Transa a constructores en México; lo investigan de lavado en Colombia

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La noche del 7 de septiembre de 2017 una onda sísmica y ondulante salió de las entrañas del golfo de Tehuantepec, en la costa del Pacífico, y cruzó el centro y sur del país.

Una sacudida de 49 segundos bastó para derribar casas y construcciones a su paso, dejando como saldo 102 personas fallecidas y múltiples daños materiales, especialmente en Oaxaca. Luego vino la reconstrucción y una de las áreas a atender fue la educativa: en el estado se contabilizaron 402 escuelas afectadas, 60 con daños graves.

En 2018 se iniciaron los trabajos, primera mitad del gobierno estatal de Alejandro Murat Hinojosa, finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre enero y mayo de ese año, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed, hoy Iocied) asignó por adjudicación directa cientos de contratos para la reconstrucción.

Entre las empresas seleccionadas estaban cinco en las que aparecen como accionistas o representantes el colombiano Óscar Gerardo Salcedo González o su esposa: Tulua Construcciones, Aracataca Constructores, Maver Ingeniería Especialistas, R&M-Ingeniería Eléctrica, así como Salcedo Construcción y Supervisión.

En respuesta a solicitudes de información, el Iocifed reconoce haber adjudicado 77 contratos valuados en 58.4 millones de pesos a las empresas vinculadas con Salcedo.

Pero las empresas del colombiano no movieron ni una piedra. Instalaron unas oficinas en Ciudad Ixtepec, al sur del Istmo de Tehuantepec, y subcontrataron a empresas locales para llevar a cabo los trabajos que no se concluyeron, de acuerdo con denuncias de constructores, quienes aseguraron que les dejaron de pagar las obras y luego desaparecieron del lugar.

Carlos Vázquez Rasgado, uno de los constructores a quienes les incumplieron los pagos, afirma que había órdenes de favorecer al sudamericano, que venían de "arriba", pero no identificaron de quién.

"Cuando fuimos a ver al entonces director del Iocifed, Orlando Hernández Montes, nos dijo: ‘Miren, de arriba me dieron la indicación de que todas esas obras se le asignaron al Grupo Salcedo. La única manera en que ustedes participen es a través de ellos’", recuerda.

Mientras Salcedo recibía contratos pagados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pero asignados por el gobierno oaxaqueño, en Colombia lo investigaba la fiscalía por estar presuntamente vinculado con el crimen organizado en México.

Se buscó una entrevista con el exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, ahora senador por Morena, pero no se concretó. Se buscó también la versión de Salcedo, pero no fue localizado.

A principios del año pasado, el diario colombiano El Tiempo platicó con Salcedo luego de que se conociera que es propietario de un rancho en Tlaxcala. Aseguró que no tiene relación con "organizaciones al margen de la ley", que cumplió a cabalidad con los contratos en México "y que si hay obras inconclusas ‘son volúmenes adicionales, responsabilidad del Estado’".

"No era nadie en el pueblo"

Óscar Gerardo Salcedo González, originario de Guacarí, Valle del Cauca, Colombia, dejó su país en 2010 y llegó a México sin bienes, ni siquiera con una motocicleta en qué movilizarse, de acuerdo con la investigación que inició desde 2018 la Fiscalía General de la Nación de Colombia (FGN) bajo la presunción de lavado de activos.

La investigación de la fiscalía pudo ser consultada gracias a la filtración de documentos realizado por el grupo de hacktivistas Guacamaya, el mismo que sacó a la luz los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en México y que sistematizó el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en el proyecto #NarcoFiles.

Ingeniero de profesión, Salcedo González llegó para instalarse en Toluca, Estado de México. Entró al negocio de la construcción al formalizar la constitución de su primera empresa, Salcedo Construcción y Supervisión, en octubre de 2011.

Pero lo que disparó las sospechas en Guacarí fue el primer regreso de Salcedo González, cuando organizó su boda.

"En 2010 esta persona no era nadie en el pueblo…, por el contrario, era una persona que le hacía los mandados a Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, y así se ganaba unos pesos", quedó asentado en un informe policial de la unidad de investigación de lavado de dinero de la FGN.

La información recopilada por la policía colombiana señala que los retornos posteriores a su región, Salcedo González los ha hecho moviéndose en vehículos de alta gama, acompañado de un puñado de guardaespaldas mexicanos y colombianos, usando aeronaves privadas, presumiblemente suyas. Se anota que ha comprado fincas y propiedades, lo mismo en su municipio que "en diferentes partes del Valle del Cauca". También ha formalizado la constitución de empresas espejo en los dos países.

"Vienen de arriba"

En febrero pasado, Carlos Vázquez Rasgado se plantó frente a la caravana en la que viajaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de visita en el istmo para inaugurar la construcción de un rompeolas del Corredor Interoceánico, y por enésima ocasión exigió a los gobiernos federal y estatal el pago que, acusa, las empresas de Salcedo González les quedaron a deber a él y a tres constructores locales más. En total, 3.5 millones de pesos. Cuenta que en 2018, cuando aceptó realizar los trabajos por las empresas del colombiano, corrían los tiempos en que Alejandro Murat gobernaba Oaxaca, y el entonces director del Iocifed le aseguró que él y la institución serían el aval.

En una reunión en la que estuvieron presentes Orlando Hernández Montes, del Iocifed, y Edgardo Sánchez Juárez, identificado por Vázquez Rasgado como representante de Grupo Salcedo, les dijeron que la única manera de participar en la reconstrucción era que ellos financiaran la obra y que Grupo Salcedo les pagaría los avances.

"Nosotros avanzamos y ellos nos pagaban, pero al finalizar 2018, en noviembre, eso se rompió, dejaron de pagarnos. Empezaron a argumentar que el Iocifed no les pagaba a su vez a ellos", continúa.

Ante la falta de pago pararon los trabajos que tenían ya un avance cercano a 80%, comenzaron las protestas y, eventualmente, lograron la atención del gobierno local.

Tras las protestas que también organizaron padres de familias de las escuelas afectadas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Fiscalía Anticorrupción anunciaron desde 2019 que se investigaría a la empresa, pero eso nunca sucedió.

Vázquez Rasgado afirma también que una reunión que tuvieron en febrero de 2020 con el entonces gobernador Murat Hinojosa les dijo: "Olvídense ya de la empresa Salcedo, nosotros les vamos a pagar", pero siguen sin ver ni un peso.

De acuerdo con Vázquez Rasgado, las obras se concluyeron por parte del gobierno oaxaqueño y con otros contratistas bajo el amparo de otro programa.

En julio pasado, este reportero logró comunicarse vía telefónica con el entonces titular de la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas. Dijo no recordar el caso, pidió que se le mandara información y que al día siguiente se realizaría la entrevista; sin embargo, nunca más volvió a contestar a los correos, mensajes ni llamadas.

Tampoco hubo respuesta a la petición de entrevista en la fiscalía de Oaxaca ni del actual titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, Alejandro López Jarquín.

En respuesta a una solicitud de información, el área jurídica del Iocied aseguró no tener ningún expediente de denuncias que involucre a Óscar Salcedo González o a sus empresas.