Yahoo Noticias Con la ausencia de Cuitláhuac García, el Estado ofrece disculpa pública por el feminicidio de Pilar Argüello, en Veracruz
Las manos de Reyna Trujillo sostenían la foto de su hija, Pilar, mientras escuchaba a las autoridades federales y estatales decir lo que ella tanto tiempo ha insistido: actuaron mal en el caso y eso permitió la impunidad en uno de muchos feminicidios ocurridos en los últimos años en Veracruz.
Fue necesario que el caso llegara al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas, y que pasaran siete años desde que éste determinó que México tenía una deuda pendiente con Reyna y con todas las familias víctimas de feminicidios, para que las autoridades mexicanas admitieran su responsabilidad y dieran una disculpa pública.
Pero al acto, aunque se había prometido, no acudió ni el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, ni algún alto funcionario del gobierno federal. Quedó en manos de titulares de subsecretarías admitir lo mal que actuaron todos para procurar justicia en el caso y prometer cambios en la forma de actuar en todos los feminicidios.
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“Hoy reconocemos que luego de su feminicidio, la falta de respuesta por parte de las autoridades locales y nacionales de aquel entonces obligó a sus familiares a presentar el caso ante instancias internacionales, (…) el gobierno de México reconoce su responsabilidad internacional y ofrece una sincera y respetuosa disculpa”, sentenció la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Iris Mariana Rodríguez Bello.
“Debemos reconocer que en la investigación de su muerte los medios no fueron adecuados, inmediatos ni suficientes, ello trajo como consecuencia que Pilar y su familia aún no hayan obtenido justicia (…) haremos todo lo posible garantizar el acceso a las justicias para las mujeres asesinadas en razón de género”, dijo la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns.
Un caso que representa a todas las mexicanas
El caso de Pilar Argüello ha sido el único que ha llegado a la Organización de las Naciones Unidas, debido a la gravedad del mismo. Pero en su dictamen de la comunicación 75/2014, emitido el 2017, señala que no es el único feminicidio en el que las autoridades del país tienen fallas que provocan que los casos queden en la impunidad.
Ella fue asesinada el 3 de septiembre del 2012 en el municipio de Coscomatepec en Veracruz, presuntamente a manos de su expareja. Él fue detenido, admitió su culpabilidad y participó en una reconstrucción de los hechos, pero como era menor de edad, el caso fue trasladado a un juzgado juvenil donde determinaron que no había pruebas suficientes en su contra y fue exonerado. La falta de actuación de las autoridades impidió que se siguiera el caso o que tuviera alguna otra investigación, condenándolo a la impunidad.
El caso de Pilar representa a todas las mexicanas. Por eso la CEDAW consideró, en 2020, que el gobierno debe resolverlo como una forma de alentar la resolución de otros casos en el futuro. Pero no lo ha hecho.
En el dictamen de hace siete años, la CEDAW ordenó que el Estado Mexicano debía reabrir la investigación del feminicidio de Pilar Argüello para darle justicia a su familia, pero también garantizar que los casos de feminicidio no queden en la impunidad y eliminar las trabas para lograr el castigo a quienes sean culpables. Además, pidió implementar programas de capacitación a policías, fiscalías y juzgados para que sepan actuar en estos casos y garantizar el apoyo.
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Por ejemplo, con Pilar, el dictamen señala que en ningún momento se aplicó el protocolo para manejar el caso como feminicidio, a pesar de la violencia sexual, las lesiones y el haber sido abandonado en un lugar público. Tampoco importó la relación que tuvo con su presunto agresor. Pero la recomendación de la CEDAW deja claro que esto se repite en muchos casos, donde sin importar las evidencias, los casos no son clasificados como feminicidios.
“Este caso se enmarca dentro de un contexto de altos índices de violencia contra las mujeres y de impunidad en relación con los casos que se denuncian ante los tribunales”, señaló en aquel dictamen el Comité de la ONU.
