Por violaciones, juzgado ordena dejar sin efecto PDU

CANCÚN, QR., mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en Quintana Roo ordenase al gobierno municipal de Cancún dejar sin efecto el Programa de Desarrollo Urbano (PDU 2022) por diversas violaciones a los derechos humanos a la Constitución mexicana e instruyese a reponer su formulación garantizando la participación ciudadana, organizaciones civiles y la propia Asociación de Hoteles exigieron se dé cumplimiento a la sentencia.

El organismo hotelero envió una carta pública al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le expresan su rechazo a "la imposición del PDU" controvertido judicialmente, al considerar que "tendrá efectos perniciosos muy graves para nuestra ciudad como destino turístico, que es la fuente de manutención y vida de todos los habitantes de Cancún".

Pese a la tácita demostración de los agravios del PDU 2022, el Ayuntamiento de Benito Juárez, a cargo de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta, militante del Partido Verde (PVEM), se resiste a acatar la resolución del Juzgado federal y reiteró hoy que impugnará el fallo del Juez federal, al insistir en que el instrumento de planeación urbana –aprobado a espaldas de la ciudadanía– cumple con los requisitos de ley.

Este martes la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y la Red de Comités Vecinales ofrecieron una conferencia de prensa para explicar los alcances de la sentencia dictada el pasado 22 de mayo, correspondiente al amparo 995/ 2022, promovido por varios ciudadanos en octubre del año pasado.

La abogada Antonella Vázquez expuso que el juez Quinto Alonso Robles Cuetara instruyó que el gobierno municipal debe dejar sin efecto el PDU 2022, debido a violaciones a la participación ciudadana en el proceso de actualización del instrumento de planeación urbana; la carencia de un Atlas de Riesgo, de un Plan de Movilidad y de estudios de capacidad de carga e impacto ambiental ligadas a lo que se aprueba en el documento.

La sentencia va más allá, pues el juzgador estableció que el Congreso de Quintana Roo debe reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para que sea obligatorio incorporar esos elementos en los PDUs de los otros 10 municipios e incluso, establece que los ayuntamientos "deben obtener estudios de impacto ambiental y de capacidad de carga ambiental, previos a la autorización de los proyectos, obras o acciones urbanísticas de cualquier tipo".

De este modo, los efectos de la resolución incluyen reponer el procedimiento para formular y aprobar el instrumento de planeación municipal, con los elementos antes descritos y garantizando la participación "real y eficaz" de la ciudadanía y no de forma "ilusoria", como ocurrió al elaborar el PDU-2022.

"Quedó claro que la información presentada y la aprobada no fue la misma. No se debate sobre la ausencia de consulta pública, sino el vicio de realizarla sin las herramientas necesarias para que la participación ciudadana fuese efectiva, sin información veraz", se lee en la sentencia.

La resolución exento de la aplicación de los efectos a los proyectos federales que se desarrollan en Cancún actualmente y que tuvieron acogida en el Programa de Desarrollo Urbano, como el Puente Vehicular Nichupté, entre otros, lo cual fue reprochado por Vázquez Cavedón, por la falta de argumentación, aun cuando la abogada reconoció en general que la resolución abarca todo lo que fue expuesto y probado ante el Juez.

"La sentencia reconoce el interés legítimo de la ciudadanía que promovió el amparo para solicitar la protección de su derecho a un medio ambiente sano; reconoce que el reclamo va más allá de lo ambiental, pues se combaten vicios de planeación urbana que trascienden en su calidad de vida; reconoce el derecho a la ciudad y relaciona las exigencias de los ciudadanos con la ley, evitando dilación en la justicia", subrayó.

Carmen Báez, del Comité de Vecinos de la SM 15, recordó que el proceso para actualizar el PDU estuvo plagado de inconsistencias, desde su origen, cuando se convocó a la sociedad civil, colegios, académicos y empresarios a participar en la elaboración de un instrumento diferente: el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico, Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS)

Después, las 300 observaciones hechas por la ciudadanía durante la consulta pública fueron ignoradas, jamás respondidas y no incorporadas. Y para rematar, el anteproyecto sometido a consulta pública fue diferente al que finalmente se pasó a Cabildo y se aprobó, incorporando polígonos de actuación no previstos, que permiten la sobredensificación de zonas como Pok Ta Pok, en la zona hotelera de Cancún.

Por separado, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, presidida por Jesús Almaguer, subrayó que el PDU contempla la construcción de mil 600 viviendas y 300 locales en el polígono del campo de golf de Pok Ta Pok, en el residencial que lleva ese mismo nombre.

"Esto es inaceptable, atenta gravemente contra la sostenibilidad aumentando la saturación de los sistemas de drenaje y alcantarillado, como consecuencia que la zona hotelera colapse, las aguas negras broten por las alcantarillas y baños de los establecimientos, contaminando la Laguna Nichupté, demanda excesiva de servicios en el bulevar Kukulkán, rentas vacacionales, además de otras desventajas y perjuicios", se lee en la carta pública dirigida a López Obrador.

En la versión 2022 del PDU, se modificaron también usos y destinos de suelo, de forma arbitraria; se eliminaron espacios deportivos para sustituirlos por "recreativos", sin explicar el concepto y qué abarcan; en la zona hotelera desaparecieron lotes de playa para hacerlos desarrollables; en reservas urbanas se impuso el uso de suelo habitacional, sin fundamentar la razón, entre otras irregularidades, detalló Báez.

En consecuencia, solicitaron al ayuntamiento, al Cabildo y al Congreso, apegarse a la sentencia del juez para velar por los intereses colectivos y no de grupo, en lugar de buscar combatirla; y convocaron a los cuerpos colegiados, académicos y expertos a enriquecer la iniciativa de ley que DMAS elabora para modificar la Ley de Asentamientos del estado, en apego a lo que dicta la resolución.

"Ojalá no combatan la sentencia, pero si impugnan es no querer cumplir con la Ley, que está muy clara. Desafortunadamente estamos esperando lo peor", expresó la abogada, quien anticipó que el asunto será llevado a Tribunales.

Gobierno municipal impugnará

El ayuntamiento informó que ya fue notificado de la sentencia judicial y refrendó hoy que la impugnará, al no encontrarse firme.

Mediante un comunicado, señaló que el instrumento de planeación urbana continúa aplicándose, lo cual constituiría un desacato, pues la orden del Juzgado Quinto es clara en cuanto a que debe dejar sin efecto el PDU 2022 y hacer otro.

Al insistir en que el Programa está "legalmente sustentado", negó que existan las omisiones marcadas por la ciudadanía y confirmadas por el juez; también rechazó que se haya faltado a disposiciones legales existentes, pese a que la sentencia establece que es violatorio de derechos.

"Este ayuntamiento presentará un recurso de revisión ante la autoridad judicial que analizará el caso para aclarar dicho proceso, mientras tanto es el documento legal vigente que rige el desarrollo de Cancún en la actualidad", sostuvo.