Venezolanos aprueban referendo para reclamar soberanía de territorio en disputa con Guyana

Las autoridades electorales venezolanas anunciaron el domingo la aprobación de las cinco preguntas de un referendo convocado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus aliados para reclamar soberanía sobre una gran franja de la vecina Guyana, argumentando que el territorio rico en petróleo y minerales fue robado cuando se trazó la frontera hace más de un siglo.

Guyana considera que el referendo es un paso hacia la anexión y que la votación tiene nerviosos a sus habitantes.

En la consulta se preguntaba a los venezolanos si apoyaban el establecimiento de un nuevo estado en el territorio en disputa, conocido como Esequibo, en el cual Venezuela otorgará ciudadanía a los residentes actuales y futuros, rechazando a la jurisdicción del máximo tribunal de Naciones Unidas para resolver el desacuerdo entre los dos países sudamericanos.

No está claro cómo pretenden las autoridades venezolanas concretar la idea de ejercer jurisdicción sobre ese territorio una vez lo declare parte de Venezuela, actualmente conformada por 23 estados y un distrito capital.

Pese a que en los comicios la concurrencia de electores pareció muy escasa, Elvis Amoroso, presidente de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que en los comicios se escrutaron 10,554.320 votos, sin contar aquellos que fueron emitidos durante una prórroga de dos horas de la votación.

Fue “una evidente y abrumadora victoria del Sí”, añadió Amoroso, un exlegislador oficialista y cercano colaborador de Maduro. Amoroso no explicó si ese número de votos es reflejo del número de electores o responde a la contabilidad de cinco votos por persona, en correlación con el número de preguntas, que en su totalidad fueron aprobadas con más del 95% de los votos.

El organismo electoral no confirmó el número de votantes ni anunció el porcentaje de abstención. Unos 20,6 millones de venezolanos mayores de 18 años, inscritos dentro del país, eran elegibles para votar.

En un recorrido de The Associated Press a centros de votación de la capital venezolana se podían ver filas de 30 personas y en algunos de ellos los electores pasaban directo a las mesas vacías, en contraste de otros procesos cuando desde las primeras horas de la mañana cientos de personas se aglomeraban para sufragar.

En una declaración previa a la hora de cierre de los centros de votación, prevista originalmente para las 6:00 de la tarde (2200 GMT), Amoroso indicó que la decisión de prorrogar se fue una consecuencia de ”la participación masiva que hemos visto”.

En contraste, Ángela Albornoz, de 62 años, integrante de las organizaciones de base del partido gobernante conocidas como “jefes y jefas de comunidad”, dijo a la AP que calculaba que entre 23% y 24%, del total de electores acudieron a su centro de votación en el oeste de Caracas. Esa cifra de participación está por debajo de sus expectativas para un proceso que convocó a todos los venezolanos, “sin importar el color” político.

Seguidamente, en un acto acompañado de sus seguidores Maduro celebró los resultados y afirmó que se trata de “un referendo histórico que ha puesto de pie a Venezuela” y ahora toca “lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba”.

El gobernante invitó a los venezolanos a “unir todo lo que se pueda unir”.

Las implicaciones prácticas y jurídicas del referendo siguen sin estar claras.

El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, reconoció el domingo que muchos guyaneses ven con recelo el referendo y en un mensaje a la nación trató de calmarlos.

Afirmó que “no tienen nada que temer en las próximas horas, días y meses”. Añadió que Guyana está utilizando la diplomacia como su “primera línea de defensa” y está trabajando continuamente para garantizar que sus “fronteras permanezcan intactas”.

“No voy a entrar en la política interna de Venezuela ni en su formulación de políticas, pero quiero advertir a Venezuela que esta es una oportunidad para que demuestren madurez, una oportunidad para que demuestren responsabilidad, y los convocamos. una vez más para unirse a nosotros para… permitir que el estado de derecho funcione y determine el resultado de esta controversia”, acotó Ali.

Venezuela y Guyana se disputan el denominado Esequibo, un territorio continental de unos 159,500 kilómetros cuadrados (61,600 millas cuadradas), que los venezolanos reclaman como suyo desde 1897, puesto que esa región estaba bajo su jurisdicción durante la colonia española.

