Juez programa audiencia de sentencia de Trump para el 10 de enero; indica que no habrá cárcel

NUEVA YORK (AP) — En un extraordinario desarrollo, un juez programó para el 10 de enero la audiencia de sentencia del presidente electo Donald Trump en el proceso que se le sigue por hacer pagos para ocultar información desfavorable, poco más de una semana antes de que Trump regrese a la Casa Blanca, pero indicó que no será encarcelado.

Sin embargo, este desarrollo deja a Trump en camino de ser el primer presidente de Estados Unidos en asumir el cargo habiendo sido declarado culpable de delitos graves.

El juez de Manhattan Juan M. Merchan, quien presidió el juicio de Trump, señaló en una decisión escrita que sentenciaría al ex y futuro presidente a lo que se conoce como descargo incondicional, en el que se mantiene una declaración de culpabilidad pero el proceso se cierra sin tiempo en prisión, multa o libertad condicional. Trump puede comparecer en forma virtual para la sentencia, si así lo decide.

Tras rechazar la presión de Trump para desestimar el veredicto y para desechar el caso por motivos de inmunidad presidencial y debido a su próximo segundo mandato, Merchan escribió que la única manera de servir a los intereses de la justicia era “finiquitar este asunto”.

Merchan escribió que buscó equilibrar la capacidad de Trump para gobernar “sin trabas” por el caso, el fallo de julio de la Corte Suprema federal sobre la inmunidad presidencial, la expectativa pública de que “todos somos iguales y nadie está por encima de la ley”, y la importancia de proteger el veredicto del jurado.

“Este tribunal simplemente no está convencido de que el primer factor pese más que los otros en esta etapa del procedimiento”, escribió Merchan en un fallo de 18 páginas.

Trump atacó a Merchan en su plataforma Truth Social el viernes, escribiendo que “sería el fin de la presidencia tal como la conocemos” si se permite que se mantenga la decisión del juez.

Repitió sus afirmaciones de que el caso era un “ataque político ilegítimo” y “nada más que una farsa amañada” perpetrada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata. No indicó cuáles serían sus próximos pasos legales.

La oficina de Bragg declinó comentar sobre la decisión de Merchan.

La exjueza de Manhattan Diane Kiesel dijo que la decisión no puede ser apelada bajo la ley de Nueva York, pero Trump podría intentar apelarla de todos modos. En cualquier caso, puede apelar la declaración de culpabilidad —un paso que no se puede tomar hasta que sea sentenciado—, pero no podrá indultarse a sí mismo. El caso se juzgó en un tribunal estatal, pero los indultos presidenciales sólo se aplican a delitos federales.

Trump asume la presidencia el 20 de enero como el primer expresidente que ha sido declarado culpable de un delito y el primer delincuente condenado en ser elegido para el cargo.

El exmandatario republicano fue declarado culpable en mayo de 34 cargos de falsificar registros comerciales.

Los cargos involucraban un supuesto ardid para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels en las últimas semanas de la primera campaña de Trump en 2016. El pago se realizó para evitar que Daniels publicara afirmaciones de que había sostenido relaciones sexuales con Trump años antes, cuando ya estaba casado. Trump dice que la versión es falsa y que no cometió ningún delito.

El caso se centró en cómo Trump contabilizó el reembolso a Michael Cohen, su abogado personal en ese momento, por el pago a Daniels. Cohen calificó la decisión de Merchan de seguir adelante con la sentencia de “juiciosa y apropiada”.

La declaración de culpabilidad había dejado a Trump, de 78 años, ante la posibilidad de un castigo que iba desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión. Su sentencia inicialmente estaba programada para el 11 de julio pasado, pero se pospuso dos veces a solicitud de la defensa.

Después de que Trump fue elegido el 5 de noviembre, Merchan suspendió los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran opinar sobre el futuro del caso.

Los abogados de Trump instaron a Merchan a desecharlo. Dijeron que de lo contrario representaría interrupciones inconstitucionales para la capacidad del presidente entrante de dirigir el país.

Los fiscales reconocieron que debería haber algún tipo de adaptación para su próxima presidencia, pero insistieron en que la declaración de culpabilidad debería mantenerse.

Sugirieron varias opciones, como congelar el caso durante su mandato o garantizarle una sentencia sin cárcel. También propusieron cerrar el caso mientras se dejaba constancia tanto de su declaración de culpabilidad como de su apelación no resuelta, una idea extraída de lo que algunos tribunales estatales hacen cuando los acusados fallecen mientras apelan sus casos.

Merchan dictaminó que el estado actual de Trump como presidente electo no le otorga la misma inmunidad que a un presidente en funciones. Dejar de lado el veredicto y desestimar el caso sería un paso “drástico” y “socavaría el Estado de derecho de maneras inconmensurables”, escribió Merchan.

Antes de que Trump fuese elegido en noviembre, sus abogados intentaron revocar su declaración de culpabilidad por una razón diferente: una decisión de la Corte Suprema federal en julio que otorgó a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesos penales.

Trump era un ciudadano privado —haciendo campaña para presidente, pero ni elegido ni juramentado—cuando Cohen pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando se reembolsó a Cohen, y Cohen testificó que discutieron el arreglo de reembolso en el Despacho Oval.

Los abogados de Trump sostuvieron que el jurado recibió algunas pruebas que deberían haber estado protegidas por la inmunidad presidencial. Merchan luego rechazó ese argumento, pero luego la elección planteó nuevos problemas.

Trump también trató de trasladar el caso a un tribunal federal, donde también podría alegar que gozaba de inmunidad. Un juez federal dijo repetidamente que no, pero Trump apeló.

El caso de los pagos a Daniels fue el único de los cuatro procesos penales contra Trump que llegó a juicio.

Desde los comicios, el fiscal especial Jack Smith ha puesto fin a sus dos casos federales. Uno abordaba los intentos de Trump de anular su derrota electoral de 2020; el otro los acusaba de acopiar documentos secretos en su propiedad de Mar-a-Lago.

Un caso separado de interferencia electoral a nivel estatal en Georgia está en el limbo después de que un tribunal de apelaciones removiera a la fiscal Fani Willis del caso.

Los abogados de Trump argumentaron que la decisión de Smith de desestimar las acusaciones federales contra Trump significaba que todos los casos penales contra él debían cesar de inmediato. Pero Merchan dijo que encontró ese argumento poco convincente, señalando que el caso en el estado de Nueva York estaba en una etapa “enormemente” diferente.

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El periodista de The Associated Press Larry Neumeister contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.