Ciudadanos naturalizados demandan a funcionarios electorales de Iowa por afectar su derecho al voto

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Cuatro votantes y un grupo de derechos civiles hispano demandaron al principal funcionario electoral de Iowa después de que éste instruyera a los trabajadores electorales impugnar las boletas de personas que podrían ser ciudadanas naturalizadas. Los demandantes alegan que el estado infringió sus derechos en su intento de evitar que los no ciudadanos voten.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Iowa presentó una objeción legal ante el tribunal federal la tarde del miércoles en nombre de cuatro individuos señalados por el secretario de gobierno de Iowa, Paul Pate, como votantes registrados que podrían no ser ciudadanos. Según la demanda, son ciudadanos naturalizados.

La oficina de Pate dijo la semana pasada que proporcionó a los auditores del condado una lista de 2.022 personas que informaron al Departamento de Transporte del estado que no son ciudadanos, pero que posteriormente se registraron para votar o votaron. Dado que esos individuos podrían haberse convertido en ciudadanos naturalizados en el tiempo transcurrido, la oficina de Pate indicó a los funcionarios electorales del condado que impugnaran sus boletas y les hicieran emitir una boleta provisional en su lugar.

Tendrían siete días —uno más de lo habitual debido a un día feriado federal— para proporcionar pruebas de su condición de ciudadanía para que su boleta sea contada.

Según la demanda, el año pasado se registró un nuevo votante, un día después de convertirse en ciudadano estadounidense.

“Aun así, fue colocado en la lista encubierta del secretario y fue injustamente sometido a investigación y a una impugnación electoral por cumplir la ley y ejercer su derecho al voto”, dice la demanda.

La ACLU también representa a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Iowa.

Es ilegal que los no ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones federales, pero no hay pruebas de que esto esté ocurriendo en cantidades importantes, aunque en Iowa y en algunos otros estados se han identificado docenas de esos casos.

Antes de que se presentara la demanda, Pate dijo a los periodistas el miércoles en una conferencia de prensa que la lista del Departamento de Transporte es “la única lista que tenemos disponible” sin acceso a los registros de inmigración federales.

“Estamos equilibrando este proceso. Queremos que todos puedan votar. Por esta razón, ninguno de ellos ha sido eliminado del padrón electoral”, dijo. Pero “debemos asegurarnos de que ahora sean ciudadanos”.

Con la votación anticipada en pleno desarrollo y a pocos días de las elecciones del 5 de noviembre, en la demanda se solicita que se rescinda la lista y que no se impugne por esta razón a los votantes que aparecen en ella. Se afirma que los funcionarios electorales de Iowa afectan el derecho al voto y discriminan a los ciudadanos naturalizados, tratándolos de forma diferente a otros y violando su derecho constitucional a la igualdad de protección.

La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, dijo en un comunicado el miércoles, antes de la demanda de la ACLU, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos “llamó al Estado en un intento de presionar a Iowa para que permita votar a los no ciudadanos”.

“Cada voto legal debe contar y no ser cancelado por un voto ilegal”, dijo. “En Iowa, defenderemos nuestras leyes de integridad electoral y protegeremos el voto”.

En un correo electrónico, un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar.

The Associated Press dejó mensajes de correo electrónico a Pate y Bird el jueves, solicitando sus comentarios sobre la demanda de la ACLU.

Pate intentó diferenciar a Iowa de otros estados, como Virginia, donde más de 1.600 votantes fueron eliminados de la lista de registro de votantes en los últimos dos meses en un programa promulgado mediante una orden ejecutiva emitida el 7 de agosto por el gobernador republicano Glenn Youngkin.

El Departamento de Justicia y una coalición de grupos privados demandaron a Virginia a principios de octubre, argumentando que los funcionarios electorales del estado violaron el período de “inactividad” de 90 días de la ley federal previo a las elecciones.

La Ley Nacional de Registro de Votantes exige ese período de inactividad para que los votantes legítimos no sean eliminados de los registros por errores burocráticos o errores de último momento que no puedan corregirse rápidamente.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema estadounidense dijo el miércoles que Virginia podría continuar, anulando la decisión de un juez federal que dijo que la purga del estado era ilegal. Un tribunal de apelaciones federal había permitido previamente que la orden del juez siguiera en vigor.

En una demanda similar en Alabama, un juez federal ordenó este mes al estado restaurar la elegibilidad de más de 3.200 votantes que habían sido considerados no ciudadanos inelegibles. El testimonio de los funcionarios estatales en ese caso mostró que aproximadamente 2.000 de los 3.251 votantes que fueron inactivados eran en realidad ciudadanos registrados legalmente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.