Yahoo Noticias Fiscalía electoral llega al 2 de junio con 4,733 investigaciones pendientes de elecciones pasadas y menos presupuesto
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) llegó a las elecciones 2024 -consideradas como el proceso más grande en la historia de México- con “un aparato administrativo reducido”, más de 4 mil investigaciones pendientes por resolver de jornadas electorales pasadas y menos presupuesto que en las elecciones de 2018 y 2021.
Así lo señala un informe de la propia Fiscalía Electoral y diversas fuentes públicas consultadas por Animal Político previo a la jornada electoral de este domingo 2 de junio de 2024, en el que se celebrarán comicios para elegir presidencia de la República y más de 20 mil cargos de representación popular del país.
A este panorama se suman otros desafíos como el uso de programas sociales con fines electorales, el financiamiento ilícito de campañas políticas, la violencia y el fraude electoral, la compra del voto y los actos anticipados de campaña, así como la violencia política contra las mujeres en razón de género, problemáticas que han sido reconocidas por las autoridades, pero que no han sido solucionadas por ellas, según lo señalan diversos expertos en la materia.
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“Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Y en los hechos, por un lado, vemos todas estas malas prácticas y estas conductas que demeritan la calidad de la elección y por otro lado vemos una autoridad electoral como es la Fiscalía que no hace su trabajo”, dijo el abogado Arturo Espinosa, especialista en temas electorales, en entrevista para Animal Político.
Fiscalía Electoral reconoce tener un “aparato administrativo reducido”
El 19 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Estatuto Orgánico de la FGR en el que se estableció que la estructura de la FISEL se conformaría por la Fiscalía Especial de Delitos Electorales y por la Fiscalía Especial para Asuntos Relevantes o de Alta Complejidad en Materia Electoral.
Para ello, se estableció que la Fiscalía Electoral contaría con una Ventanilla Única de Atención, una Secretaría Técnica y las subunidades Administrativas de Apoyo al Proceso Sustantivo, de Amparo, de Apoyo Jurídico, de Políticas Públicas, de Control y Apoyo Técnico Jurídico a la Litigación y del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto, entre otros.
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Pero a inicios de año, el fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti entregó al Congreso de la Unión el informe anual de actividades 2023 de la Fiscalía Electoral, documento en el que reconoció que “el aparato administrativo de la FISEL es reducido”.
“Sin embargo, el apoyo de las personas servidoras públicas de la FGR, distribuidas en las 32 delegaciones a lo largo del país, constituyen un estado de fuerza institucional suficiente para dar respuesta a las necesidades presentadas con motivo del proceso electoral concurrente en el que nos encontramos”, aseguró el fiscal Ortiz Pinchetti en el mismo documento.
Datos de las plazas vacantes y ocupadas de la Fiscalía General de la República (FGR), radicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), refieren que al finalizar el 2023 la Fiscalía Electoral contaba con 76 plazas, de las cuales 70 estaban ocupadas y 6 estaban vacantes.
No obstante, al iniciar el 2024, esta cifra cambió al pasar a solo 66 plazas ocupadas y 10 vacantes, con actualización a 31 de marzo.
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¿Por qué es importante la Fiscalía Electoral y su equipo?
Dichos puestos son importantes no sólo porque estos funcionarios son los encargados de establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno e investigar y perseguir los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sino porque además realizan despliegues ministeriales en todo el país a partir de este 27 de mayo y hasta el 3 de junio de 2024.
El propio fiscal electoral Ortiz Pinchetti informó a través de una tarjeta informativa del 26 de mayo de 2024 que la FISEL activó dicho despliegue ministerial en el que, además de atender las denuncias en los estados, el personal de la Fiscalía Electoral tendrá entre sus tareas realizar “acciones de blindaje electoral, es decir, participar en el resguardo de inmuebles y vehículos oficiales del Gobierno Federal, así como continuar con las mesas de seguridad y paz locales”.
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Días antes habían informado que el Sistema de Atención FISETEL cuenta con un equipo de 100 operadores telefónicos que “ayudarán a los ciudadanos con sus dudas, y en su caso, para levantar una denuncia que será turnada a los ministerios públicos especializados en delitos electorales”, sin mencionar cambios en la estructura base del órgano electoral.
En ocho años, la FISEL inicia más de 4 mil investigaciones, pero lleva ante un juez sólo 77
En el informe presentado por la Fiscalía Electoral ante el Congreso de la Unión también se da cuenta de las carpetas de investigación iniciadas, terminadas y en trámite desde el año 2015 y hasta el 2023, en el que señala que debido a la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la FGR se recibió un “rezago importante en cuanto al número de carpetas de investigación, averiguaciones previas y archivo temporal”.
Respecto a las carpetas de investigación iniciadas en este periodo, la Fiscalía Electoral señaló que, del año 2015 al 15 de octubre de 2019, se tenían en trámite 2 mil 17 asuntos y con la implementación del nuevo Modelo Colaborativo Institucional (MCI), del 16 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2023, se han iniciado 2 mil 716 carpetas de investigación. Es decir, 4 mil 733 carpetas de investigación en ocho años.
En contraste, informó que a enero de 2023 se tenían en trámite sólo 733 asuntos, de los cuales al finalizar el año se habían logrado judicializar -es decir, llevar ante un juez- solo 77 carpetas de investigación, lo que representó el 10% del total con el que arrancaron el año.
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“Sin embargo, en un gran número de ellas aún no se cuenta con fecha y hora para verificar la audiencia inicial y, en otras más, las audiencias están agendadas para los primeros meses del ejercicio fiscal 2024; por lo tanto, dichas judicializaciones no han llegado a la etapa procesal de la vinculación a proceso. En otras judicializaciones, no se logró notificar a las personas imputadas, por lo que la persona agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que al no obtenerse por parte del Juez de Control por diversas razones, se optó por regresar los asuntos a trámite o proponer el No Ejercicio de la Acción Penal, principalmente”, señaló.
