A través de un vuelo comercial de Jetsmart, ayer llegó a la Argentina la familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, disidente del régimen de Nicolás Maduro, quien fue secuestrado y asesinado en Chile en febrero pasado.

Tanto la viuda de la víctima, Josmarghy Castillo, como su cuñada, Mayra, aterrizaron en Aeroparque para concretar el asilo político que pidieron al gobierno de Javier Milei. El pedido fue a raíz de la inseguridad que dijeron que enfrentaban en territorio chileno, en medio de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI).

Las autoridades no pudieron dar con los principales imputados del secuestro y homicidio del exmilitar, que habrían escapado a Venezuela, desde donde se habría planificado el crimen. La familia acusó hackeos a sus cuentas de redes sociales y seguimientos.

Su preocupación se la transmitió primero al Ministerio Público y luego en la solicitud de asilo a la Argentina. Según consignó el diario El Mercurio, el abogado que representa a la familia del exteniente venezolano, Juan Carlos Manríquez, envió un correo electrónico al Ministerio de Seguridad argentino advirtiendo que “no están seguras ni protegidas en Chile, me dicen”.

“Las personas que represento denunciaron seguimientos y vigilancias inusitadas, no vinculadas a su relación con la Fiscalía chilena. Se intentó hackear sus redes sociales de Instagram y Facebook desde Venezuela [hecho también denunciado]”, agregó en la misma misiva.

A su vez, sostuvo que “lo que más las aflige es que, a la fecha, en su calidad de víctimas, se les ha negado cabal acceso al expediente de investigación, pero, paradójicamente, las últimas diligencias que reafirman la intervención extranjera y de delincuentes altamente peligrosos, del Tren de Aragua y otras bandas, en este delito se dan a conocer en un noticiero de televisión”. Desatacó que “su situación es de total agobio y me han pedido solicitar formalmente que la República Argentina considere concederles el refugio. Están a total disponibilidad en el más corto plazo”.

El profesional viajó recientemente a la Argentina y se reunió con asesores de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y luego con la titular de la cartera.

El abogado también planteó en sus comunicaciones con el gobierno de Milei que tanto la viuda como la cuñada han sufrido lo indecible y su ruego tiene solo fundamentos y motivaciones humanitarias. “Sus hijos merecen crecer y desarrollarse en un entorno seguro, digno”, agregó.

También se señala que “por tales razones de protección universal de los derechos humanos de personas que más aún tienen el estatus de refugiados, ruego muy respetuosamente a usted considerar la solicitud formal para que la Argentina decida concederles el refugio”.

Se advierte en documentos enviados a las autoridades de la Argentina que la situación del caso Ojeda en Chile da cuenta de “la nula cooperación internacional para hallar a los autores directos del crimen (dos ciudadanos venezolanos, pertenecientes a una de las células del Tren de Aragua, o vinculadas a ellas, que están plenamente identificados) permite inferir que en un mediano plazo, salvo que ocurra algo muy inesperado, la investigación termine acusando a un partícipe menor de edad a la época de los hechos (también venezolano) y que los autores materiales queden en total impunidad”.

“Un tercer implicado directo no ha sido determinado ni menos ubicado. Es quien se presume lideró la operación”, se añadió.

El caso

Ronald Ojeda, militar retirado del Ejército de Venezuela de 32 años, se refugiaba en Chile desde el año pasado tras haber escapado de la cárcel en Venezuela y había obtenido la calidad de refugiado político en enero de este año.

Fue expulsado oficialmente del Ejército de Venezuela y fue requerido para enfrentar a la Justicia por causas de traición a la patria y terrorismo.

El 21 de febrero de este año fue secuestrado por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de madrugada en ropa interior de su departamento en Santiago. Nueve días después, fue hallado muerto dentro de una maleta que había sido enterrada en una barriada de la capital chilena.

Dos meses después la fiscalía chilena declaró que el secuestro y asesinato se organizó desde Venezuela y que tuvo un móvil político.

El Mercurio/GDA