México suspende tarifa de 42 dólares para turistas que viajan en cruceros
El gobierno de Claudia Sheinbaum respondió a las quejas sobre la tarifa de 42 dólares por pasajero extranjero que viaje en cruceros a México, establecida en la Ley Federal de Derechos para este año, y emitió un decreto para eliminar completamente este impuesto durante algunos meses.
El Congreso de la Unión había aprobado este cobro, el cual se aplicaría a extranjeros que ingresaran al país por vía marítima. Sin embargo, ante críticas del sector turístico y diversas protestas, la administración optó por suspender temporalmente la medida, otorgando un estímulo fiscal que permitirá a los turistas evitar el pago durante los primeros seis meses del 2025.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicó el decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). Pese a que esta medida es una solución temporal, el gobierno aclaró que su propósito es respaldar al sector turístico, uno de los más golpeados por las consecuencias económicas de la pandemia.
Es importante recordar que esto sólo será valido durante el primer semestre del año, a partir del segundo, la tarifa para turistas en México será aplicada en los cruceros. Recordemos que la implementación de la tasa de 42 dólares desató múltiples críticas y esto fue lo que declaró la Asociación Mexicana de Agentes Navieros:
“De implementarse esta medida colocaría a los puertos turísticos mexicanos entre los más caros del mundo, afectando severamente la competitividad del país frente a los destinos del Caribe”
¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum sobre el impuesto a turistas de cruceros?
La Presidenta de México indicó el 19 de diciembre de 2024 que no se trataba de un nuevo impuesto, sino de un “derecho” que se actualizó. Asimismo recalcó que esta medida contribuirá a los ingresos nacionales y se considera en el presupuesto del año 2025.
Por eso mismo, el sector turístico puede estar tranquilo con respecto al cobro, pues la implementación se aplazará hasta junio 2025. Esta prórroga permite un tiempo adicional para que las compañías y el gobierno dialoguen y busquen ajustes de ser necesario.