Validan iniciativa contra corridas de toros

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en la capital cumplió con la cantidad de firmas necesarias para considerarse como preferente y, por ende, ser analizada en el Congreso local.

De acuerdo con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso capitalino, las iniciativas ciudadanas deberán reunir las firmas de, al menos, 0.13% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, y las que cuenten con 0.25% de las firmas ciudadanas, y que sean presentadas el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, tendrán el carácter de preferente.

El 1 de septiembre de 2024, cuando arrancó el periodo ordinario, se presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa ciudadana para la prohibición de espectáculos públicos, privados e itinerantes con animales, junto a 30 mil 941 firmas de apoyo ciudadano, que luego sumaron 31 mil 171.

El IECM se dio a la tarea de verificar estos apoyos ciudadanos y determinó que del total de firmas presentadas, 30 mil 227 fueron registros completos, y luego de una depuración para descartar rúbricas duplicadas, registros no encontrados y bajas del padrón electoral, se determinó que 27 mil 442 eran firmas válidas.

“Con corte al 31 de agosto de 2024, dicho apoyo representa 0.35%, con lo cual se cumple con el porcentaje legal establecido para las iniciativas ciudadanas que se presentan con carácter de preferente, el cual corresponde a al menos 0.25% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito geográfico de esta entidad federativa, que corresponde a 19 mil 567 personas ciudadanas”, señala el acuerdo aprobado por el órgano electoral.

Durante la discusión, la consejera María de los Ángeles Gil dijo que con la aprobación de este proyecto no pretenden emitir juicio de valor ni dar opinión sobre esta iniciativa ciudadana, sino que su función es la de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para darle continuidad.