Baja California, el primer atropello histórico a la democracia en la 4T

Baja California hace historia al llevar a cabo la primera encuesta en México para ampliar el mandato de un gobernador electo. El pasado 9 de junio se llevó a cabo la elección para gobernador cuyo mandato, según la convocatoria oficial, es por dos años, no obstante, la XXII legislatura, con mayoría del PAN, reformó el artículo 8 transitorio de la Constitución local, para ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años para el que fue electo Jaime Bonilla, de Morena.

La determinación de los legisladores generó controversia local y nacional, a pesar de la cual la XXIII legislatura, entrante, determinó realizar una encuesta, con el argumento de que sería el mecanismo para consultar a los ciudadanos sobre la ampliación del mandato de Jaime Bonilla, hasta cinco años.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el pasado 2 de octubre que el periodo de gobierno para el que fue electo Jaime Bonilla debe ser de 2 años, a pesar de lo cual el congreso de Baja California decidió organizar la consulta.

Y así, el domingo 13 de octubre se aplicó la encuesta en el estado de Baja California. Fueron instaladas 250 casillas en los cinco municipios de la entidad: Mexicali, Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate, cada una con mil boletas foliadas.

Especialistas comentaron que este ejercicio estuvo carente de rigor técnico y metodológico. Los interesados en participar solo tenían que mostrar su credencial de elector para recibir una boleta y votar. No hubo mamparas ni tinta indeleble, con lo que se abrió la posibilidad de votar de manera repetida.

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En opinión de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, la encuesta del congreso de Baja California carece de fundamento legal y sus resultados no serán vinculatorios, por no estar sancionados por el Instituto Estatal Electoral. Respecto de las preguntas considera que estuvieron amañadas al inducir al voto y “son la mejor prueba del atropello a la democracia constitucional que se pretende consumar en ese Estado”. (Sol de México, 13 de octubre de 2019)

“No reconocer el carácter evolutivo de nuestra democracia, propicia que haya quienes piensen que se pueden cambiar las reglas del juego cuando la contienda ya haya terminado, modificar los plazos de gobierno de un candidato cuando este ya fue electo, o peor aún, someter a consulta la modificación de las reglas y plazos de nuestros procesos democráticos, como está ocurriendo en Baja California“. (Contrareplica, 14 de octubre de 2019)

De gira por Baja California, un día antes de que se realizara la consulta para ampliar o no el gobierno de Bonilla, el presidente López Obrador expresó su postura, a través de su cuenta de Twitter: “En Baja California hay una controversia acerca de si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno es que ahora hay Estado de derecho y decidirá la SCJN. Antes eran dedazos y concertaciones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores”. (Sol de México, 12 de octubre de 2019)

Las reformas a la ley de la anterior legislatura, para ampliar el gobierno de Jaime Bonilla, no han sido publicadas en el Periódico Oficial, por lo que legalmente no han procedido las impugnaciones planteadas por diferentes actores políticos, sociales y empresariales de la entidad.

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La legislatura actual, dominada por Morena, informó que publicará las reformas “solo si la ciudadanía vota mayoritariamente por el periodo de cinco años”. (La Jornada, 14 de octubre de 2019)

Con todo el desgaste político que ha generado esta reforma a la ley, que según la ruta trazada por López Obrador podría terminar entre los asuntos de la SCJN, el resultado obvio de la encuesta a modo, será favorable para la ambición de poder de Jaime Bonilla, que además le estaría haciendo un favor a Ya Sabes Quien, que podría tener en el posible dictamen de la “Tremenda Corte”, recientemente alineada a la 4T, la creación de jurisprudencia sobre la ampliación de mandato, por lo que pudiera ofrecerse en el futuro.

El asunto no es menor porque implica que la práctica de López Obrador de hacer consultas fuera de la norma para decidir asuntos relevantes, como la cancelación del NAIM, el Tren Maya, la termoeléctrica en Morelos, la Refinería en Dos Bocas, la cancelación del Metrobús en Torreón podría multiplicarse, llegar a los gobernadores hasta hacerse una práctica frecuente y entonces estaríamos simulando en México una democracia que no pasa por las instituciones y estaríamos construyendo la supercarretera del autoritarismo paternalista, disfrazado de tolerancia, para burlar la ley.