Giséle Pélicot, de 71 años, se presenta ante las cámaras y el tribunal de Aviñón con anteojos de sol y el coraje de quien no tiene nada que perder. Junto a sus hijos, y frente a decenas de desconocidos –que asisten al juicio porque ella decidió hacer público su caso–, narró una de las historias más desgarradoras de los últimos tiempos: durante 10 de los 50 años que estuvieron casados, su marido permitió que más de 70 desconocidos la violaran mientras ella yacía inconsciente por los ansiolíticos que él ponía en su comida. De los perpetradores, actualmente 51 están siendo juzgados en lo que los propios medios franceses denominan “el proceso del siglo”.

Según el diario francés Le Monde, se pudo determinar, a través de 4000 fotos y videos que se encontraron en las computadoras, discos duros o USB del marido, que en total fueron cerca de 200 violaciones entre 2011 y 2020. La mayoría de ellas ocurrieron cuando se mudaron en familia a Mazan, un pueblo de 6000 habitantes, en el departamento de Vaucluse. “No hubo ninguna asistencia a una persona en peligro. Perdí 10 años de mi vida, nunca los recuperaré”, expresó el jueves pasado Pélicot.

El caso generó un fuerte debate sobre los graves fallos en el sistema de justicia y en la legislación francesas y cómo el país gestiona los delitos sexuales.

El sistema judicial francés se basa en la presunción de inocencia, considerando a toda persona inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, esta protección puede parecer excesivamente laxa, como en el caso de Pélicot, detenido en varias ocasiones sin enfrentar consecuencias graves, incluida una acusación de violación en 2022, que sigue bajo investigación.

Jérémie Bosse Platière, comisario y director de la investigación de Pélicot, dijo en diálogo con LA NACION, que, muchas veces, la prueba de que se cometió una infracción se basa en el testimonio de la denunciante, y que raras veces se establece la infracción mediante constataciones materiales, como lesiones, recogida de esperma, etc.

“La acusación se fundamenta normalmente solo en el testimonio de la denunciante. Si la otra parte niega la agresión, los policías y magistrados se enfrentan a dos testimonios contradictorios. Solo el testimonio de uno no puede determinar la culpabilidad del otro”, sostuvo el investigador. Entonces, para él no hay un “fallo del sistema”, sino una “dificultad para establecer la prueba de lo que alegan las víctimas”.

Sin embargo, algunos legisladores exigen cambiar la definición actual de “violación”, ya que, según la ley, este es “un acto de penetración sexual” con “violencia, coacción, amenaza o sorpresa”, lo que genera una laguna legal en cuanto al consentimiento.

“El mayor inconveniente de esta definición es que muchas situaciones quedan fuera del ámbito de la violencia, la coacción, la amenaza y la sorpresa, y sin embargo son percibidas por las víctimas como violación” explica a LA NACION la abogada francesa Anne Bouillon, especializada en derechos de la mujer. “Es la famosa zona gris: abarca todas las situaciones en las que el acusado no tiene en cuenta el consentimiento de la víctima”.

Dado que Pélicot fue drogada la interpretación técnica de la ley podría desmoronarse. Pero Bosse Platière aclaró que, en este caso, la teoría del consentimiento es difícil de sostener gracias a las grabaciones de los actos sexuales, en donde se ve el estado de incosciencia de Gisèle Pèlicot, confirmado por peritos médicos. Algunos acusados afirmaron no haber obtenido el consentimiento explícito de la víctima, por eso, “no podían ignorar que se trataba de una violación”, remarcó.

Por su parte, Bouillon explica: “La violación por sumisión química se produce cuando el consentimiento de la víctima es sorprendida, es decir, engañada. En este caso, la víctima drogada no pudo expresar ni negar su consentimiento. Algunos acusados declaran que no sabían que ella no quería. Y de hecho, desde un punto de vista jurídico, no tienen la obligación de preocuparse por el consentimiento de la víctima”.

Cambiar el paradigma

Por estas razones, activistas y organizaciones de derechos humanos locales critican las leyes actuales en materia de abusos sexuales y las consideran inadecuadas para proteger a las víctimas y castigar a los agresores. Según un estudio realizado por la Commission Inceste en 2023, se estima que apenas el 1% de los casos denunciados llega a una condena efectiva.

Para la abogada esto debe cambiar: “En una sociedad moderna y feminista hay que invertir el axioma: toda relación sexual debe presumirse no consentida hasta que se demuestre lo contrario”.

Muchas juristas feministas francesas plantean la necesidad de incorporar el concepto de “consentimiento” en la definición de violación del artículo 222-23 del Código Penal, que en este caso se aplica en conjunto con el 222-24, que explicita como agravante la violación de una persona bajo la influencia de productos estupefacientes o químicos, para perjudicar su discernimiento o el control de sus acciones. Así lo explicó a este medio Catherine Le Magueresse, ‌‌investigadora asociada del Instituto de Ciencias Jurídicas y Filosóficas de la Sorbona.

Pero la letrada también opinó: “Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones exige que los agentes de policía o de gendarmería tomen en serio las declaraciones de los denunciantes cuando afirman haber sido drogados y realicen sistemáticamente los exámenes necesarios para detectar la presencia de estos productos. Lo cual no es el caso”.

Según la especialista, es necesario, además, “educar y formar a las personas para que desaparezcan de las representaciones sociales el ‘deber conyugal’ y el derecho a tener control sexual sobre ‘la propia’ esposa”, y ejemplificó con el caso, en el proceso de Mazan, del acusado que creía poder penetrar a la señora Pélicot por tener el consentimiento de su marido. Y respecto de si este caso podría cambiar la legislación actual, sostuvo que todavía es temprano para saberlo: “Las abogadas feministas venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, y este juicio ilustra las deficiencias que denunciamos”.

Datos impactantes

En Francia ocurren un promedio de 80.000 violaciones al año y un total de 220.000 víctimas comprendidas en los delitos de violación, intento de violación y tocamientos sexuales. Según la especialista, aunque no asegura que en ese país haya más violaciones que en otros en proporción poblacional, también cuestiona: “La respuesta judicial me parece especialmente deficiente, con una tasa de despidos inaceptable, lo que explica en parte que el 90% de las víctimas no presenten denuncia”.

Según los datos del Ministerio del Interior y Ultramar, durante 2023 hubo 114.100 víctimas de violencia sexual, entre los que se cuentan casos de violencia física y no física, explotación sexual y exhibicionismo. Tres cuartas partes fueron violaciones o tentativas de violación, y agresión sexual.

Además, según el último estudio de World Population Review, Francia presenta una tasa de violaciones de 52,56 por cada 100.000 habitantes, una cifra similar a la del Reino Unido (52,99), pero más alta que la de Alemania (12,48), los Países Bajos (13,37), Brasil (22,37) y la Argentina (15,01).

“Los casos de agresiones sexuales están aumentando notablemente en Francia porque las víctimas están rompiendo el silencio, y las autoridades judiciales y policiales están muy atentas a estas dramáticas situaciones”, dijo Bosse Platière.

El sociólogo francés Eric Fassin explicó a LA NACION que las cifras más altas pueden indicar tanto un mayor número de violaciones como una mayor disposición a denunciarlas, especialmente tras el efecto #MeToo, que ha motivado a más víctimas en Europa a presentar denuncias.

“El caso de Pélicot sigue una lógica: la ‘sumisión química’ surge porque, ante la creciente resistencia de las mujeres, se crea la fantasía de violarlas ‘sin que ellas lo sepan’”, explicó.