Esas fallas ahora fueron reconocidas por parte de las autoridades. Por ejemplo, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, afirmó que actuaron de manera errónea y no se tomó en cuenta la perspectiva de género.
Una disculpa no brinda justicia
La familia de Pilar Argüello analizará los discursos que brindaron las y los funcionarios, así como la representatividad que tienen quienes se presentaron, para determinar si aceptan las disculpas o las rechazan. Pero por encima de éstas, lo que buscan es justicia.
“Gobierno, si quieres que confiemos en ti haz tu trabajo, para que a otras familias no les pase lo que a nosotros. Como familia sabemos que este acto de reconocimiento, de responsabilidad institucional y disculpa pública es resultado de la lucha con nuestros padres para la verdad y la justicia porque ellos transformaron su dolor en una lucha para Pilar (…) justicia, justicia, justicia, Pilar somos todos”, afirmó
Aracely González Saavedra, representante de la familia de Pilar e integrante de la Asociación Civil Equifonía, explicó que la familia había solicitado la presencia del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez en la disculpa pública, pero no acudió.
Además, señaló que el acuerdo era que llegara el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, pero de último momento cambiaron la representatividad, generando inquietudes en las víctimas.
También indicó que a partir de la recomendación de la CEDAW se reabrió el caso y han hecho algunas diligencias básicas, pero aún no existe un plan de acción que les haya brindado la FGE con el que puedan considerar que realmente están buscando garantizar que no exista impunidad.
“No hay resultados concluyentes al respecto (…) es un punto importante; sin embargo, es insuficiente, la familia es importante que sepa qué es lo que sigue, que se siente con las instituciones, en este caso particularmente Fiscalía y el Poder Judicial para que tengan todos los elementos para tener claridad respecto a lo que van a actuar y las medidas que se van a tomar para garantizar justicia”, aseveró.
Hay desinterés en autoridades y candidatos por el tema de género
Aunque hoy admiten su responsabilidad, en su momento el Estado Mexicano, es decir todos los organismos públicos, intentaron que el Comité de la ONU no emitiera un dictamen sobre el caso de Pilar. Por ejemplo, argumentaron que la mamá y papá pudieron presentar un amparo, sin embargo, se los impidió pues a pesar de que era su derecho, les dijo que debían ser las autoridades, pero cuando lo hicieron ya estaban fuera del plazo legal por lo que fue desestimado.
Pero esa negativa a atender los feminicidios se ha repetido, no únicamente en ese caso. Por ejemplo, aunque la entidad veracruzana cuenta con una alerta de violencia de género por feminicidios (otra por agravio comparado en derechos sexuales y reproductivos y se le podría declarar una tercera por desapariciones de mujeres), el gobierno del Estado ha tenido pocos avances, lo que ha sido un reclamo constante por parte de las activistas.
Por ejemplo, el gobernador Cuitláhuac García anunció públicamente que acudiría a la disculpa pública a la familia de Pilar. Sin embargo, de parte del ejecutivo estatal únicamente acudió el subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Sergio Ulises Montes Guzmán (y quien a medio acto se levantó a responder el teléfono). El gobernador no entabló una comunicación oficial con la familia ni con sus representantes.
Ahora que el estado se encuentra a punto de renovar el Congreso del Estado y la gubernatura, las activistas han señalado que quienes buscan llegar a esos puestos, pues actualmente carecen de propuestas reales sobre cómo atender el problema de violencia contra las mujeres.
Esto es especialmente importante en un estado donde tan solo durante los dos primeros meses del año se registraron 12 víctimas de feminicidio. El año pasado fueron 45 víctimas.
“No hay propuestas concretas ni soluciones tampoco, son las mismas ideas de siempre, algunas fuera de lugar (…) no hay propuestas de fondo para el caso de Veracruz que es un caso muy concreto, muy complejo en el ámbito nacional”, señaló Estela Casados integrante del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana.
