Yahoo Noticias Ley del Bienestar en CDMX: oposición acusa que se omite participación de alcaldías en planeación de programas sociales
El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general, con 57 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, aunque al desahogar las reservas, la sesión se suspendió ante la falta de quórum.
Dicha legislación centraliza la política social en el Gobierno de la Ciudad de México y omite la participación de las alcaldías de la planeación de los programas sociales, estrategias y políticas de bienestar, según alertó la oposición.
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Esta iniciativa fue enviada por el jefe de Gobierno de CDMX, Martí Batres, aunque fue modificada por la comisión presidida por el morenista Alberto Martínez Urincho, dejando fuera a las alcaldías de la política de bienestar, argumentando que la Constitución Política de la Ciudad de México sólo dota a las alcaldías con el poder de implementar dichos programas y políticas sociales, más no de participar en su planeación.
“Sin justificación suficiente, la comisión dictaminadora modifica la iniciativa original, eliminando las acciones de las alcaldías en, por lo menos, 10 disposiciones de esta ley”, advirtió durante la sesión del 23 de mayo la diputada del PRD, Polimnia Sierra.
Qué propone la iniciativa sobre la Ley del Bienestar
La iniciativa propone la eliminación de las atribuciones de las alcaldías en materia de Desarrollo Social, así como los órganos de consulta, de coordinación y evaluación para sustituirlos por la Comisión Coordinadora del Sistema General de Bienestar Social como órgano encargado de articular, coordinar, monitorear y vigilar la implementación de la política de igualdad y bienestar, sin la participación de las alcaldías.
“Se observa en el dictamen una centralización de las políticas de desarrollo social que dejan fuera de la coordinación a las alcaldías, por tanto, no se puede hablar de una Comisión Coordinadora del Sistema General de Bienestar Social, pues no toma en cuenta a la administración de las demarcaciones territoriales que la integran”, insistió Sierra.
Según el dictamen, “de no hacer el cambio propuesto, y en consecuencia mantener las referencias a las alcaldías, podrían generarse vicios de interpretación, que se traducirían en duplicidades o contradicciones en la generación y ejecución de las políticas de bienestar a que se refiere la Ley, en detrimento de los grupos de población a los que están dirigidos”.
Estos son unos ejemplos de algunos artículos que se buscan modificar, omitiendo a las alcaldías.
De acuerdo con Martí Batres, esta iniciativa busca brindar una vida digna y libre de pobreza a la ciudadanía, mediante políticas públicas universales de atención integral en materia de agua, vivienda, educación, salud, espacio público, medio ambiente, trabajo, cuidados, tiempo libre y acceso a internet, con el fin de construir un Estado de Bienestar.
En la iniciativa de ley se definen grupos prioritarios de atención: jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes, población de calle, población LGBTQ+, personas dependientes de cuidados, cuidadores y cuidadoras, personas en reinserción social, mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de pobreza.
Dictamen no propone desaparecer los programas sociales de las alcaldías
Diputados de oposición han asegurado que el dictamen de dicha ley pretende eliminar los programas sociales en las alcaldías de la capital; sin embargo, el dictamen no habla de su desaparición.
Al respecto, el grupo parlamentario de Morena señaló: “Esta iniciativa del Jefe de Gobierno, en ninguna de sus partes refiere programa social alguno que vaya a ser eliminado. Esa afirmación es abusiva y desproporcionada, sobre todo porque nuestro movimiento ha centrado la justificación misma de su existencia desde su nacimiento, en el fortalecimiento y ampliación de los derechos sociales del pueblo de México y en lo que a nosotros corresponde en la Ciudad de México”.
“Además de estas prácticas abusivas para obstruir los trabajos legislativos, han montado en redes una campaña de desinformación con la falsedad de que la nueva Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México es atentatoria de los programas sociales para las alcaldías. Nada más falso y mal intencionado, pues mediante la lectura seria del dictamen y la aplicación integral de las normas relativas a las alcaldías, se puede observar con claridad que este orden de gobierno podrá continuar con el ejercicio y aplicación de los programas sociales que hasta el momento han puesto en marcha, así como otros que decidieran implementar en el futuro”, refiere.
