Las cárceles de Ecuador se han convertido en sinónimo de muerte (y no se puede hacer nada)

Ecuador ha empezado el 2024 de forma convulsa. La fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal de Los Choneros, ha puesto de relieve la situación de vulnerabilidad máxima del Gobierno de Daniel Noboa, que ha impuesto un estado de excepción y un toque de queda para intentar mantener el control en el país.

La violencia se ha convertido en moneda común de una sociedad que no hace tanto era una de las más pacíficas de la región. La realidad, hoy en día, es muy diferente. En solo cinco años, Ecuador ha pasado de 5,8 homicidios por cada 100.000 personas a más de 40, lo que le convierte en el más violento de Sudamérica. Y lo que ocurre en sus cárceles tiene mucho que ver.

La población reclusa se ha multiplicado por cuatro en la última década. De los 11.000 prisioneros que existían, ahora la cifra se sitúa por encima de los 40.000. Casi un 30% de ellos están entre rejas por posesión o venta de drogas. Y a medida que aumentaba el número de presos, iba disminuyendo el control de las autoridades sobre estos lugares.

Si nos situamos ya en 2024, la situación es dramática para el Gobierno. Las bandas delictivas dominan a su antojo los centros penitenciarios, convertidos en centros de operaciones para organizarse y sembrar el terror en la sociedad. Por ejemplo, tal y como cuenta El País, en la Penitenciaría del Litoral y la Regional son los propios reclusos los que tienen las llaves y deciden a quién dejan entrar y a quién no.

De esta manera, las cárceles se han convertido en el epicentro del crimen, el lugar desde el que las bandas criminales, aliadas con los cárteles colombianos y mexicanos, ejecutan sus principales acciones. Y su dominio entre rejas tiene su reflejo en el exterior de ellas, con los políticos obligados a llevar chalecos antibalas después de que se produjo el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.

En 2021 se produjo el primer motín importante en una prisión y desde entonces, este fenómeno no ha hecho más que crecer. Desde el año 2020, más de 500 personas han muerto de manera violenta en las cárceles del país. En todo este tiempo, los motines se cuentan por decenas. Hasta seis simultáneos se produjeron tras la huida de Fito, una situación que obligó a las autoridades a decretar el estado de excepción.

El Gobierno está lejos de tener las cosas bajo control, con explosiones, policías secuestrados y una situación de crisis total en numerosos puntos del país.

Recuperar el control, misión imposible

En este clima de violencia desatada y de poder absoluto de las bandas criminales en los centros penitenciarios parece que la única posibilidad es conseguir recuperar el control de las instituciones, algo que no va a ser rápido ni fácil. De momento, el mandato de Daniel Noboa es solo por un año y medio, por lo que no podrá hacer cambios profundos.

Los marcos institucionales no permiten las reformas que serían necesarias para poder dar la vuelta a la situación y la realidad es que el 2025 está a la vuelta de la esquina. Los expertos proponen acuerdos de cooperación público-privados, que permitan la unión de policías, miembros de las Fuerzas Armadas y guardias del sector privado. Todos juntos pondrían presión sobre las bandas criminales.

Una actuación coordinada que necesitaría de un gran liderazgo por parte de las autoridades y una voluntad de colaboración de todos para conseguir que el país salga adelante. Unos consensos, en definitiva, que tendría que buscar Noboa, que acaba de llegar al cargo en noviembre de 2023, y ya está viviendo en sus propias carnes la complicada situación de Ecuador.

De esta manera, pensar que en un tiempo tan corto va a ser posible una solución duradera es una quimera La situación actual es el resultado de varios años de una gestión pésima en la que el crimen organizado y las drogas se han ido haciendo sitio al mismo tiempo que el Estado se debilitaba.

Estos grupos se han alimentado de la corrupción estatal, actuando en connivencia con agentes judiciales, jueces y otros elementos que son los que deberían sostener el Estado de derecho. Decenas de agentes y jueces han sido acusados de colaborar con el crimen.

Esperan tiempos muy difíciles en Ecuador en el que sus Gobiernos deberán ser valientes, dialogantes y tener como prioridad resolver la violencia. La tarea se presenta ardua.

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