Hubo condicionamiento, no acuerdo, en desalojo de plaza Giordano Bruno, acusan organizaciones; muchos quedaron en el limbo

Organizaciones y vecinos que han acompañado el campamento de personas migrantes de la plaza Giordano Bruno acusan que más que consenso, para su desalojo la noche del miércoles hubo condicionamiento por parte de los elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, quienes les señalaron que para obtener algún beneficio tenían que abordar los camiones rumbo a otros estados.

En entrevista, Gerardo Talavera, director del Programa Casa Refugiados, recordó que el INM ya había hecho operativos antes, desde finales de 2022, donde después de ciertas condiciones ofrece que al aceptar un traslado a otra entidad federativa, las personas migrantes puedan acceder a una alternativa migratoria.

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“Eso pasó, y cuando a nosotros los vecinos nos avisan, nos activamos justo para hacer primero una actividad de verificación, digamos, porque muchas veces lo que pasa es que hay información inadecuada. La mayoría de las personas que estaban ahí estaban esperando un proceso para entrar a Estados Unidos por medio de la CBP One, o que no tenían tantos planes de quedarse a vivir en la Ciudad de México, eso es real, pero sin alguna medida de regularización migratoria”, comentó.

Personas migrantes recibieron información limitada

Animal Político documentó durante el mes pasado las dificultades y condiciones de larga estancia que personas de Centro y Sudamérica están viviendo en la Ciudad de México a la espera de una cita por medio de aplicación CBP One, que puso en marcha el gobierno norteamericano y que ya no requiere que la espera se dé necesariamente en puntos fronterizos.

Al momento que se inició la oferta de regularización a las personas instaladas en la plaza Giordano Bruno, relató Talavera, comenzaron a subir a los camiones con información bastante limitada; “eso es algo muy importante”, añadió. Incluso, ocurrió sin la presencia de traductores, que para muchos eran necesarios.

“Si hay una alternativa de regularización migratoria y la persona la decide tomar, pues es una decisión personal, sí hay que reconocerlo. ¿Cuál es el tema? Que lo condicionan y eso es algo que es complejo, porque no hay información de qué les van a dar en el estado al que les canalizan”, apunta Talavera.

Se trata, además, de personas que vivían en situación de calle, lo que implica un tema de asistencia humanitaria y de protección, revisar cuáles son sus necesidades, si había familias o infancias y seguridad para las mujeres, todo lo cual se dio de manera bastante restringida. No es posible, subrayó, que se siga perpetuando la práctica de no proporcionar suficiente información a las personas y, en una relación de poder, condicionar la regularización migratoria por un traslado.

Durante el operativo, no se utilizó la fuerza física, aseguran quienes lo atestiguaron, pero estuvo basado en un diálogo sin intérpretes, donde no se garantizó que la persona entendiera lo que se le estaba ofreciendo. Aunque no fueron la mayoría, en el caso de solicitantes de la condición de refugiado, por ejemplo, el hecho de que abandonen una entidad puede implicar, al mismo tiempo, el abandono de su trámite, por lo que resultaba necesario asegurar que todas las personas contaran con la información adecuada.

“Faltó atender a las necesidades específicas de las personas con alternativas de regulación que no estén condicionadas por un traslado de territorio, ese es el centro más que otra cosa, no debe estar condicionado el proceso de regularización a mover a las personas que lo están buscando para quedarse o para transitar”, añadió Talavera.

Añadió que desde hace tres meses, el INM ha dejado de entregar tarjetas de visitante por razones humanitarias, lo que ha afectado aún más el tránsito o la integración de las personas migrantes en nuestro país.

“Que con una acción urgente haga estos traslados y ofrezca estas tarjetas de manera espontánea sí es de preocupación porque al final está siendo una acción discrecional, porque esas tarjetas tendrían que ser entregadas a todas las personas que tengan la condición de visitante por razones humanitarias y no está pasando, y casualmente ayer (el miércoles) sí pasó”, señala.

Sumado a lo anterior, la mañana de este viernes Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, acudió a la Secretaría de Gobernación (Segob) con la esperanza de ser recibido para reclamar por el trato a las personas haitianas y centroamericanas que fueron retiradas de la plaza la noche del miércoles. Según el Instituto Nacional de Migración, se trató de un total de 432 personas, de las cuales 83 aceptaron el traslado a otras entidades.

“Mis hermanos están viviendo en condiciones infrahumanas, no sabemos dónde están, ellos deben dar una explicación. Ellos fueron golpeados, hay niños y niñas, y mujeres embarazadas”, reclamó Metelus afuera de la dependencia, de donde aseguró que no se retiraría hasta ser recibido.

“Me parece injusto lo que hizo el gobierno mexicano; está haciendo un trabajo sucio para el gobierno de Estados Unidos. Es una violencia enorme que hubo: los agentes de migración, la Guardia Nacional y también policía de la ciudad que no respetan los derechos de los migrantes; los migrantes no son delincuentes”, dijo.

