dedican a mantenerla.

No obstante, Guzmán critica que este fondo es voluntario para las empresas, pues son solo los países los que están sujetos a lo que la convención dictamina. “En un momento en el que la devastación de la biodiversidad es tan acelerada, que no haya obligaciones concretas resta previsibilidad de cómo llegarán los fondos”, detalla.

Todos estos son acuerdos vinculantes, solo que no con la fuerza que tiene una ley nacional. “Muchas empresas por su reputación se suscribirán a este fondo cuanto antes, aunque muchas otras pueden demorar en hacerlo. Esto también depende de que los países firmantes transformen en legislación nacional este punto del acuerdo”, explica Di Pangracio. Un 50% de lo que se recaude en este fondo será destinado a comunidades indígenas y locales, ya sea directamente o a través de los estados.

La experta considera que si algo faltó durante esta COP fue la entrega de las estrategias nacionales de biodiversidad de todos los países miembro de la convención. Son solo 44 los que presentaron estos documentos, incluyendo a la Argentina. Para la experta, es solo cuestión de tiempo para que se terminen de presentar. Sin embargo, advierte que para la próxima conferencia que se celebrará en 2026 en Armenia, todos deberán mostrar avances de dichos planes y cuanto más se dilaten en subirlos, más tardarán en implementarlos.

Financiamiento, el debate más tenso

El punto más negativo de la convención fue que no se llegó a tratar la estrategia sobre movilización de recursos y el mecanismo financiero. Uno de los objetivos del Marco Mundial sobre Biodiversidad Kunming-Montreal era crear un nuevo fondo que significara menos burocracia en la forma en la que se adquiría financiamiento para la conservación de los ecosistemas. “Se sabía que no había acuerdo sobre esto; en especial el rechazo provino de Suiza, Japón y la Unión Europea”, explica Di Pangracio.

La experta resalta otro contratiempo que atribuye al desgaste de la última reunión plenaria: no se concretó un marco de monitoreo, reporte y revisión de las metas a 2030 y de los fondos para la biodiversidad (PMRR, por sus siglas en inglés). “Casi todas las partes estaban de acuerdo en esto y seguramente si se hubiera tratado, se habría aprobado”, añade. Este punto es clave, pues muchas veces el financiamiento internacional otorgado se diluye entre las diferentes estructuras de los estados nacionales y no llega enteramente a proyectos de conservación.

Hasta ahora, los fondos recaudados desde Naciones Unidas para este objetivo significaron un reto complejo para los países en vías de desarrollo. El dinero se almacena en el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés). Este solo otorga financiamiento para proyectos específicos y, para cada, uno deben presentarse una diversidad de requisitos y documentos que varios países, en especial los más pobres, tardan años en completar. Durante la cumbre, países como República del Congo, Brasil o la Argentina defendieron la necesidad de contar con una fuente de ingresos independiente y más accesible, porque el sistema actual no satisface el sentido de urgencia.

Otro de los objetivos más importantes de la cumbre de Cali era cerrar la brecha entre el dinero ya recaudado para la conservación de la biodiversidad mundial y lo que los países miembro deberían juntar. Eso no ocurrió. Se destinaron US$200 millones, mientras que en realidad deberían juntarse US$20.000 millones por año hasta 2025 y US$30.000 millones hasta 2030.

Soria plantea una comparación: “Para el rescate de la banca durante la crisis de 2008 se invirtieron US$35 billones, para 2022 la industria de los combustibles fósiles recibe en el mundo US$7 billones, y para financiar la conservación de la biodiversidad requeriríamos un billón, pero los datos de 2022 nos muestran que estamos rondando los US$15.400 millones”.

Un reclamo histórico que se consolida

Después de casi diez años de debatirlo, la convención decidió crear un nuevo órgano subsidiario permanente que hará énfasis en el reconocimiento de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales para la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal. En el artículo 8J se remarca la importancia de este sector de la sociedad, usualmente relegado, a la conservación y restauración de la biodiversidad en el mundo.

“La creación de un órgano de representación como el que se creó, nos va a servir para poner de relieve en las discusiones de las Estrategias Nacionales de Biodiversidad en la Argentina el rol que tienen los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de los ecosistemas, pero también los problemas, las amenazas que sufren, el acceso a la tierra y la disputa por recursos naturales”, opina Di Pangracio. Lo que falta para la COP17 es definir la estructura y operatividad de este órgano.

