El circo de lo absurdo y la máquina de impunidad: por qué no funciona la investigación criminal en México (Parte 2)

Cuando la burocracia de un Estado pasa de ser un bien público a un bien político, uno de los resultados es su fragmentación. Esto es lógico pues cada institución, y cada departamento dentro de cada institución, se convierte en un coto de poder.

Idealmente, la burocracia debe funcionar como un rompecabezas. Las instituciones son piezas especializadas y complementarias. Cada una debiera ser diseñada en consideración de su función específica y de acuerdo a los estándares técnicos de su particular especialidad. Sin embargo, cuando las instituciones del Estado son propiedad política, las especialidades se convierten en dominios y la complementariedad se sustituye por competencia. Cada institución busca acaparar mayores recurso propios y la relación con otras instituciones se tiñe de desconfianza y secrecía. La fragmentación garantiza un Estado inoperante.

De entre todas las instituciones hechas botín político, la más codiciada es la justicia penal. El dueño de la coerción penal gozará de un poder “político” desmedido: “Acordamos por las buenas o por las malas”. Quienes concentran el poder siempre han buscado gobernar con arbitrio la coerción penal, de allí que la historia está plagada de camisas negras, azules o pardas.

Los modelos democráticos pretenden blindar la justicia penal de su uso político. La democracia mexicana busca evitar este abuso al requerir a múltiples poderes del Estado para ejercer la coerción penal. De manera similar a la imagen caricaturizada de las llaves que dos individuos deben girar simultáneamente para accionar una bomba nuclear, así la coerción penal en México requiere del poder ejecutivo, el poder judicial y un autónomo para ejercerse.

La idea es buena, pero en la práctica no se desmonta la premisa de que las instituciones tienen dueño. Tratándolas como dominios políticos, las reformas se concentran en la probidad del titular y no en el diseño técnico del funcionamiento institucional. El resultado es que las instituciones de justicia, y en particular las fiscalías, son de las instituciones más fragmentadas que tiene el Estado mexicano.

Las fiscalías responden a un diseño de estricta lealtad política y no a un diseño funcional. Cada área, fiscalía y departamento es un dominio que se resguarda con celo. Adicionalmente utiliza la secrecía de la investigación como concepto que escuda cualquier intento de requerir colaboración entre instituciones o dentro de la misma fiscalía. Su nivel de fragmentación es vertical y horizontal llegando prácticamente a la pulverización.

El resultado son casos que se investigan simultáneamente por múltiples fiscalías especializadas sin que se comparta entre ellas un solo documento. Tal fue el caso en donde los mismos hechos se investigaban en 16 carpetas dentro de la misma fiscalía y otras carpetas en 3 otras fiscalías especializadas. 1 Cada fiscalía requería a las mismas personas a presentarse y participar en las mismas diligencias repetitivas. La duplicidad es evidentemente desgastante para la víctima y sumamente costoso para el Estado.

La comunicación entre el M.P. y los agentes de investigación, aun dentro de la misma institución, es escrita. No forman equipo, no discuten los casos. Los niveles de desarticulación son aún peor cuando se trata de coordinación con policía preventiva, municipal o guardia nacional. Oficios van y vienen, sin que las personas tengan contacto o se conozcan.

El M.P. a cargo de la investigación no tendrá acceso a los reportes policiales y la información que reciba de ellos será únicamente aquella que él o ella le haya requerido. Así la carpeta de investigación se convierte en un ejercicio tautológico del M.P. preguntando a la policía sobre evidencia que presume pudiera existir, mientras que el primer respondiente tiene datos útiles que no comparte. Tal es el caso de un homicidio en el que la investigación se integraba sin conocimiento de las 4 patrullas que arribaron al lugar de los hechos hasta que cámaras particulares demostraron su presencia. 2

Ninguna investigación criminal y ninguna judicialización es posible desde la fragmentación. El resultado es claro. Se estima de manera invariable a través del tiempo que el nivel de inefectividad de la procuración de justicia es casi total. Casi el 100 % de los delitos cometidos en México quedan impunes, solo un 3.7 % de éstos se investigan hasta arribar a una conclusión. 3

Los efectos negativos de la fragmentación son un tema conocido y mucho se ha escrito sobre la necesidad de una visión sistemática. 4 Entonces, ¿cómo se explica la prevalencia de esta estrategia tan poco exitosa? La fragmentación es necesaria para mantener un título de propiedad sobre la coerción penal. El diseño funcional y la evaluación técnica libera al servidor público de la cadena de lealtad política en la jerarquía institucional. La reforma del sistema penal acotó el poder absoluto del que gozaban las procuradurías de justicia y sus padrinos políticos para ejercer la coerción penal pero aún subsisten amplios márgenes de acción. La investigación criminal bajo el manto de la prisión preventiva oficiosa continúa siendo el botín más preciado de la burocracia como bien político.

El país encara la oportunidad de materializar una profunda reforma al sistema de justicia. Sin embargo, de origen replica el error de la fragmentación. Desde la lógica de que las instituciones son propiedad de su titular, se concentra en un cambio de dueños y no en un rediseño, sistémico, de la justicia en su conjunto.

Segunda de tres partes de la investigación realizada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia sobre por qué no funciona la investigación criminal en México. La primera parte se puede leer aquí. La investigación completa se puede leer aquí.

1 Causa Penal 391/2023.

2 Carpeta de investigación 095/2018. CDMX.

3 México Evalúa. Comunicado de Prensa. Octubre 2023.

4 Novoa, M. 2017.