En el segundo debate a la gubernatura del estado, uno de los temas a tratar era igualdad de género; sin embargo, la y los candidatos abordaron muy poco sus propuestas del tema centrándose en cuestiones económicas.
En sus plataformas electorales se pueden observar cuestiones como la creación de un Centro Integral de Atención a la Mujer en Veracruz que ofrezca asesoría legal, psicológica y atienda problemáticas de trabajo y salud. Esta es una propuesta de José Yunes Zorrilla, candidato de la alianza Fuerza y Corazón por Veracruz. Su descripción de este centro es muy parecida a lo que en la ley son los Centros de Justicia para las Mujeres, aunque en ningún momento señala si habrá alguna diferencia.
Otra de sus propuestas ha sido transformar el Instituto Veracruzano de las Mujeres en Secretaría de las Mujeres, la creación de un Sistema Estatal de Cuidados. También ha abordado temas como la implementación de un “Salario Rosa”.
Por su parte, la candidata de Sigamos Haciendo Historia por Veracruz, Rocío Nahle, señaló que va a crear una Fiscalía Especializada en Feminicidios que cuenta con una unidad de análisis y contexto (que está mandatada en la primera Alerta de Género). No señaló si esta se diferenciará de la actual Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, pero sí dijo que operará igual que en la Ciudad de México, poniendo esta como ejemplo a pesar de las críticas que ha tenido en su operación.
También indicó la creación de un registro estatal de agresores y deudores alimenticios y en sus propuestas registradas ante el Organismo Público Local Electoral habla de campañas de concientización sobre la violencia de género y capacitaciones en el tema. El resto de sus propuestas hacia mujeres se encuentran relacionadas con programas sociales.
El candidato de Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros, no ha querido hablar públicamente de violencia contra las mujeres e inclusive en el debate únicamente se quiso referir a la pobreza.
En sus propuestas ante el OPLE señala la creación de centros de atención de “violencia intrafamiliar” como única acción puntual. En el resto de los casos señala cuestiones como “eliminaremos la desigualdad que hoy se da en las condiciones de trabajo” sin concretar una propuesta.
Ninguno de los tres aspirantes ha hablado o incluye en sus propuestas la forma en que van a atender las acciones puntuales que solicita la Alerta de Género o cómo van a trabajar para disminuir los feminicidios. Mucho menos han hablado de la forma en que trabajarán para cumplir el dictamen de la CEDAW sobre Pilar, para lograr justicia para ella y para su familia.
“Es muy difícil ver la postura de no entender lo que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia contra las mujeres (…) que se crea que únicamente viendo el tema económico es una forma de trabajar en políticas públicas en favor de las mujeres”, dijo Nancy Torres, vocera de la Colectiva Colmena Verde.
El trabajo continúa
La silueta de una mujer que simboliza a Pilar mirará a todas y todos desde la fachada del Instituto Municipal de las Mujeres de Coscomatepec, donde fue pintada por su familia. Eso junto a una placa que el Gobierno Federal y Estatal reveló serán el recordatorio constante de la deuda que aun debe pagar el gobierno: brindar justicia a Pilar y a todos los casos de feminicidio pero también evitar que haya más casos.
Pero ese mural acompañará lo que ya tienen en la memoria las y los habitantes del pueblo: que la familia de Pilar ha luchado hasta el cansancio. Así lo cuenta una vendedora de un local cercano que identifica el caso como uno de los emblemáticos del lugar y que se une a la exigencia de la familia, que exista justicia.
Desde allí, justo después de correr las cortinas blancas que cubrían el mural, su hermano Mario exigió el cese a esa violencia, entre lágrimas, exigió que no se repita lo que a ellos les sucedió.
“Estamos en pie de lucha para pedir justicia por mi hermana, autoridades del gobierno estatal y federal está presente para seguir en pie de lucha para que haya justicia y verdad, como hombre exijo la revelación de la verdad y que ya no exista el machismo y el respeto a las mujeres”, sentenció.
