Yahoo Noticias Liberan a la alcaldesa de Cuicatlán, Oaxaca, encarcelada por pobladores y acusada de presunto enriquecimiento ilícito
Tras 24 horas de estar retenida, tanto la alcaldesa de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, Maribel Mariscal, como un grupo de funcionarios y regidores fueron liberados, luego de que pobladores los encarcelaran bajo el argumento de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Los habitantes reclaman que las autoridades municipales no realizaron obras públicas que prometieron y tampoco destinaron los recursos asignados a problemáticas del pueblo, por lo que desde la noche del 17 de julio, la titular del ayuntamiento y tres integrantes de su Cabildo fueron trasladados a la prisión municipal, pese a que no existen denuncias formales contra dichas autoridades.
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La liberación ocurrió desde la noche del jueves, luego de que representantes del gobierno de Oaxaca intervinieran y llegaran a un acuerdo con la comunidad, tras realizarse una mesa de diálogo con los inconformes en la que participaron integrantes de la subsecretaría de Fortalecimiento Municipal y los Delegados de Paz para atender la situación.
Los otros funcionarios liberados son Ismael Playas Ramos, regidor de Obras; Fátima Mariscal Sandoval, secretaria municipal, y Luis Alberto Alcázar Chacón, tesorero.
El jueves por la mañana, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en conferencia de prensa, llamó a la población a permitir la liberación de la presidenta, pues la retención es un delito y calificó los hechos como una medida de presión.
“Nunca vamos a avalar que a través de la violencia o este tipo de presiones, o juicios sumarios, se pretendan resolver conflictos en los municipios. Tenemos la experiencia que esa ruta lo único que provoca es división y econo”, señaló.
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El funcionario señaló que este tipo de detenciones ciudadanas, en donde se exige la presencia de altos funcionarios, se ha vuelto un mecanismo en el estado, lo cual crítico al decir que “no estamos como en las películas de Hollywood” ya que quienes lo realizan están cometiendo un delito.
Sin embargo, reconoció que los pobladores tienen derecho a saber qué pasa con sus recursos y cómo son usados.