De esta forma, durante el año pasado solo se reportaron 16 vinculaciones a proceso por diversos delitos electorales, en su mayoría por alterar o participar en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, así como en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.
Ya al finalizar el año, de las 733 carpetas de investigación en trámite con las que inició, la Fiscalía Electoral reconoció mantener en trámite 537 carpetas de investigación divididas en tres periodos:
“Del periodo comprendido entre 2015 y 2018, se encuentran en trámite 34 expedientes en rezago, mientras que del periodo comprendido entre 2019 y 2021 continúan en trámite 258 carpetas de investigación, así como 245 carpetas de investigación de los años 2022 y 2023”.
Por ello, aclaró que las acciones y resultados que se reportaron en el informe presentado ante el Congreso de la Unión en su mayoría abarcan datos del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
Así, durante el año 2023, informó que la Ventanilla Única brindó atención a un total de 4 mil 561 usuarios, que incluyeron la recepción de 279 denuncias ciudadanas ingresadas en la propia Ventanilla Única de Atención o a través de los Sistemas de Atención Ciudadana FISENET o FISETEL, de las cuales se encuentran determinadas -es decir, con algún tipo de resolución- 144 carpetas (52%) y 135 en trámite (48%).
Sin embargo, nuevamente de las carpetas de investigación terminadas señaló que 64 corresponden a abstenciones de investigar -es decir, que por algún motivo la Fiscalía decidió no investigar los delitos-, 8 al No Ejercicio de la Acción Penal -en las que concluyó que no existía delito que perseguir-, 33 de incompetencia -en las que señaló que no tenía atribuciones para investigar los delitos-, 37 por acumulación -que agregó a expedientes de otros casos o materias-, un cancelada y solamente una judicializada.
Hace más de 10 años, el Congreso de la Unión expidió la Ley General en Materia de Delitos Electorales, misma que ha sido reformada en cinco ocasiones, siendo una de las más significativas la publicada el 13 de abril de 2020 en la que se conceptualizó y tipificó a la violencia política contra las mujeres en razón de género como delito que amerita pena privativa de la libertad hasta por seis años.
En ese sentido, la Fiscalía Electoral también informó que entre el 2022 y el 2023 ha judicializado 5 carpetas de investigación por este delito, denuncias que fueron promovidas por una senadora de Aguascalientes, una candidata a diputada federal en Hidalgo, una excandidata a diputada federal en Baja California Sur, y dos candidatas a diputadas federales de Jalisco y Oaxaca, hechos que en todos los casos se señalan como responsables a medios de comunicación.
Pese a lo anterior, nuevamente la Fiscalía Electoral especifica que, de las cinco carpetas de investigación judicializadas, 2 habían sido sobreseídas -es decir, suspendidas- y solo una más se encontraba en suspensión condicional del proceso.
Animal Político solicitó a la FISEL el número de denuncias y carpetas de investigación que han iniciado durante el 2024, pero por motivos del “sigilo en las investigaciones” el órgano electoral negó conceder la numeralia de estas investigaciones y el estado que guardan.
Recortan presupuesto de la Fiscalía Electoral
Un último aspecto que relucir respecto al estado al que llega la Fiscalía Electoral a las elecciones 2024 tiene que ver con el presupuesto que la Cámara de Diputados le asignó mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este ejercicio fiscal, en el que le autorizó un total de 198 millones 222 mil 602 pesos.
Ello representa un recorte presupuestal del 7.3% respecto al ejercicio fiscal para las elecciones del 2018, en el que la Fiscalía Electoral contó con 213 millones 908 mil 619.36 pesos y de 6.52% para las elecciones de 2021, en las recibió 212 millones 034 mil 103.90 pesos, cifras deflactadas al cambio de moneda actual.
El recorte es aún más relevante si se toma en cuenta que durante este proceso federal no sólo se renovará la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es decir, 629 cargo públicos de elección federal.
Sino que además se espera que más de 98 millones de mexicanas y mexicanos puedan salir a votar para elegir 1 mil 98 diputaciones locales, 1 mil 802 presidencias municipales y alcaldías, 1 mil sindicaturas, 14 mil 219 regidurías, 204 concejales en la Ciudad de México y 431 cargos auxiliares en los estados de Campeche y Tlaxcala.
Para el abogado Arturo Espinosa, especialista en temas electorales, este tipo de recortes presupuestales es solo una prueba más de la poca importancia que las autoridades le dan a los delitos en materia electoral y el combate a las malas prácticas en materia electoral.
“Es una muestra de la incongruencia: por un lado, dicen y establecen que un delito es el fraude electoral, el uso de programas sociales con fines electorales, hablan de ser los más democráticos, pero por el otro lado, a las instituciones electorales, a las autoridades que se encargan de perseguir, de investigar este tipo de malas prácticas, les quitan presupuesto, en los hechos las desmantelan, las debilitan. Ya sea no haciendo las designaciones, recortando presupuesto, poniendo personas ahí afines, etcétera”, señala.
Este tipo de prácticas, además, termina afectando a las elecciones en términos de la seguridad en la contienda, pues la Fiscalía Electoral, a través de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en materia de Delitos Electorales, realiza también documentos de análisis de riesgo, a fin de responder a las necesidades de planeación de las acciones a seguir durante la jornada electoral.
La información contenida en dicha herramienta se integra por información como posicionamiento de las fuerzas policiales, aspectos demográficos, datos de seguridad y justicia, riesgo de cooptación de autoridades, incidencia delictiva en materia electoral, beneficiarios y presupuestos destinados a programas sociales, entre otros.
