Organizaciones piden a Sheinbaum desmilitarizar control migratorio

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Más de 80 organizaciones y redes defensoras de derechos humanos en México y Centroamérica pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Poder Legislativo desmilitarizar el control migratorio. Describen a la Guardia Nacional (GN) como un cuerpo de seguridad militarizado en su composición, estructura, capacitación y mandos; condenaron las tareas que ejecuta desde 2019.

"Fue destinada a la realización de acciones de control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99 mil 946 elementos desplegados en todo el país, 15 mil 822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9 mil 298 en los estados de la frontera sur mexicana", advierten las organizaciones.

A lo anterior, dicen, se le suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos, además del resguardo de las estaciones migratorias, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.

Agregaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha militarizado a través de la designación de perfiles militares en puestos estratégicos, la formación de sus agentes en una doctrina militar, el uso de armas exclusivas del ejército en las detenciones y el control migratorio, y el uso de tecnologías de vigilancia para recopilación y transferencia internacional de datos biométricos de forma discrecional.

"La militarización del INM se refleja en el actuar de sus agentes, quienes hacen uso de la fuerza, de manera arbitraria e ilegal, para detener a las personas migrantes, así como en la creciente opacidad, arbitrariedad, discrecionalidad e impunidad con la que operan", afirman.

Así, las organizaciones defensoras presentaron 12 propuestas para el Poder Ejecutivo y Legislativo, como derogar el Acuerdo por el que se reconoce al INM como Instancia de Seguridad Nacional. Además de erradicar la presencia de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) en puntos de control y verificación migratoria, aduanas y espacios de control fronterizo, debido a que no tienen facultades ni formación para ello.

Con la iniciativa "11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024–2030", las organizaciones buscan priorizar en la agenda nacional las necesidades de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, con protección complementaria, retornadas, deportadas y mexicanas residentes en el extranjero.

"Esta iniciativa invita a las personas tomadoras de decisión del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de esta nueva administración, y al sector privado a construir políticas y medidas en materia de migración y asilo que se centren en la protección y garantía de derechos y no en la contención de la migración", destacó el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

Ejes para una nueva agenda migratoria en México

Otros ejes planteados son la construcción de una política de integración sostenible mediante la cual los derechos de las personas en contextos de movilidad humana sean respetados, protegidos y garantizados.

El fortalecimiento del sistema de asilo, con la garantía de que la entidad pública especializada cuente con autonomía y capacidad institucional suficiente para responder a los desafíos actuales.

La atención y reducción de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas en contextos de movilidad; la eliminación de la privación de la libertad por razones migratorias y puesta en marcha de medidas que garanticen la libertad de las personas durante cualquier procedimiento administrativo o de asilo en territorio mexicano.

La prevención, atención y erradicación de la discriminación racial en contra de personas en situación de movilidad; la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; así como la transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria y de asilo; y la atención integral a la violencia basada en género, además de algunas recomendaciones sobre la política binacional y exterior de México.