Víctimas del “halconazo tapatío” denuncian que la FGR turnó la investigación del caso a quien las detuvo y torturó

A dos años de lo que se conoce como “el halconazo tapatío”, las víctimas que integran el colectivo 5 de Junio Memoria denuncian que la Fiscalía General de la República (FGR) turnó la carpeta de investigación sobre los hechos a la Fiscalía de Jalisco. 

Esto significa que la carpeta en la que las víctimas denuncian a la fiscalía estatal como la institución que les desapareció y torturó por protestar ahora está a cargo de esa misma instancia. 

“Sí es grave que en un caso como este la Fiscalía General de la República diga que no tiene competencia; además, hay que decirlo, con un alto riesgo para las personas que aparecen en esa carpeta, porque hay nombres, direcciones y todos los testimonios de personas que confiaron que en esa institución podría dar una salida y una solución”, dice una de las integrantes del colectivo, quien pidió reservar su identidad.

Luego de turnar la carpeta, la FGR se ofreció a dar acompañamiento a los avances de la investigación, narran las víctimas.

Hace un año, cuando el colectivo conmemoraba el primer aniversario de los hechos, expresó a través de un comunicado que su esperanza de justicia se concentraba en la FGR, que abrió una carpeta por el delito de desaparición forzada y cuyo agente ministerial acudía periódicamente a revisar el caso. 

Previamente, las víctimas habían solicitado a autoridades estatales la persecución de ese delito, pero la Fiscalía de Jalisco solo abrió una carpeta por el delito de abuso de poder. 

Defensores de derechos humanos señalaron que los ocho elementos ministeriales acusados del delito en realidad solo acatan órdenes de sus superiores, por lo que se trataba de una simulación de justicia. 

Ahora, el colectivo espera que la oficialía de partes de la Presidencia de la República atienda su solicitud de ayuda para revisar el caso.

¿Qué es “el halconazo tapatío”?

Se conoce así a una serie de eventos ocurridos entre el 4 y 6 de junio de 2020, cuando la autoridad violó derechos humanos de manifestantes. 

El 4 de junio, jóvenes se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia por Giovanni López, un joven que fue asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Pero 28 de ellos —entre los que había seis menores de edad— fueron detenidos de manera arbitraria y con violencia, además de que no se informó sobre su detención hasta horas después. En algunos casos, se pudo corroborar que detuvieron a jóvenes que solo pasaban por la zona. 

Para el 5 de junio, jóvenes volvieron a tomar las calles para exigir justicia por Giovanni y acompañar a los familiares de los detenidos que demandaban su pronta liberación.

Elementos de la fiscalía, sin identificación y con camionetas sin placas, no les dejaron llegar a los dos puntos de encuentro: Casa Jalisco y fiscalía. Los amedrentaron con bates y toletes, los desaparecieron y torturaron por horas, para finalmente liberarlos en sitios alejados de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El colectivo 5 de Junio Memoria estima que fueron cerca de 100 víctimas.  

Al día siguiente, liberaron a los jóvenes detenidos, pero estos habían sido golpeados y no se les entregó su auto de libertad, según documentó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). 

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