Bukele se ha convertido en un dictador, aunque El Salvador lo adore

85% de los votos. 58 de 60 diputados. Son las abrumadoras cifras que ha conseguido previsiblemente Nayib Bukele en las elecciones celebradas en El Salvador este 4 de febrero. Números que parecen sacados de cualquier régimen autoritario, pero que, sin embargo, se han producido en unos comicios democráticos en los que los salvadoreños han podido ejercer libremente su derecho.

No cabe duda que el recién elegido presidente goza de una amplia y sólida popularidad, pero no se puede olvidar que el nombre del joven político, de solo 42 años, no debería haber aparecido en la boleta.

Tal y como señalan los constitucionalistas, hay al menos seis artículos de la Constitución que impiden a un presidente aspirar a la reelección inmediata. Es decir, Bukele debería haber gobernado este lustro y después tendría que haber dejado paso a otro candidato. Pero el presidente, consciente de esta situación, maniobró en 2021 para poder repetir, en lo que fue un claro ataque a la separación de poderes.

Entonces, la Asamblea Legislativa de El Salvador, que ya tenía mayoría oficialista, destituyó a los principales magistrados y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general. Fueron sustituidos por un grupo de abogados seleccionados por el Gobierno, teniendo así una institución confeccionada a medida.

Una maniobra destinada a acaparar los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y que fue muy criticada por las organizaciones internacionales por la falta de contrapesos de la democracia. Pero el paso ya estaba dado y garantizaba que Bukele no encontraría oposición en su camino a la reelección.

Tras el cambio de magistrados, el máximo tribunal dictaminó que el actual presidente podría presentarse a un segundo mandato si dejaba su cargo seis meses antes de que empezara un nuevo periodo. Una triquiñuela para burlar lo recogido en la Constitución de no poder encadenar dos etapas consecutivas.

De esta manera, en diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la solicitud del presidente para dejar el cargo durante seis meses y así centrarse en la campaña de reelección. Y, por supuesto, el nombre de Bukele pudo aparecer en las elecciones.

Según la Real Academia Española, un dictador es aquella persona que recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Una definición que se ajusta perfectamente al actual presidente de El Salvador, que controla todos los poderes y ejerce su poder sin limitación.

Al mismo tiempo que Bukele tomaba bajo su control todas las instituciones estatales, se convertía en un referente tanto dentro del país como en el exterior. Se trata de un líder populista que ha tenido como prioridad durante su mandato acabar con la violencia de las pandillas. Y los resultados son positivos, aunque los métodos son absolutamente cuestionables para cualquier persona que defienda los derechos humanos.

La violencia en el país

En 2015 se producían 103 homicidios por cada 100.000 personas, cuando llegó Bukele al poder se situaba en 36 y en 2022 estaba en solo 7,8. Una bajada abrupta que ha sido muy apreciada por los salvadoreños. Buena parte de su popularidad ha llegado por este motivo. Y precisamente en países donde la violencia también está en cifras estratosféricas se habla estos años que haría falta un Bukele para solucionarlo. No cabe duda que su mano dura y su guerra total a las maras traspasa fronteras.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos no observan con la misma simpatía su gestión. De acuerdo a Amnistía Internacional, las autoridades han cometido gravísimos abusos de forma sistemática desde que se aprobó el régimen de excepción para precisamente controlar la violencia. Ese régimen de excepción ha permitido al Gobierno ejercer la violencia de forma arbitraria.

En 2023 se cifraba en más de 66.000 detenciones (en un país de poco más de 6 millones), malos tratos, tortura, desapariciones forzadas y muerte de cientos de personas bajo la custodia del Estado.

Con frecuencia, las autoridades publican vídeos en los que se ven las cárceles con los prisioneros hacinados y sufriendo la violencia estatal. Un intento de mostrar que no va a temblar la mano en la lucha contra las pandillas, pero al mismo tiempo un ejemplo perfecto de hasta qué punto la mano del Estado se puede exceder en sus funciones.

Ahora esperan por delante otros cinco años más de Bukele en los que va a seguir ejerciendo su poder absoluto refrendado en las urnas. Y la sospecha de que va a ser muy difícil, que abandone la presidencia de El Salvador en mucho tiempo.

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