Destinar dinero de fideicomisos del PJF a personas damnificadas por Otis podría ser inconstitucional

Destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a las personas damnificadas por el huracán Otis –como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador– podría ir en contra de la Constitución, leyes y de una suspensión provisional dictada por un juez. 

Así lo señalan documentos, legisladores y especialistas y, a pesar de ello, Norma Piña –ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– aceptó dialogar con el Poder Ejecutivo para concretar la propuesta.

Mientras que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, envió una carta a Norma Piña para establecer un diálogo con ella y con el Congreso de la Unión a fin de instalar una comisión conformada por integrantes de los tres poderes para administrar los recursos que proponen el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, dijo en un mensaje que publicó en X, antes Twitter, que el acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial no es constitucional.

“No es admisible porque no es constitucional (…) No creo que sea admisible un acuerdo que vulnere los derechos de los trabajadores”, pronunció en el video.

Mientras que Juan Ortiz, director del proyecto digital Lupa Legislativa, explicó a El Sabueso que algo clave en el oficio que envió Piña a López Obrador es que destaca la obligación del PJF de garantizar los derechos de todos los trabajadores del organismo autónomo, quienes también han aportado dinero a dicho fideicomiso. 

Es decir, la suma de los 15 mil millones incluye aportaciones de los trabajadores por lo que no pueden ser despojados por acuerdos presidenciales, ya que se estaría vulnerando sus derechos. 

¿Destinar fideicomisos para otros fines puede afectar derechos laborales?

El senador Germán Martínez enlistó, entre otros, al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de las y los servidores públicos del PJF.

“Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”, menciona el artículo 127. 

La fracción I dice que se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta en la conferencia matutina del 31 de octubre de destinar los 15 mil millones de los fideicomisos del PJF a personas damnificadas por huracán Otis dijo que no afectaba a las y los trabajadores. Sin embargo, la SCJN, en su postura en contra de su extinción argumentó que su eliminación sí afectaba los derechos laborales.

“Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, menciona una tarjeta informativa del 11 de octubre. 

La SCJN también aclara que no se trata de prestaciones adicionales, sino de derechos adquiridos de las personas trabajadoras. El personal operativo del PJF, que representa más de 60% de la plantilla, es el principal beneficiario.

Además, en una tarjeta informativa del 18 de octubre, la SCJN señaló que cada fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación. 

“Mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, se garanticen esos derechos, y por otro se mejore el uso y aprovechamiento”, dice el comunicado del 31 de octubre difundido por Norma Piña. 

Esto implica respetar los recursos que las y los propios trabajadores han aportado, con lo que se reduce el monto de 15 mil millones de pesos. Por ejemplo, el Fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces con saldo de 80 millones 367 mil 520.27 pesos al 30 de septiembre de 2023, según el portal de transparencia, se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones a través de descuentos por vía nómina.

“Dentro de varios fideicomisos hay aportaciones privadas de los trabajadores, como las pensiones complementarias o este fideicomiso de mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, porque se les cobra en cada quincena con una parte de su nómina”, explica Ortiz. 

Otra clave para Ortiz es que en el oficio que Piña envió a López Obrador, se refiere a fideicomisos públicos, no específicamente a los fideicomisos del PJF extinguidos por el Congreso de la Unión. 

“Tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas”, se lee en el oficio de Piña.

“Yo creo que la apuesta del Poder Judicial es abrir esta conversación a otros fideicomisos y también otras formas de ayudar a la gente”, agrega Juan Ortiz. 

De la Tesorería del PJF a la Tesorería de la Federación

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, envió una carta a Norma Piña para establecer un diálogo con ella y con el Congreso de la Unión para instalar una comisión conformada por integrantes de los tres poderes para administrar los recursos que el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación. 

Pero el especialista Juan Ortiz señala que en el caso de los fideicomisos públicos primero estos recursos deberán pasar a su respectiva tesorería, la cual decide a qué se van a destinar.

“Si existe una extinción de fideicomisos, esos recursos tienen que pasar primero a sus tesorerías y se quedan ahí. Y, en el caso Poder Judicial, tiene que decir para dónde se van esos recursos y ya si queda algún remanente o subejercicio al final del año o en alguno de estos trimestres, entonces ya lo envía a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda, pero primero pasa por la Tesorería del Poder Judicial”, detalla. 

Así lo indica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

“Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este artículo, los recursos públicos remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya acordado un destino diferente”, establece el artículo 12. 

Posteriormente, la Tesorería de la Federación decide qué hacer con esos recursos, pues no están etiquetados para algún fin específico.

“Si llegara a caer dinero a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, no hay ninguna obligación de que vaya a las personas damnificadas, porque no viene en ningún documento, no viene en la ley, no viene ni en ningún lado. Entonces, la Secretaría de Hacienda va a decidir”, comenta Ortiz. 

El director de Lupa Legislativa advierte que es complicado que estos recursos lleguen a las personas damnificadas por el huracán Otis con la urgencia que los requieren. De hecho, el presidente López Obrador lo reconoció cuando hizo la propuesta.

“Tendríamos que esperar a que se publique la Ley de Ingresos, el presupuesto y luego ver si no va a haber controversia”, afirmó en la conferencia matutina del 31 de octubre.

Para más información: AMLO propone que los 15 mil mdp de fideicomisos del Poder Judicial sean para reconstrucción y damnificados en Acapulco

No se pueden transferir los recursos de los fideicomisos al Poder Ejecutivo

Juan Fernando Luévano Ovalle, juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, decretó una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 2341/2023 para frenar de manera temporal la reforma que desaparece los 13 fideicomisos. Esto implica que por ahora no se pueden transferir los recursos del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.

“Suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos de todos aquellos fidecomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo Federal”, se lee en la suspensión provisional.  

La siguiente audiencia será el 9 de noviembre, en la cual se determinará si se otorga la suspensión definitiva para no extinguir los fideicomisos y, por lo tanto, no transferir sus recursos a las personas damnificadas por el huracán Otis. 

“Mientras no se resuelva de fondo, pues este dinero es inamovible”, añade Juan Ortiz.