Las claves de la “nueva” estrategia nacional de seguridad en México

A poco más de dos meses y días de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado un mensaje claro de un cambio en la estrategia federal de seguridad: principalmente que habrá un mayor control civil de la política de seguridad y la reanudación de la persecución y enfrentamiento de los Grupos de la Delincuencia Organizada (GDO) en el país, motivado principalmente por la presión ejercida por la violencia que se está viviendo en lugares como Culiacán o Chilpancingo. Asimismo, la reelección de Rosario Ibarra Piedra en la CNDH apuntan a que la SEDENA, Guardia Nacional (GN) y otras corporaciones de seguridad requerirán protección frente a posibles acusaciones de actos violatorios de derechos humanos en este escenario.

Durante días recientes, el nuevo encargado de la seguridad en México, Omar García Harfuch, ha anunciado múltiples operativos en los cuales se han realizado detenciones e incautaciones los cuales argumentan impactan las operaciones de los GDO, tal como el mayor decomiso de fentanilo en Sinaloa o el Operativo Enjambre en el Estado de México.

Este operativo reviste gran importancia, ya que indica que las autoridades han dirigido sus esfuerzos hacia las redes de protección política que facilitan las operaciones delictivas. Estas redes constituyen uno de los principales factores detrás de la persistencia y expansión del crimen organizado en México. No obstante, aún es muy pronto para afirmar que este enfoque en las redes políticas-criminales será la prioridad en todos los operativos de seguridad o si terminará replicando patrones del pasado, como los observados durante la administración de Felipe Calderón, que comenzó con el llamado “michoacanazo” y que en términos operativos recuerda mucho al Operativo Enjambre.

Ante las acciones emprendidas por el gobierno federal, surge la pregunta: ¿estamos realmente frente a una nueva estrategia de seguridad? Y de ser así ¿en qué consiste?

Durante la conferencia matutina del 8 de octubre, la presidenta enunció que su Estrategia Nacional de Seguridad consistirá en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas, las cuales son una reproducción casi fiel a lo que implementó durante su encargo en el gobierno de la Ciudad de México.

En respuesta a su planteamiento, efectivamente estamos ante una nueva estrategia de seguridad, la cual se puede identificar en dos puntos clave: la recuperación de la rectoría de la seguridad pública bajo un mando civil y la presión efectiva hacia las entidades federativas y municipios para fortalecer sus corporaciones policiales. Estos elementos se concretan en la reciente reforma al artículo 21 constitucional, que otorga nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en materia de investigación y amplía las atribuciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para auditar y supervisar el uso de los fondos federales destinados a la seguridad pública en los estados y municipios.

Sobre la primera clave, resulta innegable que el actual gobierno ha tomado medidas que profundizan la militarización en el país, donde destaca la transferencia formal de la GN a la SEDENA, la cual ya ejercía de facto su control operativo. Sin embargo, frente a la concreción de esta reforma, se han otorgado atribuciones de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), las cuales se materializarán mediante la creación y recuperación de dos subsecretarías, principalmente la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial y se formarán con la transferencia de más de 10 mil elementos de la ex policía federal absorbidos por la GN. Esta última desempeñará una función antes considerada impensable: centralizar y gestionar datos provenientes de instituciones de inteligencia, como la FGR, GN, SEDENA, MARINA y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La novedad radica en superar la tradicional reticencia de estas instituciones a compartir información, especialmente por parte de los militares, debido a preocupaciones de seguridad (filtración de datos) o intereses políticos.

Por otra parte, Harfuch ha designado a figuras de su completa confianza para liderar instancias estratégicas de inteligencia, como Francisco Almazán Barocio en el CNI y Héctor Elizalde en la nueva Subsecretaría de Inteligencia. Estas decisiones no solo buscan optimizar la coordinación entre instituciones, sino también fortalecer la lealtad hacia su liderazgo, con lo que consolidaría su control en la política de seguridad en el país y que en un juego de suma cero, significa menor capacidad de decisión en manos de militares.

