Yahoo Noticias México, el país de las impugnaciones tras unas elecciones que parecían no dejar dudas
En la historia se encuentra la explicación sobre el largo y meticuloso camino del proceso electoral de México. Tiene el objetivo de brindar certidumbre a los resultados electorales, transparentarlos para su aceptación por los contendientes, poner límites a los malos manejos en el proceso, sancionar a los infractores y finalmente legitimar el ejercicio del poder para el ganador.
Ahora nos encontramos en la etapa en la que, se dice, se “judicializa la política”. Es cuando se manifiestan las inconformidades de quienes consideran que en los procesos electorales hubo irregularidades y por lo tanto, expresan su desacuerdo con los resultados. Es decir, los impugnan. “Impugnar es cuestionar o contradecir una afirmación, argumento o decisión de otra persona.”
La justicia electoral mexicana prevé medios de impugnación con el propósito de “modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones que se ajusten a lo establecido en la legislación electoral respectiva y las normas constitucionales, convencionales y legales”. (Milenio, 4 de junio de 2024)
Para impugnar se deben presentar argumentos sólidos que cuestionen las afirmaciones de otro individuo. Implica llevar a cabo un análisis crítico con el objetivo de desmantelar las ideas contrarias.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la institución encargada procesar las impugnaciones que presenten los diferentes actores políticos, sean partidos o candidatos. Sus sentencias son inapelables.
El plazo para la presentación de impugnaciones venció la semana pasada. El TEPJF recibió más de 600 impugnaciones de los inconformes con los resultados electorales de los niveles federal estatal y municipal. Del total 230 son en contra de la elección presidencial, ninguna pide la anulación.
El Partido de la Revolución Democrática impugnó los resultados de 209 distritos electorales federales, en un intento por alcanzar el 3% de la votación para remontar el resultado y conservar su registro nacional. El partido Movimiento Ciudadano recurrió a este recurso con el propósito de recuperar posiciones en los estados de Jalisco y Nuevo León, entidades en las que ha sido fuerte, pero perdió Monterrey.
La elección presidencial se judicializó. Destaca la posición de Xóchitl Gálvez que en horas recientes manifestó que no impugnaría el resultado electoral y hasta pidió a sus seguidores apoyo para Claudia Sheinbaum. Su demanda es contra el presidente López Obrador, solicita que se “investigue y sancione” su intervención en la campaña, además de la injerencia del crimen organizado en algunas entidades.
El mayor número de impugnaciones a la presidencia es del PRD que presentó 185, el PAN dos y el PRI una. Por su parte MC 43. Por la vía del INE el PAN y el PRI presentaron juicios de inconformidad en contra de la elección presidencial. Consideran que se registraron múltiples irregularidades “plenamente acreditadas y no reparables durante el proceso electoral y que en forma evidente vulneraron los valores constitucionales, enmarcados en los principios de certeza, imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda”. (El Financiero, 12 de junio de 2024)
Aunque Morena ganó en la mayoría de las entidades no logró el triunfo para gobernador en Jalisco ni en Guanajuato, por lo que presentó las impugnaciones a los resultados electorales en esas entidades.
El plazo que tiene el TEPJF para dictar sus sentencias sobre las impugnaciones vence antes del inicio de los trabajos del Congreso de la Unión, el 1 de septiembre. Hasta entonces podrá entregar la constancia que declara vencedora a Sheinbaum y manifestará la integración definitiva de las cámaras de Diputados y Senadores.
Del total de impugnaciones ninguno cuestiona el resultado de casi 36 millones de votos para Claudia Sheinbaum. No obstante, se presentaron más de 600 impugnaciones, la mayoría del PRD, lo que abre la posibilidad de que los resultados en algunas posiciones federales, en la elección de diputados y senadores, pudieran cambiar y así modificar los resultados, anticipados por el PREP, relacionados con la sobre representación de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado.
Muchas de las inconformidades con los resultados electorales son sobre las elecciones legislativas, eso es lo que da sentido al elevado número de impugnaciones, recurso utilizado preferentemente cuando los resultados entre los adversarios son “cerrados”, menores al 5%, entonces se recurre al conteo de voto por voto o se anulan las elecciones y se decreta un nuevo proceso electoral. Podría ser el caso actual de Jalisco y la Ciudad de Monterrey, si los quejosos comprueban las irregularidades que plantean.
Paciencia, faltan tres meses. Si las impugnaciones avanzan, podría recuperarse el equilibrio de poderes en el Senado. Los que hicieron trampa podrían quedar fuera. Ellos lo saben. De todo este proceso judicial el único impune vive en Palacio Nacional.
