Yahoo Noticias Jefe de ICE: EEUU busca reanudar deportaciones a Venezuela y aumentar repatriaciones a Cuba
Uno de los principales funcionarios de inmigración de Estados Unidos quiere que el gobierno federal reanude los vuelos de deportación directa a Venezuela y aumente las repatriaciones a Cuba, dos países desde los que cientos de miles de inmigrantes han intentado llegar a Estados Unidos en los últimos años.
“Me encantaría aumentarlos. Todavía estamos dialogando e intentándolo”, dijo al Miami Herald/el Nuevo Herald Patrick J. Lechleitner, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sobre las deportaciones a La Habana.
Lechleitner, un funcionario con experiencia en el cumplimiento de la ley, ha estado en el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, desde su creación. No quiso dar más detalles sobre las negociaciones en curso con los gobiernos de ambas naciones.
El jefe de la dependencia declaró al Herald que el ICE tiene que navegar por “un entorno internacional muy dinámico” en medio de vuelos de deportación cuya frecuencia puede fluctuar en función de si un gobierno extranjero está abierto a acoger a sus ciudadanos en un momento dado, una variable que escapa al control de su dependencia. El Departamento de Estado se encarga de la política exterior y de dialogar con los gobiernos extranjeros.
“Hay ciertos países en el mundo con los que es definitivamente más difícil tratar. Algunos muy pequeños simplemente no quieren recuperar a su gente. Trabajamos constantemente con ellos para que acepten a sus ciudadanos”, explicó. “Pero no es algo nuevo. Es un problema constante al que siempre tenemos que enfrentarnos”.
Las deportaciones estadounidenses dependen de las condiciones en esos países, los recursos federales disponibles y el estado de las relaciones diplomáticas, entre otros factores. Los vuelos de deportación a Cuba se detuvieron durante la pandemia del COVID-19 y se reanudaron de nuevo la pasada primavera.
Ha habido un promedio de un vuelo a Cuba al mes durante los últimos 14 meses, según el analista independiente Tom Cartwright, que ha dado seguimiento a las deportaciones estadounidenses durante años y es activista de Witness at the Border.
Mientras tanto, el último vuelo de deportación a Venezuela tuvo lugar en enero, poco después de que Estados Unidos anunciara sanciones cuando Venezuela prohibió a los candidatos de la oposición postularse a las próximas elecciones presidenciales. En total, los datos federales disponibles muestran que la dependencia deportó a 122 cubanos y 1,553 venezolanos entre octubre y diciembre de 2023.
Los desafíos en torno a la devolución de personas a Venezuela y Cuba reflejan las dificultades que enfrenta Estados Unidos para deportar a migrantes a algunos países que han sido fuentes significativas de migración en los últimos años. Varios países del hemisferio occidental enfrentan crisis socioeconómicas y políticas, lo que plantea un panorama difícil para los gobiernos de la región en su intento de abordar las causas profundas de la migración.
‘El sistema de inmigración no es punitivo’
Las deportaciones a Haití se detuvieron temporalmente a principios de este año, en medio de una insurgencia de pandillas que amenaza con derrocar al gobierno. Desde entonces, las pandillas han sacado de prisión a miles de reclusos, han matado a agentes de policía y han destrozado e incendiado escuelas, hospitales y barrios.
La violencia de las pandillas en Haití dejó aproximadamente 2,500 muertos o heridos en los tres primeros meses de este año.
Casi 580,000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, según un reciente informe de Naciones Unidas.
La reanudación de las deportaciones a Haití en abril desató la furia entre los activistas por los derechos de los haitianos y los grupos de defensa de la inmigración que llevan años pidiendo al gobierno de Biden que detenga los vuelos a ese país. Activistas han señalado que el gobierno de Estados Unidos evacuó a sus propios ciudadanos de Haití a principios de este año, y que la administración de Biden ha ampliado dos veces el Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití para que más haitianos que ya están en Estados Unidos puedan beneficiarse de las protecciones de deportación y autorizaciones de trabajo del programa.
Lechleitner dijo que los vuelos de deportación continúan porque el gobierno federal quiere “asegurarse de que sigue habiendo una consecuencia para la migración irregular”.
“Hay una forma en la que deberían estar entrando y hay una forma en la que no deberían, así que tiene que haber una consecuencia de esto cuando lo están haciendo indebidamente”, dijo.
Lechleitner dijo al Herald que la dependencia está dando prioridad a la deportación de personas que suponen un riesgo para la seguridad pública, y que está trabajando estrechamente con el Departamento de Estado y organizaciones no gubernamentales para determinar si es lo suficientemente seguro hacer una repatriación. Entre el 1 de octubre de 2023 y febrero de este año, el ICE ha deportado a 201 ciudadanos haitianos, según datos de la dependencia.
