Opinión: La titánica tarea para desmantelar el narcotráfico en México

Los procesos judiciales en Estados Unidos a políticos mexicanos por tráfico de drogas podrían ayudar al presidente López Obrador a combatir la corrupción, pero no está aprovechándolos.

CIUDAD DE MÉXICO — Mientras que el juicio por delitos sexuales de Harvey Weinstein obtiene toda la atención, en los tribunales de Nueva York se está desarrollando otro caso con implicaciones devastadoras. Los fiscales federales de Brooklyn están buscando procesar a Genaro García Luna, un actor clave de la guerra contra las drogas del expresidente mexicano Felipe Calderón, por tráfico de drogas. Tras la audiencia más reciente de García Luna el 21 de enero, su abogado reiteró que se declara no culpable y afirmó que “niega rotundamente haber aceptado sobornos” (de los traficantes) e irá a juicio.

El caso se está procesando en el mismo tribunal que sentenció al capo de las drogas Joaquín el “Chapo” Guzmán el año pasado. Sin embargo, en ciertos sentidos este caso es más importante aún. Aunque las historias de los narcotraficantes dan lugar a una interminable cantidad de películas, series de televisión y novelas, sus sentencias no han logrado en absoluto detener el derramamiento de sangre en México. El año pasado, hubo una cifra récord de 34.500 asesinatos aquí, mientras Guzmán, el rey de la cocaína, era sentenciado en Nueva York y enviado a una prisión de máxima seguridad.

Desde hace mucho tiempo algunos activistas y académicos han pedido que se vaya tras los habilitadores políticos de los criminales, quienes con frecuencia se mudan a Estados Unidos con sus millones de dólares. Y hay que reconocer que los fiscales estadounidenses ahora están tratando de hacerlo. Las acusaciones en contra de García Luna, quien ha vivido en una mansión de Miami desde 2012, llegan después de la sentencia del hermano del presidente hondureño por el delito de tráfico de cocaína en octubre, al igual que varios casos en contra de funcionarios venezolanos. Es más probable que ese tipo de esfuerzos sean más efectivos para reducir el poder de los cárteles que clasificarlos como terroristas, medida considerada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Un funcionario ejemplar

Conocí a García Luna en 2005, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigación (AFI) y se forjaba una imagen de luchador tenaz contra el crimen con imagen de superhéroe. Cuando se volvió secretario de Seguridad Pública, en 2006, supervisó la cacería de narcotraficantes a lo largo del país, para lo que llevó a cabo un extenso despliegue de la policía federal, junto con el ejército y la Marina.

Con su liderazgo, los mafiosos acusados formalmente confesaron y describieron en video cómo masacraron y mutilaron a sus víctimas, y esos videos se reprodujeron en las noticias nocturnas. La finalidad era demostrar que se estaba capturando a los malos, pero las descripciones gráficas de los asesinatos masivos al parecer solo aterrorizaron más a la gente. Al mismo tiempo, los homicidios y desapariciones aumentaron enormemente, al igual que las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

La acusación de que un funcionario clave detrás de esta campaña trabajaba con los traficantes hace que este capítulo de la historia de México se oscurezca todavía más. Esta guerra tuvo motivos sucios que todavía tiene heridas abiertas en el país.

El caso contra García Luna ayuda al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, un izquierdista que afirma estar transformando México y poniendo fin a la pobreza y la violencia. Destaca el hecho de que las guerras contra los cárteles iniciaron en gobiernos previos y calla las críticas de presidentes anteriores, como Calderón. Con suerte, podría ser un elemento disuasorio para evitar que los altos funcionarios acepten sobornos una vez más.

Sin embargo, López Obrador no está logrando capitalizar esto ni llevar a la nación hacia la paz en la práctica. Su gobierno ha prometido alejarse de la fallida guerra contra las drogas y acabar con la corrupción, más emblemática entre los oficiales de policía que colaboran con los narcos. Sin embargo, estas buenas intenciones no se han materializado en una estrategia de seguridad coherente; al mismo tiempo, no ha apoyado los esfuerzos de la sociedad civil mexicana para salir del abismo de la violencia.

El mes pasado, marché junto con los familiares de personas asesinadas que iban de la ciudad de Cuernavaca hasta el Palacio Nacional para exigir “verdad, justicia y paz”. Entre ellos se encontraban miembros de la familia LeBaron, quienes fueron víctimas de una brutal masacre en noviembre, el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en 2011, y la viuda del prolífico periodista sinaloense Javier Valdez, asesinado a tiros en 2017.

López Obrador podría aceptar sus llamados y tratar de unir a la sociedad mexicana en contra del derramamiento de sangre. En cambio, se ha negado a reunirse con ellos, diciendo que no quiere “hacer un show, un espectáculo”. Peor aún, el 26 de enero, en el Zócalo de Ciudad de México, algunos seguidores de López Obrador se enfrentaron a los manifestantes, acusándolos de estar en contra del presidente.

Estos simpatizantes del mandatario dijeron que se habían reunido con el fin de firmar una petición para acusar a expresidentes mexicanos, un llamado motivado por el proceso de García Luna. Pero su principal intención parecía ser oponerse a los manifestantes a gritos y empujones. Fue descorazonador ver a la gente que ha perdido a sus seres queridos ser atacada de esta manera.

Los mexicanos no pueden continuar viviendo bajo asedio. Y si no se detienen los índices de homicidios tan elevados, podría ascender un político mexicano con la promesa de medidas enérgicas militares aún más fuertes que las ideadas por García Luna.

Romper el poder de los cárteles delictivos en México parece ser una tarea imposible. Sin embargo, muchas de las soluciones están a plena vista a ambos lados de la frontera. Estados Unidos puede aprovechar este nuevo impulso para ir tras los funcionarios corruptos y sus redes de dinero, cortar de tajo el flujo de armas hacia los criminales y trabajar para atender el consumo de drogas que alimenta a los cárteles. El gobierno de López Obrador, como prometió, puede canalizar recursos para los barrios pobres, que es donde los cárteles reclutan miembros, y respaldar a las víctimas de la violencia para hacer justicia.

Ioan Grillo, columnista de opinión y periodista, es autor de El Narco: En el corazón de la insurgencia criminal mexicana y, más recientemente, de Caudillos del crimen. De la Guerra Fría a las narcoguerras.

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This article originally appeared in The New York Times.

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