Lo que hace Texas con los inmigrantes es una vergüenza propia de otras épocas

Si Texas fuera un país, y no solo uno de los 50 estados de Estados Unidos, sería la décima economía global, sede además de algunas de las principales compañías internacionales, como es el caso de HP, Dell o Tesla.

Buena parte de este éxito se sustenta en que existe un clima favorable para las empresas, sin impuestos corporativos ni sobre la renta personal, pero también a una potente fuerza de trabajo en la que los inmigrantes ocupan un lugar destacado.

De acuerdo a los datos del American Inmigration Council, uno de cada seis residentes en Texas es un inmigrante, mientras que también uno de cada seis es un nacido estadounidense, pero que tiene padre o madre inmigrante. Las cifras son contundentes y reflejan que cerca de un 33% de los habitantes de este estado han sido o son producto de la inmigración.

Sin su contribución, no se podría producir el desarrollo y el progreso de la economía texana hasta los niveles de los que puede presumir actualmente. De hecho, los inmigrantes representan el 20% de la fuerza laboral. Tal y como muestran las cifras, Texas, al ser un estado fronterizo con México, ha tenido siempre una historia que ha estado muy relacionada con la inmigración, por lo que resulta difícil de entender la cruzada que han iniciado las autoridades contra los indocumentados.

Los datos muestran que hay aproximadamente 1,8 millones de inmigrantes ilegales en Texas. Hablamos de gente que en algunos casos llevan viviendo en Estados Unidos los últimos 20 años (más de 400.000 personas) y que han contribuido con su fuerza laboral a convertir al estado en uno de los lugares más prósperos económicamente del planeta. En su mayor parte, cerca del 70%, son mexicanos, pero también hay otras nacionalidades como El Salvador, Honduras o Guatemala.

Gente que se marchó de sus países en busca de oportunidades laborales persiguiendo el sueño americano. Y sin embargo, el estado, liderado por el ultraconservador Greg Abbott, tiene en marcha una campaña radical que tiene, por un lado, el objetivo de echar a todos esos indocumentados y, por el otro, impedir que lleguen más personas foráneas.

Y para conseguir estas metas no duda en utilizar toda la maquinaria a su alcance, incluyendo elementos que parecen sacados de otras épocas. Uno de los más polémicos tiene que ver con la recompensa que ofrece Texas por denunciar ante la policía a los inmigrantes ilegales que hayan cruzado la frontera.

Por cada chivatazo, un ciudadano recibe 5.000 dólares. Prácticas estas, como la delación, que eran utilizadas en periodos como la II Guerra Mundial para identificar y castigar a los enemigos. Se premiaba al delator, mientras que el delatado se enfrentaba en muchas ocasiones a la tortura o incluso la muerte. Ahora es a la expulsión, pero parece que Texas ha olvidado sus raíces, sobre las que se asentó su bienestar.

La última medida no puede ser más cruel. Un muro flotante, hecho de boyas de púas, que el estado está instalando en el río Bravo para detener a los inmigrantes que lleguen por el agua.

Una barrera marina que podría causar numerosas muertes por ahogamiento y que además supone una violación a los tratados entre Estados Unidos y México.

Se puede llegar a entender que Estados Unidos busque que la inmigración sea legal y ordenada y que quiera evitar la entrada masiva de personas a su territorio, pero lo que no tiene ningún tipo de lógica es esta persecución cruel en el que se utilizan boyas con púas y se premia a la gente por delatar.

Una política perniciosa y dañina que va contra los derechos humanos. Mientras tanto, Texas continúa su progreso basando su progreso en la fuerza laboral inmigrante.

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