Yahoo Noticias Adiós al Estado laico o cómo la 4T le regresaría el poder político a la religión en México
Paulatinamente nos vamos enterando que los alcances de la 4T, que se ha propuesto llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador, no solo pasan por construir un nuevo episodio histórico capaz de alternar con los eventos que nos dieron la Independencia y la Reforma en el siglo XIX y la Revolución en los primeros años del siglo XX.
Ahora sabemos que Morena, el brazo político de la 4T, tiene proyectos regresivos con los que se podrían despertar conciencias radicales que han permanecido en paz por décadas.
No se conoce que algún Poder Legislativo en el mundo haya hecho la revolución, más bien se caracteriza por ser conservador y el Senado en México no es la excepción.
Los senadores de Morena preparan reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con las que pretende eliminar el principio de la separación de la Iglesia y el Estado.
La senadora de Morena, María Soledad Luévano Cantú, presentó una iniciativa en la que propone que las iglesias realicen actividades en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, que tengan acceso a medios de comunicación y se les permita difundir creencias religiosas a través de ellos, que las autoridades gubernamentales asistan a templos sin ser amonestadas y puedan reunirse allí para desahogar encuentros políticos.
La senadora Luévano Cantú también propone “otorgar y recibir acompañamiento, asistencia y asesoramiento espiritual acorde a su doctrina y profesión religiosa en cualquier lugar, incluidos los centros de salud o de reinserción social, instituciones de asistencia social, estancias o estaciones migratorias, sean de carácter público o privado, instalaciones de los cuerpos de policía y en las unidades del Ejército, Fuerzas Área y la Marina.” (El Sol de México, 17 de diciembre de 2019)
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También propone la senadora Luévano que cualquier persona tenga derecho a abstenerse de actuar si se justifica en convicciones éticas y religiosas y que, en el caso de que un objetor de conciencia sea trabajador del Estado, el gobierno garantice los derechos de terceros.
Con su iniciativa la senadora Luévano Cantú espera “que creyentes y no creyentes gocen de la más amplia libertad de conciencia, convicciones éticas y de religión para contribuir al enriquecimiento del debate público, y al fortalecimiento de los valores éticos y religiosos enraizados en las culturas populares”.
Al respecto conviene recordar a la senadora de Morena que este es un debate histórico que ya tuvo lugar en México hace 160 años, cuando Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma con las que consumó la separación de la Iglesia y el Estado. Entre 1859 y 1863 fueron emitidos los decretos de la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Matrimonio Civil (1859), Ley Orgánica del Registro Civil (1859) y la Ley de Libertad de Cultos (1860).
Estas leyes fueron el instrumento para desamortizar los bienes de la Iglesia, establecer el matrimonio como contrato civil, dejar el registro de las personas en manos del gobierno, poner fin a la intervención del clero en los cementerios, prohibir la asistencia oficial a eventos religiosos, impedir que la religión católica fuera la única permitida, garantizar la libertad personal de profesar un culto y la exclaustración de monjas y frailes, entre otras acciones.
Sobre la iniciativa de la senadora María Soledad Luévano Cantú, el ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, comentó en su cuenta de Twitter: “He leído con cuidado la iniciativa de la senadora Luévano para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y es francamente preocupante. Es un retroceso a la laicidad, por más que trate de disfrazarse de libertad religiosa”.
Da la impresión que la 4T quiere avanzar con esta reforma en el camino que ya inicio su pastor Andrés Manuel López Obrador con su Cartilla Moral, con la que busca enseñar, por medio de la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, principios y valores para orientar a los jóvenes y que no caigan en ningún vicio.
En los hechos, el Estado ha abierto espacios de participación para las diferentes iglesias establecidas en México, algunas ya divulgan sus valores religiosos por la radio y la televisión y sus contenidos impresos suelen ser reproducidos por diversos periódicos en el país. En tiempos de campañas los sacerdotes desde el púlpito describen el perfil de quien, a su criterio, es el candidato que conviene votar.
Hacer ley lo que en los hechos ya pasa es un retroceso que podría acarrear consecuencias para la muy frágil paz del país. Lo único que parece recomendable en este caso es que Morena respete el legado de Benito Juárez y si no es así, que mejor lo borren del logo institucional de la 4T.