Insistió en la necesidad de que Francisco Garduño, titular del INM, sea destituido dado que enfrenta un proceso penal en su contra por el incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez. Advirtió que de no ser escuchado, acudirá el lunes a Palacio Nacional.

Las divisiones que antecedieron el desalojo

Isaac es un artista que vive a una cuadra de la plaza Giordano Bruno. Desde que las personas migrantes comenzaron a instalarse ahí, ideó la forma de ayudarlas. Comenzó a darles clase de dibujo a los más pequeños y poco a poco fue familiarizándose también con los padres.

Su labor era de acompañamiento para facilitar material de dibujo, conforme fue detectando necesidades escolares o de integración. Así surgió una especie de amistad basada en la empatía con su condición. Aclara que no para todos sus vecinos era así, y eso terminó por generar una división entre los vecinos que expresaban rechazo.

“Digo yo como un poco mal informados, con una visión como exagerada, o clasista, o racista del problema, que estaban como muy organizados en contra de la presencia, y con una especie de discurso desde la supuesta seguridad y voluntad de derechos humanos, pero en la realidad como empujando porque los sacaran sin en realidad asegurar una alternativa”, explica.

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Isaac iba a diario al campamento, sumando también a otras personas interesadas en apoyar. Así, estableció contacto igualmente con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de migración y otras de tipo educativo. Era al mismo tiempo vecino y voluntario.

La noche del desalojo de la plaza Bruno Giordano les exigió a las autoridades saber qué estaba pasando en cuanto vio la movilización de elementos. Lo primero que le dijeron es que a las personas migrantes se les estaba otorgando un permiso y que estaban renuentes.

“Les dije que quizá no era la manera de hacerlo, que es el principal punto a considerar, que  aunque ellos quizá puedan hacer estos operativos, la manera de hacerlo es muy poco humana al llegar en la noche a retirar a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, que viene desplazada de su lugar de origen, que en estos meses después de estar viviendo en la calle está resistiendo también el rechazo de los vecinos, las protestas, la dificultad para integrarse a una sociedad nueva y el racismo de la sociedad mexicana, hay que decirlo”, apunta Isaac.

Por ejemplo, algunos de ellos, al tratar de integrarse al campo laboral, ya habían experimentado varios procesos de discriminación y racismo. Un despliegue tan grande que aun sin violencia, reconoce, no ofrece mayores alternativas, sin aviso y condicionando en ese mismo momento el beneficio a abordar el transporte, lo califica de incorrecto.

Esto obligó a quienes ya tenían trabajo a abandonarlo sin mayor noticia, les impidió tomar todas sus pertenencias de manera digna, incluso enfrentando la pérdida de documentos o medicinas. A eso se sumó la falta de información que privó durante el operativo. Incluso ya antes a algunos de ellos los habían regresado a Tapachula con la falsa promesa de otorgarles un permiso.

“La manera en que llegaron fue poco sensible y poco humana, porque en lugar de tomarse el tiempo de reconocer los casos especiales, informar a las personas, asegurarles el destino a donde las iban a llevar y también una base donde llegar, porque aquí hay una red de apoyo que han ido creando”, detalla Isaac.

Aunque la promesa fue llevarlos a albergues, en el caso de las personas con las que Isaac ha podido mantener contacto, trasladadas a Morelos, no fue así. Él también destaca el aspecto de la ausencia de una persona traductora para quienes lo necesitaran. Incluso él mismo pudo identificar dos casos de personas con estatus de protección ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que ya habían sido abordadas en los camiones.

Tras el desalojo de la plaza, este jueves Isaac invirtió el día en hacer lo que podía, como desde los primeros días en que se acercó al campamento. Volvió a la zona, identificó a quienes tenían un proceso para canalizarlos a organizaciones, así como casos de emergencia. La jornada duró todo el día, y aún sigue sin conocerse el paradero de muchos.

Para él, también hace falta trabajar con una sociedad que expresa tan poca sensibilidad, tanta intolerancia y tanto odio. “Es importante darnos cuenta que el rechazo a poblaciones extranjeras los orilla a las peores condiciones, y sigue vulnerando sus derechos”, concluyó.

El jueves por la noche más de 30 organizaciones emitieron un comunicado calificando el desalojo como el sexto realizado bajo intimidación, amenazas y a altas horas de la noche por parte de agentes del INM y del gobierno de la Ciudad de México. Subrayaron que es arbitrario, opaco, violento y con el objetivo de desgastar física, mental y emocionalmente a grupos de personas y familias migrantes y refugiadas.

“Frente a estas circunstancias, las organizaciones de la sociedad civil han sido las únicas que han hecho frente a las necesidades de las personas, brindando alojamiento en los albergues disponibles, ayuda humanitaria, asesoría y acompañamiento legal, atención médica y de urgencias. Además de documentar las diversas violaciones a derechos humanos de las que las personas migrantes son víctimas”, acusaron.