Las últimas noticias con respecto a la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 generaron preocupación. Por un lado, cada vez son más las demandas de pacientes y familiares que, tanto en los tribunales argentinos como internacionales, denuncian complicaciones de salud tras haber recibido alguna dosis. Y por otro lado, la decisión del laboratorio a nivel global, dada a conocer hace dos semanas, de retirar del mercado el producto y reorientar el foco de su negocio hacia tratamientos oncológicos, entre otros.

Si bien no se estableció un vínculo entre estas dos situaciones, crece la preocupación entre aquellos que recibieron alguna de las dosis durante la campaña de vacunación. Por esa razón la Defensoría del Pueblo de la Nación decidió impulsar una investigación sobre la situación regulatoria de la vacuna Oxford/AstraZeneca en el país. Así lo confirmó a LA NACIÓN, Maximiliano Nitto, jefe del área de Salud del organismo. Este órgano de contralor, (que desde hace diez años sigue funcionando sin que se designe un defensor), le envió a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) un pedido de informes sobre la situación de la vacuna.

“Lo que no queremos es que se genere miedo entre aquellos que recibieron la vacuna. Las consecuencias para la salud, si es que las hubiera, son inmediatas o posteriores a la aplicación, por eso queremos llevar tranquilidad a la población. Y para ello, es indispensable contar con información fidedigna sobre la situación legal de la vacuna y sobre los posibles casos adversos que se hayan registrado a nivel nacional”, indicó Nitto.

Según detalló, en la Defensoría solo recibieron un caso de una persona que tras recibir la vacuna reportó consecuencias negativas sobre la salud y que por esa razón impulsó un reclamo administrativo ante el Ministerio de Salud, tal como estableció el mecanismo de la ley de vacunas sancionada durante la pandemia, que resguardaba a los ciudadanos la posibilidad de reclamar ante las autoridades sanitarias en caso de padecer efectos colaterales.

En ese caso, la vía administrativa indica que es la Comisión Nacional de Vacunas quien debe pronunciarse sobre si existe una relación causal entre recibir el suero y los efectos sobre la salud denunciados. Según se explicó, el caso de la mujer que inició la vía del reclamo administrativo llegó a la Defensoría porque creía que existía un retraso significativo en el trámite, ante lo que intervino el organismo de contralor.

Demandas

Sin embargo, no es el único. En estos días se conoció que existen en la Justicia al menos cinco demandas colectivas contra el Estado argentino y los distintos laboratorios fabricantes de las vacunas contra el Covid-19. Todos son por presuntos daños y perjuicios ocasionados por las inoculaciones. Además, hay otras presentaciones en preparación. A esas se suma la única demanda individual, que es la radicada en el Juzgado Federal de Río Cuarto por una mujer contra la Anmat y AstraZeneca, ya que fue diagnosticada de síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia tras recibir una dosis de esa marca como tercera en 2022.

“Con motivo de las novedades en el ámbito nacional e internacional en relación a la seguridad de la vacuna ChAdOx1-S (recombinante) de Oxford/AstraZeneca contra la Covid-19, la Defensoría del Pueblo de la Nación promovió una actuación de oficio con el propósito de indagar acerca de la situación regulatoria de dicha vacuna en nuestro país”, se informó mediante un comunicado.

LA NACIÓN consultó a la Anmat y al laboratorio acerca de este pedido de informes. El organismo señaló que había recibido las preguntas. “Seguirán los canales correspondientes de respuesta”, indicaron. En tanto, desde el laboratorio declinaron pronunciarse ya que ellos no recibieron una solicitud de informes.

Pedido

Según explican en la Defensoría, se pidieron informes a la Anmat para determinar “cuál es la situación regulatoria actual de la vacuna ChAdOx1-S (recombinante) de Oxford/AstraZeneca, indicando actos administrativos emitidos por la autoridad competente que contemplen el registro, autorización de comercialización, modificaciones de rótulos y prospectos y cualquier otra medida adoptada en relación a la seguridad de dicha vacuna”, se indicó. Se explicó que se busca saber exactamente cuántas dosis de esta vacuna se aplicaron en el país.

Otro de los requerimientos de la Defensoría apunta a unificar los reportes de efectos adversos: “Cuáles han sido las notificaciones de reacciones adversas recibidas por la Anmat para la vacuna ChAdOx1-S de AstraZeneca, desde el momento del inicio de su comercialización en la Argentina, detallando fecha, nombre de la reacción según codificación vigente, sistema de órgano-clase involucrado, asignación de causalidad, seriedad, desenlace del evento y jurisdicción en donde se produjo el evento”, se lee en el pedido de informes. También, para las notificaciones que hayan incluido eventos trombóticos con trombocitopenia, se solicitó información sobre qué acciones ha llevado a cabo la Anmat y qué medidas sanitarias, en caso de corresponder, ha adoptado. El pedido de informes también solicita que se de cuenta de cuántas alertas de seguridad, comunicados o cualquier otro tipo de información para los profesionales de la salud, la industria farmacéutica y la población en general fueron emitidas por la Anmat en relación a la vacuna.

Según se explicó, a pesar de que desde hace diez años, el puesto de Defensor del Pueblo de la Nación sigue vacante, (el último fue Eduardo Mondino y para designar al nuevo titular debe votarse el pliego y conseguir acuerdos en el Senado y en Diputados), eso no significa que el organismo no siga cumpliendo su función de contralor. Por eso, se impulsa esta demanda, explica Nitto.