La UE acusa a Hungría de poner en peligro "todo el espacio Schengen" por los visados a los rusos

Bruselas fue testigo el miércoles de un intercambio de discursos contradictorios sobre la reciente decisión de Hungría de ampliar su tarjeta nacional a los ciudadanos rusos y bielorrusos, una medida que ha avivado los temores de que se trate de una puerta trasera para el espionaje y la elusión de sanciones.

El sistema ofrece a determinadas nacionalidades un procedimiento simplificado para obtener permisos de trabajo, con opción de reagrupación familiar. Tiene una duración de dos años y puede renovarse por otros tres, lo que allana el camino a la residencia de larga duración.

Inicialmente, la tarjeta nacional sólo estaba disponible para ciudadanos ucranianos y serbios. Pero en julio se modificó para incluir a Bosnia-Herzegovina, Moldavia, Macedonia del Norte y Montenegro, así como a Rusia y Bielorrusia. La noticia coincidió con las repercusiones diplomáticas de la polémica visita del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Moscú.

Para Ylva Johansson, comisaria europea de Asuntos de Interior, la inclusión de Rusia y Bielorrusia en este sistema suscita "serias" preocupaciones y representa una amenaza potencial para la seguridad de "todo" el espacio Schengen, según declaró el miércoles durante una audiencia de una hora en el Parlamento Europeo centrada en este asunto.

La UE considera a Rusia y Bielorrusia como naciones "hostiles"

Johansson cuestionó abiertamente la lógica de dar el mismo trato a dos naciones "hostiles" que a seis candidatos a entrar en la UE y dijo que los beneficios económicos de traer a trabajadores invitados de Rusia y Bielorrusia parecen "limitados" y "desproporcionados" en comparación con los riesgos internos, citando casos recientes de sabotaje, espionaje y ciberataques.

"Es el momento de vigilar, no de bajar la guardia. No es el momento de ser blandos en materia de seguridad"

En el verano de 2022, la UE suspendió su acuerdo de facilitación de visados con Rusia y acordó intensificar el escrutinio sobre las futuras solicitudes presentadas por visitantes rusos. Las medidas provocaron un descenso del 88% en los visados expedidos para ciudadanos rusos, dijo Johansson, y en los próximos meses podrían ser necesarias iniciativas adicionales.

"Es el momento de vigilar, no de bajar la guardia. No es el momento de ser blandos en materia de seguridad", dijo. "Dentro del área Schengen, debemos mantenernos seguros unos a otros".

Johansson, sin embargo, subrayó que sus servicios no han detectado ninguna violación de la legislación de la UE y que, por tanto, no emprenderán acciones legales contra el Gobierno húngaro, al menos hasta que finalice la evaluación interna.

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La Comisión sigue estudiando las respuestas facilitadas por Budapest en respuesta a una carta enviada el 1 de agosto. Las respuestas de Hungría dejaban algunos aspectos "poco claros", dijo Johansson a los eurodiputados, y se ha enviado una segunda carta para aclarar dos aspectos del sistema de la tarjeta nacional, que incluye las preguntas:

  • ¿Por qué Hungría considera necesaria y apropiada la ampliación a los ciudadanos rusos y bielorrusos en el actual contexto geopolítico?

  • ¿Por qué Hungría no aplica controles de seguridad diferenciados a los solicitantes rusos y bielorrusos a pesar de los mayores riesgos para la seguridad?

El plazo de respuesta finaliza el 11 de septiembre.

A la pregunta de si los cambios en el sistema de la tarjeta nacional merecen la expulsión de Hungría del espacio Schengen, Johansson tropezó con cuidado. "La suspensión de un miembro del espacio Schengen es una decisión muy, muy importante, y realmente no veo que se vaya a producir", dijo.

Budapest denuncia la "histeria política"

Unas horas antes de que la comisaria compareciera ante los legisladores, János Bóka, ministro húngaro de Asuntos Europeos, ofreció una rueda de prensa preventiva y pintó un panorama completamente distinto de la situación.

Bóka dijo que la ampliación del sistema de los visados a los ciudadanos rusos y bielorrusos era necesaria para paliar la escasez de mano de obra en el mercado húngaro y dar a los empresarios un "procedimiento más fácil" para atraer a trabajadores extranjeros. El ministro insistió en que los cambios eran compatibles con la legislación de la UE y no suavizaban los requisitos de entrada y visado.

En cuanto al momento elegido para el anuncio, coincidiendo con la reunión entre Viktor Orbán y Vladímir Putin, Bóka dijo que era "estrictamente una coincidencia". "El sistema de la tarjeta nacional no plantea ningún riesgo para la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público de Hungría o de la Unión Europea", dijo Bóka a los periodistas.

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"El sistema contiene ciertas facilidades relacionadas con el empleo. Cumple las normas relacionadas con la expedición y entrada de visados en todos los aspectos", añadió.

Desde que la prórroga entró en vigor en julio, Hungría ha concedido 10 permisos a rusos y cuatro a bielorrusos, dijo Bóka para calmar la ira. Sin embargo, el reducido número fue utilizado más tarde por Johansson para cuestionar la justificación de la prórroga.

A lo largo de la rueda de prensa, el ministro denunció un caso de "histeria política" creado por el Parlamento Europeo y "ciertos" Estados miembros, que no nombró. El mes pasado, países bálticos y nórdicos escribieron una carta conjunta advirtiendo de que las recientes acciones de Hungría "pueden constituir un grave riesgo para la seguridad".

La Comisión, dijo Bóka, debería ser "lo suficientemente fuerte como para resistir la presión política" y dejar los asuntos de Seguridad Nacional en manos de los expertos en Inteligencia.

Al lado de la ministra, los eurodiputados del Fidesz András László y Kinga Gál denunciaron las críticas contra el Gobierno como "afirmaciones infundadas", "desinformación malintencionada" y "un nuevo ataque hipócrita" contra Hungría.

El nuevo enfrentamiento entre Bruselas y Budapest se produce en paralelo a otra disputa relacionada con una multa de 200 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que Hungría se ha negado a pagar hasta ahora.