Las votaciones en España amenazan los intentos de recuperar a las víctimas de Franco

VIZNAR, España — La primera vez que escuchó sobre el proyecto de exhumar e identificar los restos de cientos de víctimas de la guerra civil (entre las cuales quizás esté su abuelo), Ángela Raya Fernández comentó que “tenía muchísimas esperanzas”.

Desde que era pequeña, había escuchado historias sobre el padre de su padre, José Raya Hurtado, quien fue ejecutado durante la guerra civil española y cuyo cuerpo fue arrojado a un barranco de manera ignominiosa por las fuerzas leales al general Francisco Franco. Solo lo había conocido en fotografías en blanco y negro: anteojos redondos, una calvicie incipiente y una mirada decidida.

“Desde hace mucho hemos esperado a que alguien lo encuentre para darle una sepultura digna”, comentó Raya, una bibliotecaria de 62 años de voz suave.

Pero por las elecciones generales del domingo y los sondeos que pronostican el triunfo de la derecha, Raya y su familia, junto con otros miles de personas, temen que las labores de años para hallar a sus seres queridos se interrumpan repentinamente.

El conservador Partido Popular, que emergió en parte de raíces franquistas, se ha comprometido a derogar una ley de memoria aprobada el otoño pasado en el gobierno del primer ministro socialista actual, Pedro Sánchez, que tiene como propósito apresurar las exhumaciones. Una posible alianza entre los conservadores y el partido de extrema derecha Vox, que desde hace mucho tiempo ha estado en contra de los intentos de encarar los crímenes del pasado, no ha hecho más que aumentar estos temores.

“Sería un desastre”, comentó Raya, “un enorme retroceso”.

Este vaivén sobre la ley de memoria muestra cómo los traumas de la guerra civil española de 1936-1939 y la dictadura subsecuente de Franco, que terminó con su muerte en 1975, siguen dividendo al país en la actualidad.

Para algunas personas, Franco, un nacionalista, consolidó el crecimiento económico de la España de la posguerra y sirvió como baluarte anticomunista. Para muchas otras, su gobierno fue opresivo, y estuvo marcado por ejecuciones masivas, el exilio de miles de españoles y el rapto de menores.

Se calcula que cerca de 100.000 personas fueron ejecutadas por los partidarios de Franco durante y después de la guerra civil española y que estas fueron enterradas en más de 2000 fosas comunes distribuidas en todo el país.

Nadie se atrevió a perturbar estos sitios en un país en el que, por mucho tiempo, el legado de Franco ha permanecido sin analizar. Los conservadores, sobre todo, han alegado que las exhumaciones solo volverían a abrir viejas heridas.

Para la izquierda, este silencio no ha sido nada terapéutico, sino más bien exasperante. Durante la dictadura, los españoles tenían prohibido hablar sobre los asesinatos. Se esperaba que una ley de amnistía aprobada en 1977 pusiera punto final a los crímenes del pasado, pero de hecho hizo que el olvido fuera una parte fundamental del intento por sanar un país dividido en su transición a la democracia.

“Fue una cultura del silencio”, comentó Agustín Gómez Jiménez, un trabajador sanitario de 49 años que nos contó cómo su padre se había rehusado durante mucho tiempo a siquiera mostrar una fotografía de su propio padre, ejecutado en 1936.

Gómez dijo que su hermana había tenido que hurgar entre las pertenencias de su padre para, finalmente, hace cinco años, encontrar algunas fotografías. Una de ellas muestra a su abuelo en la playa tomando de la mano a su pequeño hijo que pronto se quedaría huérfano. “Se me pone la piel de gallina con tan solo pensar que mi padre ocultó esas fotografías. Estaba sumamente traumado”, comentó.

Los primeros intentos de atender el tema de las fosas comunes comenzaron en 2007 cuando un primer ministro de centro izquierda, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una “ley de memoria histórica” para ofrecer apoyo gubernamental a las exhumaciones.

Pero esta ley tardó en entrar en vigor y cuando el Partido Popular conservador subió al poder en 2011, los conservadores de inmediato le quitaron el financiamiento a la ley.

Tuvo que pasar otra década, el compromiso de las regiones españolas controladas por la izquierda y la ley del año pasado —que creó un censo y un banco nacional de ADN para ayudar a localizar e identificar los restos— para que finalmente se aceleraran las exhumaciones.

Esas labores son evidentes en Viznar, una pequeña aldea encalada que se encuentra asentada en las montañas con vista hacia Granada. Durante tres años, un equipo de arqueólogos ha estado excavando en el barranco donde fueron sepultados los abuelos de Raya y Gómez junto con aproximadamente otras 280 víctimas, entre las que quizás se encuentra el poeta español Federico García Lorca.

Un portavoz del Partido Popular planteó que las exhumaciones podrían continuar después de las elecciones y dijo que “los familiares tienen derecho a reclamar los cuerpos de sus seres queridos”.

Pero muchos familiares mencionaron que ellos recordaban cómo Mariano Rajoy, el anterior primer ministro conservador, se jactó de haber recortado por completo el financiamiento público para la ley de memoria de 2007.

La posibilidad de que exista una alianza nacional entre el Partido Popular conservador y el Partido Vox de ultraderecha —que, según las encuestas, será la única manera de que la derecha asegure una mayoría en el Parlamento— solo ha acrecentado los temores de los familiares de las víctimas.

En las últimas semanas, han estado viendo con preocupación las coaliciones de gobiernos locales establecidas entre los dos partidos después de las elecciones regionales de mayo; y estas casi siempre incluían planes de ponerles freno a los proyectos de memoria.

“El gobierno central es nuestro último bastión, nuestro fuerte de El Álamo”, señaló Matías Alonso Blasco, quien representa a las familias de la región de Valencia, donde hace poco la derecha asumió el control político. “Si cae, esto se acabó”.

Varios representantes de Vox se rehusaron a hacer comentarios para este artículo.

En la región de Valencia, la nueva coalición de derecha mencionó que “serán derogadas las normas que atentan contra la reconciliación en los asuntos históricos”. Muchas personas tomaron esto como una referencia a la ley de memoria local de 2017 que ha apoyado la excavación de cerca de dos terceras partes de las 600 fosas comunes de la zona.

c.2023 The New York Times Company