A mediados de junio, la dependencia no tenía ningún vuelo de deportación programado a Puerto Príncipe, dijo el director del ICE. La capital haitiana es un foco de violencia entre pandillas. Los vuelos recientes han aterrizado en Cabo Haitiano, ciudad portuaria de la costa norte. El director de la oficina de migración de Haití declaró al Herald a principios de este año que los haitianos devueltos en vuelos de deportación proceden de todo el país y deben atravesar carreteras y barrios controlados por pandillas armadas para regresar a sus ciudades y pueblos.
LEA MÁS: ¿A qué consulado ir para viajar a Europa en verano? Estos 10 países aprueban más visas
“Queremos hacerlo de la manera correcta. Y si los datos apuntan a que la verdad sobre el terreno y lo que acordamos colectivamente es que no es seguro hacerlo, no lo hacemos”, dijo Lechleitner. “Pero no lo hacemos en el vacío. Lo hacemos con nuestros socios del Departamento de Estado, organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas para asegurarnos de que podemos hacerlo”.
Tras un vuelo de deportación a mediados de mayo, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados instó al gobierno de Biden a “abstenerse de devolver por la fuerza a haitianos que pueden correr riesgos de muerte o sufrir nuevos desplazamientos”. Lechleitner reconoció la preocupación que suscita el envío de personas de vuelta a Haití en medio de la inestable situación del país.
“Nunca queremos repatriar a una persona a una zona donde no sea segura o pueda sufrir algún tipo de daño. Esa no es la intención. Nuestro sistema de inmigración no es punitivo”, afirmó.
‘Cautelosamente optimistas’
Una de las formas en que Estados Unidos ha aumentado la deportación de inmigrantes procedentes de lugares reacios a acogerlos es mediante acuerdos con México, un socio clave del gobierno federal en asuntos de inmigración en todo el hemisferio occidental.
Cuando el gobierno de Biden puso en marcha un programa de libertad condicional humanitaria para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, también anunció que México había aceptado acoger cada mes a hasta 30,000 personas de esos cuatro países que se presentaran en la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo recientemente que le gustaría que Estados Unidos deportara a más personas directamente a sus países de origen, dado que Cuba y Venezuela aceptan a los migrantes que Estados Unidos ha devuelto a su país.
Entre otras medidas de gran repercusión que Biden ha tomado en las últimas semanas para frenar la inmigración ilegal está el establecimiento de límites de asilo para los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera estadounidense siempre que las autoridades de inmigración registren un cierto promedio de encuentros por semana.
La administración dijo que esta política aumentaría la capacidad de control fronterizo y facilitaría la deportación de personas que no tienen base legal para quedarse. Activistas de los inmigrantes y grupos de defensa de los derechos civiles han llevado al gobierno de Biden ante los tribunales federales por esta medida, alegando que constituye una infracción de la legislación internacional y estadounidense en materia de asilo. Casi dos semanas después, la administración anunció un programa que facilitará a cerca de medio millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y a sus hijos la solicitud de tarjetas de residencia.
El ICE se está coordinando con otros departamentos de Seguridad Nacional porque la dependencia se encargará de procesar, detener y deportar a los inmigrantes para llevar a cabo la orden ejecutiva, dijo Lechleitner. Añadió que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración realizarán “la mayor parte del trabajo pesado” relacionado con la orden de Biden.
El ICE, que lleva años sufriendo una escasez crónica de fondos y personal, anunció a principios de este mes que analizaría sus contratos con las compañías de vuelos chárter para asegurarse de que realizaba el mayor número posible de vuelos de deportación. La dependencia también dijo que cerraría un centro de detención en Texas para destinar fondos a ampliar la capacidad total de sus camas. La dependencia todavía está en proceso de identificar qué centros verán un aumento de camas, dijo su director en funciones.
Activistas y expertos han planteado dudas de que el ICE pueda aumentar significativamente el número de vuelos de deportación para responder a la nueva orden sin un aumento de la financiación o los recursos. La orden presidencial no prevé fondos ni personal adicionales. Pero Lechleitner dijo que es “cautelosamente optimista de que vamos a estar en un lugar mejor de lo que estábamos”.
“Todavía estamos estudiando cómo optimizar todo lo que tenemos. Pero seguimos teniendo ancho de banda”, dijo sobre los vuelos de deportación.
Lechleitner también dijo al Herald que está de acuerdo con la valoración del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de que el sistema de inmigración necesita una reforma, y que le gustaría que su dependencia dispusiera de más recursos para llevar a cabo las tareas de aplicación de la ley. El gobierno de Biden ha pedido repetidamente al Congreso que reforme el sistema de inmigración estadounidense, afirmando que la capacidad de hacer arreglos es limitada sin una nueva acción legislativa.
“Queremos fomentar la inmigración legal y la inmigración adecuada, y realmente desalentar la inmigración ilegítima”, dijo Lechleitner. “Simplemente no podemos hacer cumplir a nuestra manera, arrestar a nuestra manera, detener o repatriar a nuestra manera para salir de esto”.
¿Quieres la green card o ciudadanía de EEUU? Evita formularios impresos por estos motivos
