CARACAS.- La maquinaría del fraude electoral chavista nació con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, desde la primera elección. El carisma del “comandante supremo” y su tirón popular lo hacía innecesario, pero la revolución bolivariana se comenzó a preparar para tiempos futuros y para ello construyó una arquitectura de ventajismo monumental multiplicada hasta hoy. Para empezar, la oposición no cuenta con presupuesto público y se persigue a quienes la apoyan económicamente, mientras el chavismo dispone de todos los fondos y logística del Estado.

Tanto es así que el vicepresidente económico Jorge Giordani, gurú marxista de Chávez, denunció en 2012 el gasto de 70.000 millones de dólares del erario público para “acompañar” la reelección de un presidente moribundo. En el otro lado, cero dólares.

Lo mismo pasa con los medios de comunicación, que fueron perseguidos y recortados por años hasta convertirlos en rara avis, bloqueados en Internet y con todos los canales de televisión bajo control de la hegemonía propagandística del gobierno.

Los ejemplos que lo ilustran parecen casi de comedia. El último debate televisivo de candidatos se realizó en 2015 antes de los comicios parlamentarios, frente a la tumba de Hugo Chávez y con cuatro candidatos chavistas.

“El ventajismo electoral en Venezuela se plantea en la etapa preelectoral, electoral y postelectoral, con elementos que son transversales como la parcialidad de la administración electoral, el dominio del resto del aparato institucional y el manejo preferencial del marco jurídico”, resume para LA NACIÓN el experto electoral Jesús Castellanos.

Antes de las elecciones, el chavismo prepara el terreno con “la construcción manipulada y con sesgo de las circunscripciones electorales, la inscripción de electores en centros vinculados con el oficialismo, las inhabilitaciones de partidos y de figuras de oposición, la creación de partidos express”, detalla Castellanos.

Operación remate

Lo ocurrido este domingo 28 de junio retrata a la perfección hasta dónde llega la ingeniería fraudulenta para sumar votos a favor del gobierno y restárselo a la oposición: funcionarios y militares en los centros trabajando para ello, la famosa Operación Remate para obligar y acarrear votantes en los centros, el uso y abuso de las herramientas de control social para que su “público” vote por el candidato oficialista, entre mucho otros.

“Tienen licencia para transgredir las normas y los estándares a su favor”, redondea Castellanos.

Con el paso del tiempo, y ante el evidente fracaso socioeconómico del chavismo, el gobierno también tuvo que echar mano del fraude directo sobre el resultado final, algo que debería ser imposible para el “mejor sistema electoral del planeta”, como se ha encargado de repetir durante años la propaganda oficial y repetido hasta la saciedad por los invitados internacionales a las elecciones, gratificados siempre con dietas abundantes.

El mejor laboratorio de prueba fue el referéndum patriótico sobre el Esequibo, territorio rico en petróleo en disputa con la vecina Guyana, que se llevó a cabo en diciembre pasado. El gobierno anunció que habían votado 10 millones de venezolanos pese a que los centros electorales estuvieron semidesiertos.

La oposición y expertos estiman que sólo votaron algo más de 2 millones de personas, pero el gobierno estiró en el resultado final hasta los 10 millones, algo imposible estadísticamente por el tiempo que se necesita emplear en las máquinas electorales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado desde entonces, como es su obligación, el detalle de la votación mesa a mesa.

Ocho millones de votos fake en diciembre y cinco millones que cambiaron alegremente de casilla el pasado domingo. Los viejos escrúpulos del pasado, donde las trampas se realizaban antes y durante la votación, se rompieron definitivamente en 2017, cuando Maduro impuso una Asamblea Constituyente para apagar las protestas callejeras y escribir una nueva Constitución. Nada se sabe de la supuesta Carta Magna: en varios años ni un solo artículo se escribió. Lo importante era crear un poder paralelo para maniatar a la Asamblea Nacional de 2015, salida de la última elección de la que sí se respetó el resultado.

Manipulación

Tan poco atractiva era esta propuesta para los venezolanos que Maduro sumó un millón de votos fantasmas para engordar el resultado. Así lo denunció Smarmatic, la empresa encargada del software electoral desde que Hugo Chávez ordenara la compra de un sistema automatizado de votación, polémico desde el primer día. Con esta manipulación se abría un nuevo horizonte para el chavismo, consciente que desde 2015 ya era minoría en el país.

Tras la Constituyente, y todavía con su impacto, llegaron las elecciones regionales ese mismo año, entre chantajes políticos y con la resaca de las protestas. En el estado Bolívar, fronterizo con Brasil y territorio estratégico por sus minas de oro y diamantes, triunfó el opositor Andres Velásquez, pero el chavismo trastocó los resultados de forma casi manual para entregarle la gobernación a un general. Se trataba del segundo fraude directo sobre los resultados.

En 2018 y 2020 el poder percutió directamente contra todo el proceso, con el cambio de reglas constitucionales cuando ya estaba en marcha. Pero sería en las regionales de 2021, con la Misión de Observación de la Unión Europea como testigo, cuando los militares secuestraron los resultados en Barinas, cuna de la Revolución, porque Freddy Superlano (detenido ayer por la policía) había superado a un hermano de Hugo Chávez. Las elecciones se repitieron, con Superlano, su mujer y otros dirigentes inhabilitados, pero no obstante se impuso el candidato opositor Sergio Garrido.

Con semejante entrenamiento se llegó a las elecciones del domingo, unos comicios que sufrieron un fraude previo por capítulos. Primero el contralor de la República, Elvis Amoroso, inhabilitó a María Corina Machado de forma ilegal y anticonstitucional porque se trataba de la gran favorita para las elecciones primarias de la oposición. Más tarde Maduro decidió que Amoroso, funcionario leal y dispuesto a todo, se convirtiera en el presidente del Consejo Nacional Electoral, el más indicado para dirigir un proceso sin escrúpulos.

Gracias a Amoroso 5,5 millones de venezolanos en el extranjero no pudieron ejercer su derecho a voto tras los obstáculos de todo tipo que el oficialismo les puso por delante. Los cálculos gubernamentales apuntaban a que el 90% de esos votantes lo harían en contra, una cifra tan importante que podría igualar a los apoyos del chavismo en el interior del país.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no dejó solo a Amoroso y continuó su labor para intervenir partidos, reemplazar a sus dirigentes, imponer chavistas y sumarlos a la causa revolucionaria. De los 13 partidos con tarjeta electoral que apoyaron a Maduro este 28J, más de la mitad estaban intervenidos, incluido el Partido Comunista de Venezuela (PCV). El partido del gallo vio que no sólo se le impedía presentar a su candidato, sino que unos dirigentes proMaduro se sumaban a la causa revolucionaria, de la que ellos se habían distanciado en los últimos tiempos.

Lo demás ya es la historia más reciente de las trampas del chavismo: Amoroso preparó un resultado amañado y lo presentó al mundo, pero sin ningún tipo de actas que lo confirmaran. La publicación detallada de los resultados es un paso previo necesario para proclamar al presidente electo, pero eso no molestó al dúo, que con ceremonia incluida impuso a Maduro como presidente electo este lunes.

Como si fuera un escolar sin los deberes hechos, el mandatario aseguró al enviado brasileño que los resultados serán publicados muy pronto. El país sigue a la espera.