Ordenan hacer pública la base de datos sobre población callejera del programa Hijos e hijas de la Ciudad

El 20 de septiembre de 2023 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el cual la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) ordenó suprimir el sistema de datos personales denominado ‘‘Niñas y niños fuera de peligro’’ perteneciente al programa ‘’Hijos e hijas de la Ciudad’’. Esta base de datos es el único instrumento con información relevante sobre las niñeces que se encontraban viviendo o transitando en las calles de 2017 a 2020.

De acuerdo con Ximena Mendoza, abogada de la organización El Caracol, el programa estaba hecho para que niñas y niños tuvieran servicios básicos de salud, alimentación, orientación familiar, psicológica, incluso actividades culturales, pero además ordenaba que se recabara información de niñeces que habitaban en la calle o que usualmente transitaban estos espacios. Datos valiosos en consideración de Mendoza, “porque conseguir información de niñas y niños que viven en la calle es muy complicado, justo por la falta de censos y de políticas públicas que posibiliten recolectar esta información”.

El programa Hijas e Hijos de la Ciudad fue implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), como una alternativa para ayudar a transformar la realidad de la población callejera, poniendo especial énfasis en las condiciones de edad, género y el fortalecimiento del tejido social. El objetivo principal, según su publicación oficial, era favorecer el reconocimiento, respeto, protección, promoción, goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas en riesgo de vivir en calle, así como quienes ya integraban la población callejera de la Ciudad de México.

“En aquel momento quien hizo el programa entendió que las mamás no tenían a sus hijos en la calle porque quisieran, sino porque no tenían con quién dejarlos. Nos parecía que el programa funcionaba bien; no resolvía la condición de pobreza, eso es otro boleto, pero al menos niñas y niños estaban con un buen nivel de atención por parte del Estado. No todas las mamás confiaban en que se llevaran a sus hijos, pero conforme avanzó el tiempo y vieron que se los regresaban y que no había riesgo de que se los quitaran de forma permanente, se animaban a integrarse al programa”, explica Enrique Hernández, director de El Caracol.

El 6 de noviembre 2023, poco más de un mes de publicado el decreto de la SIBISO en la Gaceta Oficial por el cual se eliminaría el registro de las niñeces de calle, El Caracol impugnó el acuerdo y ganó una demanda de amparo indirecto, solicitando la protección y justicia federal, ya que consideran que el decreto es violatorio de derechos humanos, entre ellos, el acceso a la información, así como a diversas obligaciones en materia de desaparición forzada y al interés superior de la niñez que se encuentra reconocido tanto nacional como internacionalmente, y que cobra mayor relevancia cuando las niñeces son pertenecientes a la población callejera.

La organización insistió en la importancia de mantener y hacer pública dicha información, ya que durante 2018 y parte del 2019 en la Ciudad de México se implementó un programa al que llamaron inicialmente ‘‘Operativo Colibrí’’, del cual no hay ningún registro. Posteriormente le cambiaron el nombre a ‘’Programa de Erradicación del Trabajo Infantil’’, con el cual institucionalizaron a un sinfín de niños y niñas de manera forzada y del cual la única información que se tiene es la base ‘’Niñas y niños fuera de peligro’’ que se creó a partir de su implementación, de acuerdo con Hernández.

En 2022 el diputado Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, hizo una solicitud para que se rindiera un informe detallado y pormenorizado respecto al diseño implementación y alcances del Operativo Colibrí, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta, según informa en entrevista.

“Nosotros hicimos recorridos por la zona del centro y platicando con personas de calle es que nos empezaron a contar de los casos en donde el Operativo Colibrí les quitaba a sus hijos y en la gran mayoría no los han podido recuperar y no ha sabido nada de ellos. Ahí es donde solicitamos información a través del Congreso y quedó en las comisiones sin posibilidad de discutirse”, dice Torres.

El diputado señala que se insistió en comparecencias, que se hicieron varias solicitudes de transparencia porque en la búsqueda se dieron cuenta que el llamado ‘’Operativo Colibrí’’ solo aparece en un par de minutas por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ciudad de México, por lo que no se sabe específicamente bajo qué criterios se creó, a cargo de qué dependencia, cómo se ejecutó o ejecuta y cuál es el seguimiento de las niñeces que se llevaron de la calle sin dar más información de los motivos y el paradero.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de enero de 2018 a junio de 2024 en la Ciudad de México han desaparecido 258 niñeces. La organización El Caracol vio importante sostener la base de datos del programa, ya que permitiría contrastar con información de organizaciones de familiares que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos y verificar, de existir coincidencias, en qué instancia estuvieron, cuánto tiempo, por qué motivo, bajo qué condiciones, entre otros datos que pudieran dar algún indicio.

“Nosotras argumentamos que la eliminación de los datos viola las obligaciones que tiene el Estado en materia de desaparición forzada”, enfatiza Mendoza. “Esta va relacionada al contexto nacional, pero también al contexto de la población callejera, ya que en los últimos años ha habido un aumento de la población callejera y particularmente de las niñas, niños y adolescentes. Las instituciones tienen la obligación de prevenir, erradicar e investigar la desaparición forzada. Esta base de datos que nosotros requerimos que no se eliminara pueden dar indicios de en dónde estaba la persona, con qué instituciones tuvo contacto, etc., por lo que era relevante en cuestión de posibles casos de desaparición”.

El Caracol presentó el amparo ante los juzgados de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México y fue el juzgado décimo quinto quien resolvió favorablemente. El 21 de mayo el juez convalidó el interés legítimo El Caracol, sentenció que la base ‘’Niñas y niños fuera de peligro’’ debe conservarse y ordenó a la SIBISO brindarle a El Caracol el acceso a la misma, así como a toda persona moral que tenga por objeto dar atención y seguimiento a personas que vivan en la calle y que lo soliciten.

“Para nosotras es un logro, porque el que se nos haya reconocido el interés legítimo nos permite seguir trabajando por los derechos humanos de la población callejera con una “validación” del Estado hacia el trabajo que El Caracol lleva haciendo más de 30 años. También ayuda a que la organización pueda seguir impugnando actos de autoridades que sean violatorios a los derechos de la población callejera”, confía la abogada de El Caracol.

La SIBISO tiene de plazo hasta este lunes 15 de julio para acatar la resolución del juez, aunque todavía puede impugnar. De acuerdo con el diputado Royfid, el Operativo Colibrí se sigue llevando a cabo igual que hace dos años, por lo que la insistencia de la clarificación de dicho programa, así como la transparencia de la información sobre las niñeces de población callejera es indispensable.