Miles de migrantes siguen varados en la frontera entre México y Estados Unidos por el Título 42

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A lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, miles de personas que buscan asilo se enfrentan a condiciones infrahumanas mientras esperan que el gobierno de Joe Biden pueda eliminar el Título 42, una política de salud pública implementada durante la era de Donald Trump para impedir la entrada de migrantes, bajo el argumento de que podían propagar el covid-19.

La administración Trump impuso el Título 42 al inicio de la pandemia, cuando no había vacunas ni tratamientos para detener las infecciones. Como resultado de ello, unas 55 mil personas, según estimaciones de la organización Strauss Center, han quedado varadas en la frontera, donde viven al aire libre en condiciones deplorables o en campamentos sin suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Muchos de ellos están expuestos también al crimen organizado que se aprovecha de su vulnerabilidad para extorsionarlos, secuestrarlos o incluso asesinarlos.

Cuando Biden llegó a la Casa Blanca trató de detener la aplicación de esa medida, no solo porque es cruel e inhumana y afecta a miles de niños, sino porque ahora se cuenta con vacunas y medicamentos para controlar la pandemia.

A finales de mayo de este año, los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) le dieron la razón a Biden y anunciaron que el Título 42 no tenía ya razón de implementarse porque el covid-19 se había contenido. Sin embargo, la Casa Blanca se vio atada de manos para cancelar la medida porque un juez federal emitió una orden de restricción. Desde entonces, el caso está en litigio.

El asunto de fondo es político. Aunque las autoridades sanitarias de Estados Unidos aseguran que la pandemia no debería utilizarse ya como un motivo para bloquear la entrada de migrantes, una coalición de 24 estados antiinmigrantes, entre ellos Texas, Arizona, Louisiana y Missouri, le han exigido a los autoridades judiciales que mantenga el Título 42 para detener la migración porque, desde su perspectiva, es una pesada carga para el país.

Drew Ensign, un abogado de Arizona que representa a quienes están a favor de mantener el Título 42, ha argumentado que la administración Biden no está preparada para el aumento en los cruces fronterizos que se dará si se levanta la medida. “Habrá una gran presión sobre los sistemas de salud, de educación y de la policía”.

Pero organizaciones como Physicians for Human Rights argumentan que, más allá de cualquier consideración política, el Título 42 causa un enorme daño a las familias de migrantes, muchas de ellas con niños, que están varadas en la frontera.

“Los trabajadores de la salud no solo han corroborado los altos niveles de violencia contra los migrantes en el norte de México, sino que han denunciado que los solicitantes de asilo expulsados de Estados Unidos se han visto obligados a vivir en condiciones cada vez más seguras e insalubres”, asegura un reporte de esa organización.

De manera similar, Human Rights Watch registró casi 10 mil ataques violentos en la frontera contra niños y adultos que habían sido expulsados bajo el Título 42, según un reporte que dieron a conocer en marzo.

Por ahora, no se ve una solución pronta en el horizonte. Las elecciones intermedias que tendrán lugar en noviembre han exacerbado las posturas antiinmigrantes. Los republicanos han aprovechado la crisis fronteriza para culpar a Biden del aumento en el flujo migratorio y exigirle que vuelva a imponer las medidas que puso en práctica Trump, entre ellas la construcción del muro entre México y Estados Unidos.