Yahoo Noticias Es falso que un proyecto busca que hermano de argentino fallecido en 2017 devuelva dinero estatal
El 10 de mayo de 2024, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la causa de Santiago Maldonado, activista de 23 años que fue encontrado ahogado a orillas del río Chubut, Argentina, el 17 de octubre de 2017. En ese contexto, más de 1.500 usuarios volvieron a compartir en redes sociales la afirmación de que en el Congreso hay un proyecto para que su hermano, Sergio Maldonado, “devuelva” el dinero que “se llevó del Estado por la falsa desaparición forzada” de Santiago. Sin embargo, no se ha presentado ninguna propuesta de esas características.
“Presentaron un proyecto para que Sergio Maldonado devuelva hasta el último centavo que se llevó del Estado por la falsa ‘desaparición forzada’ de su hermano”, se lee en publicaciones en X que circulan desde 2022 (1, 2), y que han vuelto a compartirse en mayo de 2024.
Las mismas aseveraciones se encuentran también en Facebook e Instagram.
Santiago Maldonado, un joven de 23 años activista y artesano, desapareció el 1 de agosto de 2017 durante la represión de gendarmería a una protesta de la comunidad mapuche en el sur argentino.
Luego de 78 días, su cuerpo fue encontrado en la orilla del río Chubut. La familia de Maldonado denunció el hecho, y sostiene que se trató de una desaparición forzada por parte de la fuerza pública.
En noviembre de 2018, el juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral, decidió cerrar los expedientes sobre desaparición forzada por entender que se trató de una muerte accidental, y sobreseyó al gendarme Emmanuel Echazú, único imputado entonces.
En septiembre de 2019 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento. Si bien rechazó la hipótesis de la desaparición forzada, instó a la reconstrucción de los hechos previos a la muerte de Maldonado, lo que llevó en 2021 a indagar a los gendarmes Juan Pablo Escola, Marcelo Ferreyra y Víctor Vaquila Ocampo, quienes fueron sobreseídos en 2023 por Lleral, junto con Echazú.
El 10 de mayo de 2024 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la causa y ordenó apartar al juez Gustavo Lleral, con lo que pasó a manos del juez federal de Ushuaia Federico Calvete.
No hay ningún proyecto que involucre a Sergio Maldonado
Desde 2017, Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, es el principal portavoz de la causa y la figura visible en los pedidos de investigación. Ya en 2018 comenzó a circular la versión de que recibía un subsidio o un “pago mensual” por parte del Estado.
Búsquedas en Google con los términos clave “proyecto” y “Sergio Maldonado” no arrojaron ningún resultado relacionado con una iniciativa legislativa que lo involucre o que le solicite “devolver el dinero”, ni en medios de prensa ni en comunicados o redes sociales de legisladores.
Una segunda pesquisa en los sitios de la Cámara de Diputados y la de Senadores tampoco condujo a resultados.
AFP Factual se contactó con Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, quien descartó la existencia de “algún proyecto sobre algo relacionado con el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, de Sergio o cualquiera de la familia Maldonado”.
Respecto de un supuesto proyecto en este sentido, el abogado Daniel Ignacio M. Arias Duval explicó a la AFP que las leyes no pueden formularse de manera individual, "es decir, en contra de Maldonado, ya que debería ser abarcativa de todas las víctimas por delitos”. Además, dijo que en caso de que se presente un proyecto de ley y se apruebe, la nueva legislación se aplicaría para casos futuros, no pasados.
Una ayuda a víctimas
La Ley de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos (Ley 27.372), promulgada el 11 de julio de 2017, tiene como objetivo “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos”.
Esta legislación establece que la persona víctima de delitos tiene derecho a “que le paguen los gastos necesarios para ejercer sus derechos si no tiene posibilidad económica de pagarlos”, por ejemplo “gastos de traslado, hospedaje por un tiempo y alimentos de urgencia que sean necesarios”. Además, tiene el derecho a “asistencia jurídica gratuita, que incluye los servicios de un abogado”.
En virtud de esta ley, en 2017 y 2018 la familia Maldonado recibió una ayuda económica por un total de 1.552.715,76 pesos (cerca de 40.000 dólares al cambio oficial de entonces), como informó el medio argentino Infobae tras un pedido de acceso a la información pública. El dinero se usó para solventar viajes, viáticos y hospedaje durante la búsqueda de Santiago Maldonado, detalló la familia en un comunicado. También se usaría para los honorarios por seis meses del perito forense Alejandro Incháurregui.
Arias Duval detalló que una iniciativa para que la familia Maldonado reponga ese monto "iría en contra de todo lo que propone la Ley de Víctimas, ya que esta garantiza un proceso transparente para que la víctima comprenda el proceso judicial y pueda participar en él, ya sea por sus propios medios económicos o con la ayuda del Estado si no cuenta con la posibilidad de solventar su participación”. Por otro lado, la Ley de Víctimas también garantiza el “acceso a la justicia en el marco del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
El especialista también explicó que las víctimas no pueden saber qué determinará un juez a futuro, por lo tanto, “no tendría sentido solicitarle el dinero que le brindó el Estado durante el proceso judicial, ya que el proceso perdería credibilidad”.
Por su parte Andrés Gil Domínguez, abogado especializado en Derecho Constitucional, dijo a la AFP que la víctima “no tiene que devolver nada porque es una asistencia para el ejercicio de un derecho”.
La versión de que la familia Maldonado cobraba un subsidio mensual del Estado fue desmentida en Twitter (hoy X) el noviembre de 2018 por Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