La transferencia administrativa de la GN a SEDENA apunta a alejarlas del este control de la política de seguridad y que eventualmente tengan como principal función fungir como apoyo operativo y el resguardo de instalaciones prioritarias. Por supuesto, no podemos perder de vista el gran empoderamiento que han gozado las fuerzas armadas en el país y que aún tienen la capacidad de presión e influencia y así no quitar por completo las manos del volante.

Respecto a la segunda clave, a partir del fortalecimiento del SESNSP, el gobierno federal busca hacer presión efectiva a las entidades federativas y municipios para fortalecer sus corporaciones policiales, para que así cumplan efectivamente sus respectivas responsabilidades en el ejercicio de la función de seguridad. No es secreto que es eslabón débil de la seguridad en el país está en sus corporaciones policiales locales y su total dependencia del gobierno federal, por lo que dedicar parte de la estrategia a su fortalecimiento también expresa un cambio sustancial con el gobierno anterior.

El SESNSP, conocido comúnmente por proveer información mensual sobre la incidencia delictiva en el país, en términos generales, es la instancia encargada de monitorear que las instituciones de seguridad del país cumplan acuerdos realizados por los encargados de las mismas, por ejemplo, alcanzar ciertos niveles de reclutamiento y de certificación del personal policial, compra de equipo para personal policial. En otras palabras, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el ejercicio de la función de seguridad.

Para liderar esta tarea, Marcela Bravo Figueroa, exsubsecretaria de Desarrollo Institucional en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha sido designada como la responsable del SESNSP y de esta desafiante labor. Durante su gestión en la Ciudad de México, la policía capitalina fortaleció su capacidad de reclutamiento, certificación y su régimen disciplinario, lo que la posiciona como una de las personas más calificadas para llevar a cabo la visión de la presidenta y del secretario de seguridad. Sin embargo, lo que dure su gestión no estará exenta de polémica, debido a las críticas sobre las cifras de incidencia delictiva que se puede argumentar de ser engañosas. Este tipo de cuestionamientos podría afectar su imagen institucional, distraerla de sus objetivos y repercutir en su desempeño. Solo el tiempo dirá cuáles serán sus prioridades y el alcance de sus esfuerzos en este encargo.

Una vacío importante que es posible ver en esta estrategia es el olvido en el que dejan la transformación de las fiscalías, ya que en estas está la principal responsabilidad de la terrible impunidad que azota al país y que alimenta el ciclo de violencia. Aunque algunos políticos oficialistas declaren que eventualmente llegará la reforma a las fiscalías del país, por ahora su ausencia solo se puede entender en términos políticos, ya que siguen siendo una herramienta efectiva en el campo político: la justicia y la impunidad como moneda de cambio en favor de aquellas personas en el poder, por lo que es previsible la permanencia del status quo en este tema ya que nadie estará dispuesto a renunciar a esta capacidad de presión. No habrá estrategia que sea comprensiva si no considera la crisis de impunidad.

Asimismo, el creciente punitivismo con la expansión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es un obstáculo a la pacificación del país. Más cárcel no es igual a más seguridad, pero el populismo penal es una estrategia que funciona electoralmente y desde pasados gobiernos no han dudado en explotarlo, aunque no resulte en el embate a la violencia en el país.

Por último, existen señalamientos de analistas de que se está repitiendo historia que ya conocemos: la creación de una super secretaría con nulos controles, al igual que la Secretaria de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna o la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, con los saldos de corrupción, abuso de autoridad y casi nulo impacto en la situación de seguridad en el país que ya todas y todos conocemos.

Aunque hay transformaciones necesarias y positivas que apuntan efectivamente a una nueva estrategia (por lo menos respecto a la administración anterior), se contrarrestan con otras decisiones que ocasionará que el gobierno siga acumulando su incapacidad para hacer frente a la violencia en el país.

* Gerardo López García (@gera_emp) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).