MONTEVIDEO.- Uruguay se enfrenta a una creciente ola de contrabando de cocaína que desencadenó un aumento en la violencia de pandillas y puso en peligro su reputación como un bastión de estabilidad en América del Sur. Ante esta situación, el país sudamericano solicitó ayuda internacional, especialmente a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Uruguay enfrenta un desafío creciente en la lucha contra el contrabando de cocaína, con el retiro de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en 2019 agravando la situación.

Hace 16 años, Uruguay recibió dos escáneres de carga para detectar drogas en su principal puerto. Sin embargo, un incidente durante la entrega dejó a uno de ellos en el fondo del mar. Desde entonces, los envíos de cocaína a Europa a través del puerto de Montevideo aumentaron —con un récord de 1,1 millones de contenedores el año pasado— alimentando la violencia de las pandillas y dañando la reputación de Uruguay en América del Sur.

El cierre de la oficina de la DEA en Montevideo, tras años de tensiones con las autoridades locales, dejaron a Uruguay en una situación precaria. Los detalles de la salida de la DEA del país no se habían informado anteriormente y aunque el gobierno actual pidió repetidamente el regreso del organismo, funcionarios estadounidenses muestran poco interés, centrándose en la crisis del fentanilo en su territorio.

“Ahora todo es fentanilo”, dijo el exfuncionario de la DEA Larry Reichner, subdirector regional de la DEA para el sur de Sudamérica de 2015 a 2019. “Les importa un comino la cocaína”.

Las naciones europeas, que reciben la mayor parte de la cocaína que pasa por Uruguay, también tienen una presencia antinarcótica muy limitada en el país latinoamericano. España es el único estado europeo con un agregado policial permanente en Montevideo.

Reuters habló con más de dos docenas de policías y expolicías de Estados Unidos, Europa y Uruguay, así como con funcionarios locales, legisladores y diplomáticos extranjeros que afirmaron que Uruguay está librando una batalla solitaria contra el contrabando de drogas, que se extendió por toda América Latina en la última década.

En Uruguay, donde viven 3,4 millones de personas, la violencia alcanzó niveles alarmantes, con un récord de 426 asesinatos en 2018 y continuos enfrentamientos entre narcotraficantes. Es una conmoción para un país poco acostumbrado a la violencia de las pandillas.

Con 382 personas asesinadas el año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou busca defender su historial de seguridad, mientras que algunos legisladores de extrema derecha piden por la presencia de tropas en las calles.

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo que su país está desesperado por contar con equipos y experiencia estadounidenses, lamentando que Uruguay, a pesar de ser una nación de altos ingresos, esté excluido de las donaciones antinarcóticos de Estados Unidos.

Aunque la DEA sigue considerando a Uruguay como un valioso socio, su retiro dejó un vacío significativo en los esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

El rol de la política

La política desempeñó un papel crucial en la relación entre Uruguay y la DEA. Nelson Vargas, quien estuvo al frente de la oficina de la DEA en Montevideo de 2013 a 2017, señaló que los policías locales inicialmente desconfiaban de colaborar con la organización.

Durante los gobiernos de izquierda que gobernaron Uruguay entre 2005 y 2020, la visión negativa hacia la intervención de Estados Unidos en América Latina obstaculizó la colaboración antinarcóticos, según afirmaron Mario Layera, el exjefe de policía durante el gobierno de izquierda, Martinelli y fuentes estadounidenses.

A pesar de la orgullosa reputación de Uruguay como modelo regional, la complacencia impidió que las autoridades reconocieran la verdadera magnitud del tráfico de cocaína en el país. Sin embargo, los datos de las Naciones Unidas revelan un aumento significativo en las incautaciones, con más de 2 toneladas métricas incautadas en 2021 en comparación con solo 144 kilos en 2017. Un aumento de 1300%.

En 2019, un importante decomiso de cocaína en Alemania, proveniente de un envío de soja de Montevideo, reveló la implicación directa del país en el tráfico. “Pusieron la cabeza bajo la arena, ya sabes: ‘Esto no está sucediendo’”, dijo un exjefe de la DEA de Montevideo, hablando desde el anonimato. “Pero la realidad era que estaba sucediendo, y creo que había estado sucediendo durante un tiempo”, añadió.