Océanos: una decisión fundamental

El océano quedó relegado en negociaciones de las Naciones Unidas durante mucho tiempo. La falta de coordinación y normativa llevó a su sobreexplotación. En Cali, se llegó a un acuerdo clave que es un primer paso para preservarlos. “Hemos logrado progreso en tener un sistema real para la identificación científica de áreas que son ecológicamente valiosas. Eso es crítico”, evalúa Torsten Thiene, fundador de The Global Ocean Trust y asesor internacional sobre temas de gobernanza de océanos, biodiversidad marina y finanzas, sobre el acuerdo para actualizar las Áreas Marinas de Importancia Ecológica y Biológica (EBSA).

Durante ocho años los debates en torno de este tema se trabaron en un mismo punto: la soberanía nacional. ¿Quién puede definir un área de valor biológico? ¿Qué pasa cuando ese área está dentro de la jurisdicción de un país y no en aguas internacionales? Finalmente, se llegó a un acuerdo durante esta COP16.

Sin embargo, la actualización de las ESBA no implica su protección. Para eso, es clave lograr sinergias con un acuerdo firmado en otro contexto, el Tratado de Altmar (BBNJ, por sus siglas en inglés), que garantiza un marco para poder crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. La adopción del BBNJ en las Naciones Unidas en 2023 fue un hito histórico, pero hay un problema: a noviembre de 2024 fue ratificado apenas por 14 países y necesita alcanzar 60.

El foco, ahora, estará puesto en lograr que esto ocurra antes de junio de 2025. De conseguirlo, tendría un impacto clave para alcanzar varias de las metas establecidas en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. Quizá la más evidente sea la 3, conocida también como meta 30x30, que busca proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas para 2030.

La convergencia entre cambio climático y biodiversidad

El vínculo entre el cambio climático y la biodiversidad es claro. Sin embargo, se trataron históricamente como temas separados. Hasta ayer, cuando aquí en Cali, se firmó un documento que plantea un proceso concreto para iniciar la coordinación de la CBD las otras dos convenciones de Río: la de Cambio Climático (Cmnucc) y la de Lucha contra la Desertificación (Cnuld).

Esta decisión cuenta con varios mensajes importantes, que por ejemplo destacan no solo los impactos del cambio climático por sobre la diversidad, sino también los potenciales impactos de la acción climática sobre la biodiversidad.

“En sus primeras versiones, el texto tenía mensajes mucho más fuertes, sobre todo en lo que refería a crisis climática. Algunos países quisieron sacar referencias a ‘crisis’ y el párrafo referido a financiamiento y medios de implementación quedó completamente diluido. Tuvieron que negociar y no hubo mucha flexibilidad por parte de los países desarrollados”, explica Catalina Gonda, co-coordinadora del grupo de trabajo de ecosistemas de Climate Action Network internacional.

Y añade: “El texto está bastante desbalanceado en ese sentido, pero tiene mensajes muy importantes y es un resultado muy significativo de cara a la COP30 sobre cambio climático en Belem de Pará, Brasil, el año que viene”.

“Una Salud”: un concepto clave que quedó incorporado

La pandemia del Covid-19, producto de un brote zoonótico, o la epidemia del dengue, una enfermedad transmitida por un mosquito exótico invasor en América Latina, son solo algunos ejemplos.

Durante estas dos semanas el foco de las negociaciones estuvo puesto en la adopción del Plan Global de Acción sobre Biodiversidad y Salud. Este documento, aprobado durante la conferencia, es el primero en reconocer la interrelación entre la naturaleza, la biodiversidad y la salud desde que la CBD fue aprobada en 1992.

Si bien simplemente “alienta” a los gobiernos a tomar una serie de medidas para integrar estos conceptos y adoptar una estrategia de “Una Salud”, Susan Lieberman, vicepresidenta de políticas internacionales en Wildlife Conservation Society (WCS), dice: “Este documento es una guía sobre cómo hacerlo. ¿Es un documento perfecto? No, pero es un primer paso”.

Esta historia fue producida como parte de la beca COP16 del CDB 2024 organizada por Earth Journalism Network de Internews