Desde 2015 ambos países han enfrentado sucesivas fricciones a consecuencia de las exploraciones petroleras que realiza una subsidiaria de la estadounidense Exxon Mobil en parte del área en disputa.

El gobernante venezolano ha declarado que son ilegales las concesiones petroleras otorgadas por Georgetown en áreas marítimas frente al Esequibo, argumentando que Guyana no tiene jurisdicción en esas áreas marítimas que están aún sin delimitar.

Maduro insiste en la postura histórica de Venezuela de resolver el litigio mediante negociaciones en el marco del llamado Acuerdo de Ginebra suscrito con Reino Unido el 17 de febrero de 1966, justo 98 días antes de lograr su independencia. En ese entonces, Londres reconoció el reclamo de Venezuela, abriendo la posibilidad de encontrar un arreglo diplomático y satisfactorio para las partes.

En 2016, el ahora ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon reforzó el proceso de buenos oficios, que se remontaba a 1990, y advirtió entonces que si para finales de 2017 no se daba un avance importante en el caso del Esequibo, debería llevarse ante la Corte Internacional de Justicia. Ese día finalmente llegó.

En 2018, Guyana inició una demanda ante la CIJ para que ratifique el fallo de 1899, cuando Guyana era una colonia británica en la región. En abril, la Corte emitió una sentencia contra Venezuela y se declaró competente para seguir con el caso.

Maduro ha exhortado repetidamente al secretario general de la ONU, António Guterres, a que renueve sus buenos oficios para reactivar el diálogo bilateral. Guyana descarta esa opción.

El gobierno guyanés —que cataloga la iniciativa venezolana como una “amenaza existencial” ideada para allanar el camino hacia la anexión de dos terceras partes de su país— pidió a la Corte Internacional de Justicia el 14 de noviembre que emitiera urgentemente una serie de órdenes, siendo una de ellas la de detener el referendo en su forma actual y eliminar tres de las cinco preguntas.

La corte ordenó el viernes a Venezuela que se abstenga de adoptar medidas que alteren el control de Guyana sobre el Esequibo, aunque no se pronunció explícitamente sobre el referendo.

Pese a catalogar el dictamen de la CIJ como una victoria, asumiendo que el máximo tribunal de la ONU desechó las solicitudes de Guyana, Venezuela insistió que “de ninguna manera implica” el reconocimiento del máximo tribunal de Naciones Unidas como medio de resolución de la disputa territorial. Esa postura, establecida en unas de las preguntas, fue respaldada por los electores, de acuerdo a cifras oficiales de la autoridad electoral, con el 95,4% de los votos.

Contrario a la postura gubernamental, no son pocos los que sostienen que Venezuela cuenta con suficientes títulos que respaldan su reclamo, por lo que no se debe desechar la posibilidad de obtener un fallo favorable en la disputa. Algunos analistas temen que la intención de la tercera pregunta es usar la respuesta afirmativa como aval para abandonar el proceso iniciado en el tribunal.

“Venezuela tiene una oportunidad importantísima para hacer valer su posición en la instancia judicial más importante del mundo”, dijo a la AP el analista político e internacionalista Lauren Caballero.

El también profesor universitario señaló que el gobierno venezolano tiene la obligación de articular un equipo conformado por los mejores historiadores, juristas, diplomáticos con el propósito de construir “una estrategia judicial que le permita a Venezuela recuperar parte de ese territorio”, que constituye unos dos tercios de Guyana.

Caballero reconoció que probablemente no se recuperará todo el territorio, y que sería un triunfo demostrar que la sentencia de 1899 es “nula e irrita” y eso abriría las puertas a una nueva negociación bilateral y una nueva demarcación de fronteras.

La CIJ, incluso con la ausencia de Venezuela, continuará el proceso y eventualmente dictará su sentencia, cuyo cumplimiento es obligatorio e inapelable, aunque pueden pasar años antes que emita un dictamen definitivo y vinculante.

Después de un dictamen sobre la frontera terrestre, el máximo tribunal de la ONU seguramente tendrá que intervenir también en la delimitación de las áreas marinas y submarinas, resaltó el analista y exembajador de Venezuela en Guyana (1980-1984), Sadio Garavini di Turno.