Aunque inicialmente se negaron, los uruguayos finalmente aceptaron la realidad. Un empresario uruguayo que se llama Martín Mutio recibió el año pasado una condena de 15 años por tráfico. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Martinelli criticó al gobierno anterior por su enfoque ingenuo en seguridad pública y señaló la falta de capacidad del puerto de Montevideo para inspeccionar el millón de contenedores que pasan por él cada año.

El gobierno actual de Uruguay adquirió tres nuevos escáneres y con ellos deberían poder inspeccionar el 80% de toda la mercancía, afirmó Martinelli.

Aunque Layera reconoció las debilidades en los sistemas legales y penitenciarios que las pandillas estuvieron explotando, también defendió el trabajo antinarcóticos durante el gobierno anterior, destacando su colaboración con autoridades estadounidenses y europeas.

¿Una zona liberada?

La retirada de la DEA de Uruguay en 2019 puso fin a años de empeoramiento de los vínculos antinarcóticos que convirtieron incluso las operaciones más comunes en un dolor de cabeza, dijeron cinco fuentes.

Según el testimonio del exjefe de la DEA de Montevideo un bar conocido como “El perro que fuma”, ubicado cerca del puerto de Montevideo, se había convertido en un punto de encuentro frecuente para narcotraficantes. Su propietario, Amir Alial González, alias “El Turco”, había estado bajo sospecha por tráfico de cocaína durante mucho tiempo, según informantes estadounidenses y uruguayos.

En un intento por desmantelar esta operación, un exagente de la DEA decidió enviar a un informante colombiano en 2018 para investigar dentro del bar. Para su sorpresa, González no ocultó su actividad criminal y reveló detalles sobre su operación de narcotráfico al informante encubierto.

El informante quedó estupefacto. “Regresó y dijo: ‘Amigo, este lugar está completamente liberado’”, dijo el exagente.

Sin embargo, aproximadamente una semana después, las autoridades uruguayas informaron a la DEA sobre el arresto de González por intentar traficar 417 kilos de cocaína en un cargamento de lana con destino a Amberes por la que recibió una sentencia de siete años en 2018. Se negó a hacer comentarios.

A pesar de la detención, los exagentes de la DEA expresaron su frustración por la falta de cooperación de las autoridades uruguayas, quienes se negaron a compartir información crucial sobre la operación. Exfuncionarios de la DEA también revelaron que la negativa a compartir información afectó una investigación paralela en Paraguay y a finales de 2019, la DEA retiró su equipo de cuatro hombres de Montevideo.

Carlos Mitchem, ex alto funcionario de la DEA para el Cono Sur, señaló: “La policía no quiso compartir información”. “Tuvimos que cerrar la oficina (...) No estaba funcionando bien”, añadió.

Otros dos exfuncionarios de la DEA confirmaron el relato del arresto de González. El ministro del Interior, Martinelli, dijo que había oído una historia similar de la DEA. “El gobierno anterior no quería colaborar con la DEA, y entonces la DEA les dijo que ahí nos vamos, y se fueron.”

En respuesta a estas revelaciones, Layera negó las acusaciones de falta de cooperación y sugirió que la retirada de la DEA fue motivada por razones presupuestarias y la baja cantidad de cocaína destinada a Estados Unidos desde Uruguay. “La crítica de que Uruguay no compartió información es totalmente errada”, afirmó.

La deslucida cooperación local no fue la única frustración para los funcionarios de la DEA en Montevideo. También trataban de que sus jefes en Washington se preocuparan por la creciente importancia de Uruguay en el comercio mundial de cocaína.

Media docena de exjefes de la DEA dijeron que instaron a los líderes de Washington a prestar más atención al Cono Sur, pero obtuvieron poco apoyo, ya que las drogas se dirigían a Europa y “no había mucho interés”, dijo Vargas.

Larry Reichner, exfuncionario de la DEA, cree “que los europeos definitivamente podrían haber hecho más”. Había algo en lo que los policías estadounidenses y uruguayos podían estar de acuerdo: que las naciones europeas deberían hacer más.

Agencias Reuters